Opinión

¿Presupuesto General de la Nación o Despropósito General para la Nación?

Ni siquiera el levantamiento popular hizo girar un ápice la política económica neoliberal. Y además se le colgó el King Kong que elimina las garantías electorales

Por:
octubre 20, 2021
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¿Presupuesto General de la Nación o Despropósito General para la Nación?
La reactivación económica queda descartada cuando se analizan las asignaciones para sectores vitales para la generación de empleo, valor agregado y demanda

Si bien está claro que ya nadie espera nada de este gobierno-catástrofe de Iván Duque, no deja de sorprender su tozudez extrema para que en medio de la más grande crisis económica, social y fiscal del siglo, insista en sus fórmulas fracasadas. El gobierno uribista y el actual Congreso siguen de espaldas a la calle y a las necesidades de las mayorías, como acaba de evidenciarse por enésima vez en este cuatrienio con la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022.  Ni siquiera el levantamiento popular que vivimos desde abril de este año hizo girar un ápice la política económica neoliberal. Ni un peso para la renta básica, pero más de 71 billones para el sector financiero. No se garantiza la universalización de la matrícula cero, pero el mero aumento presupuestal otorgado para el año entrante al cuestionado Mindefensa supera la totalidad del rubro asignado al conjunto de las universidades públicas.

sustancialmente las brechas de desigualdad. 1 de cada 5 pesos del PGN se destinará al servicio de la deuda, de la que se lucran grandes capitales nacionales e internacionales, contando con el blindaje constitucional otorgado bajo el gobierno Santos por la denominada Regla Fiscal. 1 de cada 3 pesos que gastará el Estado colombiano en 2022, serán absorbido por el binomio deuda-gasto militar. La economía no se reactiva ni con capitales especulativos ni comprando F-16 dentro de los requisitos de la OTAN. Ningún beneficio le queda de las calificadoras de riesgo o de los vendedores de Venom, a más de la tercera parte de las familias colombianas que según el DANE no pueden consumir las tres comidas diarias. Sin embargo, en deuda y gasto militar volveremos a defenestrar un tercio del PGN.

Del total de 350.4 billones, 71,4 billones se destinarán al servicio de la deuda y 42,6 al sector Defensa, 114 billones entre estos dos grandes arterias abiertas del erario. No sobra decir que el fervoroso pago del servicio de la deuda ha servido de muy poco para mitigar el monto de lo adeudado, que hoy supera el 63 % del PIB, muy por encima de cuando estallase la crisis financiera local en 1999. De otra parte,  el llamado Sector Defensa, -que no representa la totalidad de los costos de la represión ya que no incluye entidades como la Fiscalía, la DNI o el Inpec-, tendrá un aumento del 10 %, es decir crecerá el doble del total del PGN que creció 5,3 %. En buen resumen, mientras el conjunto de la economía se proyecta un crecimiento de 6 puntos para este año, el aparato militar ya tiene garantizado un incremento presupuestal de más de 10 puntos, pese al nefasto y luctuoso balance del desempeño de la Fuerza Pública en el Paro Nacional de 2021. Relumbra en este aumento desproporcionado, además de las clientelas del complejo militar económico, que mercadean desde uniformes azules hasta servicios de inteligencia, las presiones de la OTAN y la irresponsable política internacional de Duque que nos mantiene al borde de una situación de guerra exterior con los países hermanos. ¿Será que dentro de las salidas desesperadas del uribismo para atornillarse en el poder cabe una confrontación bélica internacional?

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La llamada “inclusión social” apenas llega a la mitad del gasto en guerra con 23 billones, pero como en la mayoría de casos, el problema no es solo de montos sino de destinaciones

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La llamada “inclusión social” apenas llega a la mitad del gasto en guerra con 23 billones, pero como en la mayoría de casos, el problema no es solo de montos sino de destinaciones. Este apartado del gasto público está orientado al sostenimiento de los programas asistenciales-clientelares focalizados de asignaciones monetarias como Familias en Acción, vitales para la campaña reeleccionista pero inútiles para reducir la pobreza y la pobreza extrema desbordadas en nuestro país. Otra realidad sería si esta asignación pudiese  aunarse a otros esfuerzos fiscales que dieran sustento  a la renta básica que se ha reivindicado desde las movilizaciones sociales. Se rompería la relación politiquera y de subordinación que generan estos programas, y se daría un fuerte espaldarazo a la expansión del consumo con el ya consabido efecto multiplicador sobre el mercado interno, empresariado nacional y pymes y mypimes.

De otra parte, hay que señalar que así como la deuda y la guerra conservan sus lugares de privilegio, las cenicientas del presupuesto siguen siendo las mismas: Ciencia y Tecnología, Cultura, Paz, Deporte, entre otras, todas con recursos inferiores al billón de pesos, es decir por debajo del 0,3 % del total de un PGN que supera los 350 billones. Pero para que no se excusen Duque y su ministro Restrepo en el desfase histórico hacia estos sectores que deberían tener mayor respaldo en el presupuesto, para el 2022 se van a reducir aún más. En una amañada aplicación de la cacereada austeridad de las finanzas públicas, solo se recortan los renglones famélicos. Mientras se autorizan importantes incrementos para los sectores de deuda y defensa, Ciencia y Tecnología es reducido en un 19,6 %, o Ambiente y Desarrollo Sostenible 15,2 %. Acá queda la Economía Naranja imaginaria que tanto propalaba Duque. Vergonzoso comparar estos rubros en Colombia con los de los demás países de la OCDE. Irresponsable por decir menos, la contracción del presupuesto para enfrentar el cambio climático, por parte de un gobierno que promueve como único modelo de desarrollo el extractivismo que tantas afectaciones está generando sobre nuestros ecosistemas.

De otra parte, si bien el Gobierno Nacional anuncia que el objetivo central del PGN 2022 es la reactivación económica, tal pretensión queda descartada cuando se analizan las asignaciones para el impulso de sectores vitales para la generación de empleo, valor agregado y demanda. ¿Cuál reactivación si para el campo se asigna el 0,7 % del presupuesto, con restricciones a instituciones claves para la productividad del agro como la ANT, la ART o a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca? El presupuesto del Mindefensa es 36 veces el asignado a Comercio, y 16 veces el rubro de Vivienda- al que le recortan un 8,7 %- cuando han sido estos sectores los principales demandantes de fuerza de trabajo y deberían ser parte del plan de choque estatal contra el desempleo que supera el 17 % en las 13 grandes ciudades.

Finalmente, capítulo aparte merece el King Kong colgado a este proyecto listo para sanción presidencial, gracias al cual quedó eliminada de facto la Ley de garantías electorales. Está claro que entramos a un terreno de chantaje político hacia el empresariado y a las ingentes nóminas de contratistas, así como de patente legal a los mandatarios locales y el ejecutivo nacional para la compra-venta de votos al por mayor vía convenios administrativos. Se empañan aun más las casi exiguas garantías democráticas para la actual oposición político en los próximos comicios. Al respecto el doctor Navas Talero ha dicho con todo asidero jurídico que los congresistas venales que votaron a favor de dicho artículo incurrieron en causal de pérdida de investidura, al legislar alterando las reglas de juego para su reelección. Lo acompaño en su denuncia ante el Consejo de Estado, doctor Navas.

Lo aprobado para 2022 es un auténtico despropósito general para el país. Este presupuesto que compromete la nueva administración presidencial, obligaría al Pacto Histórico instalado en el gobierno a decretar emergencia económica para atender las verdaderas necesidades sociales de las mayorías, que no dan espera

PDTA: de los 10 billones que engañosamente anuncia el Minhacienda para “Paz con Legalidad” solo el 0,14 % del PGN, corresponde realmente a los compromisos del Estado colombiano con el Acuerdo de Paz de La Habana, lo demás se destina a sus programas fascistoides como las Zonas Estratégicas de Intervención, o a compromisos previamente adquiridos como la Ley 1448, entre otras.

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