En la antesala de una nueva elección presidencial, Colombia vuelve a enfrentarse a una disyuntiva que no es simplemente electoral, sino histórica: ¿qué tipo de Estado, de sociedad y de futuro queremos construir? Dos ofertas concentran hoy buena parte de esa disputa: la del Pacto Histórico que lidera Iván Cepeda y la que encarna Paloma Valencia por el Centro Democrático. Más allá de nombres propios, lo que está en juego son dos formas de entender el poder, el orden social y la transformación del país.
El Pacto Histórico ha puesto en circulación una narrativa estructurada en torno a cuatro “revoluciones”: seguridad humana, democratización política, transformación socioeconómica y ética pública. Se trata de una propuesta que intenta articular un nuevo pacto social a partir de reformas, donde la seguridad no se reduzca al control armado, la economía se subordine a la vida, la democracia se amplíe más allá de lo electoral y la ética recupere sentido público. Hay en ello una intuición potente: Colombia no puede seguir fragmentando sus problemas, ni administrando sus crisis por separado.
Sin embargo, esa arquitectura, por lo expuesto hasta ahora, también evidencia una tensión: El lenguaje habla de cambios estratégicos, pero la operatividad aún es difusa. ¿Cómo se traduce la seguridad humana en control territorial efectivo sin recaer en militarización? ¿Cómo se democratiza el Estado sin debilitar su capacidad de decisión? ¿Cómo se transforma la economía sin una secuencia clara de prioridades fiscales y productivas? El riesgo aquí es que la promesa de transformación no deje ver claramente la viabilidad de ejecución.
Del otro lado, la propuesta asociada al Centro Democrático se organiza en torno a un eje distinto: orden, legalidad, crecimiento económico y fortalecimiento institucional desde una perspectiva conservadora. Su énfasis está en la seguridad como condición de la libertad, en la empresa privada como motor del desarrollo, en la disciplina fiscal y en una crítica abierta a lo que consideran excesos del intervencionismo estatal reciente.
Esta visión afirma que el país enfrenta una crisis de autoridad y que sin control territorial, reglas claras y confianza en la inversión no hay estabilidad posible. Su lectura de la inseguridad, la informalidad y la debilidad institucional busca actualizar y sostener el régimen económico predominante en Colombia desde los años noventa. También presenta límites importantes. Además de tener un sabor a repetición de una fórmula cuyos resultados siguen siendo muy discutidos, la propuesta tiende a subestimar la profundidad de la desigualdad estructural, la precariedad de amplios sectores sociales y la necesidad de transformaciones más allá del crecimiento económico. En ocasiones, el orden aparece como fin en sí mismo, más que como condición para una sociedad más justa.
Si se comparan ambas propuestas, emerge una diferencia de fondo: el Pacto Histórico intenta transformar el Estado desde una lógica de ampliación democrática y justicia social; la propuesta del Centro Democrático busca restaurar su capacidad desde el orden, el mercado y la institucionalidad existente. Uno enfatiza transformación estructural; el otro, reconfiguración y estabilización institucional. Uno apuesta por reequilibrar poder y riqueza; el otro, por garantizar condiciones para la producción y la seguridad.
También hay un punto común: ninguna de las dos ofertas ha logrado todavía traducir plenamente su visión en una teoría de gobierno suficientemente concreta para este tiempo que brinde garantías respecto a la ruta propuesta y a sus implicaciones. En el caso del Pacto Histórico, la dificultad está en la falta de secuenciación y en la falta de evidencia sobre la ejecutabilidad progresiva de sus reformas y propuestas de cambio; en el caso del Centro Democrático, en la insuficiencia de su respuesta frente a las demandas sociales contemporáneas y en su falta de soluciones frente a la precarización económica.
Ambos discursos, en distintos sentidos, corren el riesgo de simplificar un país que es profundamente complejo
Lo que se visualiza entonces, no es solo una disputa entre izquierda y derecha, - que la hay -, sino un déficit más profundo: la ausencia de un debate nacional sobre el modelo de desarrollo, la forma del Estado y el tipo de democracia que Colombia necesita en este contexto de mundo. Se discuten soluciones, pero no siempre se problematizan adecuadamente las causas; se formulan programas, pero no siempre se explicitan sus condiciones de posibilidad.
Si se observa con detenimiento el comportamiento de la opinión pública actual existe un amplio consenso en la necesidad de avanzar hacia transformaciones estructurales que permitan una sociedad más justa y democrática. También se evidencia que el país demanda algo más que promesas de cambio o restauración; requiere claridad sobre cómo se gobierna en medio de la desigualdad, la violencia persistente, la fragmentación territorial y la crisis de la vida; necesita saber no solo qué se quiere hacer, sino cómo, con quiénes y en qué tiempos.
Quizá la pregunta decisiva de esta elección no sea solo quien tiene la mejor propuesta o la más atractiva, sino quién logra demostrar que entiende la complejidad del país sin reducirla a consignas y quien brinda más y mejores garantías de responsabilidad y trasparencia en su actuar como futuro ejecutor, porque gobernar Colombia no es aplicar un programa de forma genérica y discursiva: es sostener un proyecto en medio de tensiones reales y en eso, hasta ahora, el debate sigue siendo insuficiente.
Del mismo autor:Repensar el país en tiempos de crisis planetaria
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