¿Préstamo a Avianca, la nueva realidad de la pandemia en Colombia?

"Con esa decisión el gobierno se desnudó por completo y mostró con cinismo su verdadero sello de clase"

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri
septiembre 04, 2020
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¿Préstamo a Avianca, la nueva realidad de la pandemia en Colombia?

A pesar de los múltiples aspectos y problemas que ha destapado el COVID-19 en nuestro país (en relación con economía, salud, educación, empleo, informalidad, violencia, corrupción, masacres, pobreza y desigualdad), ninguno había despertado la inconformidad y la indignación de la ciudadanía, de los grupos y movimientos progresistas, y del colombiano de a pie como el préstamo de 370.000 millones de dólares a Avianca (la centenaria compañía de aviación). Este es un hecho protuberante, más en estas circunstancias de crisis e incertidumbre.

Con eso el gobierno de Duque-Uribe se desnuda por completo para mostrar con cinismo su verdadero sello de clase. Esta jugada de salvamento de una multinacional extranjera caracteriza muy bien al gobierno de Colombia como uno de los mandaderos más obsecuentes del gran capital internacional en el manejo de la crisis sanitaria, económica, política y social, profundizada por la pandemia del coronavirus, inscrita en el panorama de una economía mundial en bancarrota en la cual Colombia juega como un peón de brega en la división internacional del trabajo como país exportador de materias primas, con un desarrollo sujeto al intercambio desigual en un proceso de desindustrialización llevado a cabo por una clase dominante que históricamente ha colocado la defensa de sus privilegios por encima de los de los intereses nacionales.

La crisis del modelo de acumulación se expresa no solo en el precario crecimiento, sino también con la pobreza, el desempleo, el trabajo informal y en el sistema de salud privatizado (que ha convertido este derecho fundamental en una mercancía a la que solo acceden los que tengan capacidad de compra); elementos que están caracterizando la profundidad de la crisis que de seguro va costar mucho tiempo y sacrificios al pueblo para volver, por lo menos, al estado en que se encontraba antes de la pandemia.

Los siguientes datos del Dane muestran los resultados de los principales indicadores económicos y sociales que explican en gran medida el estado de ánimo pesimista de amplios sectores populares y democráticos indignados por el préstamo billonario a la compañía de aviación:

La caída del PIB en el segundo semestre en relación al mismo período del 2019 fue del 15,7% cuando en el primer trimestre había crecido el 1,4% y en relación con el primer semestre del año pasado la caída fue del -8%, lo que significa el peor receso de los últimos 20 años.

Una importante fuente para las finanzas del país y con ello de la balanza financiera ha sido la caída de las remesas del exterior en un 24% en el segundo semestre.

El comercio internacional tanto en volumen como en valor en el primer semestre la caída fue del 32%, en especial por la caída de los precios del petróleo y el carbón, principales productos de exportación del país. (Fuera de la coca)

El desempleo en el mes de junio llegó a 19.8%, representando un incremento de 10.4 puntos frente al mismo mes del 2019. Ahora según el Dane, el país cerró el mes de Julio del 2020 con 4.15 millones de empleados menos. En cuanto a la población ocupada esta fue en Julio de 18 millones de personas, 4.15 millones menos que en el mismo mes de 2019. La pandemia y las medidas para contenerla fueron las causas para que en julio la tasa de desempleo en Colombia se ubicara en el 20.2%, 9.5 puntos porcentuales más que en el mismo mes del año pasado.

El análisis del PIB a junio del presente año indica que todos los sectores estaban negativos a excepción del sector financiero y de seguros, del sector agropecuario y del sector inmobiliario.

Las principales caídas fueron en los siguientes sectores económicos: actividades artísticas -37.1%, comercio al por mayor y al detalle -34.3%, construcción -31.7%, servicios (alojamiento y reparaciones) -16.5%, industrias manufactureras -25.4%, construcción de carreteras y vías férreas -18.8%, fabricación de calzado, textiles y cuero -56.1%, productos químicos -32.5%, productos informáticos, maquinaria y equipo -35.6%

Los únicos sectores que presentaron algún crecimiento fueron las actividades inmobiliarias con el 2%, actividades financieras y de seguros 1%, agricultura y ganadería 0.1%

Las actividades que presentaron mayores caídas fueron turismo, restaurantes y alojamientos -66.6%, transporte aéreo de pasajeros -75%, transporte terrestre y por tubería -32.7%, transporte -36.9%.

El comportamiento del PIB durante el primer semestre fue así: en enero creció en un 3.54%, durante los meses de pandemia se manifestó así: marzo -4.16%, abril -20.15%, mayo -16.18%, junio -11.6% Así la caída del primer semestre fue del 7-4%

La deuda pública externa según informe del Banco de la República en el mes de abril fue de 144.068 millones de dólares, correspondiendo a la deuda privada 66.926 millones de dólares y pública 77.141 millones de dólares y ya para junio correspondía al 48.6% del PIB (casi el 50% del PIB)

Con este panorama muchos analistas de la burguesía están pensando en la necesidad de recomponer el modelo de acumulación capitalista en su forma neoliberal, ante la debacle económica y social están hablando de la responsabilidad del capital y del empresariado con la sociedad y con el medio ambiente.

Sin embargo, grupos de presión tan importantes como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI)uno los gremios económicos dueños del país- en su reciente quinto congreso le piden al gobierno que solicite un crédito de 50 billones de pesos al Banco de la República con los cuales serían beneficiados ellos mismos a través de la “políticas públicas” que desarrollaría el gobierno, con el argumento de ayudar a resolver los costos de la nómina, sosteniendo los puestos de trabajo y creando nuevos empleos.

Proponen que se avance en el desarrollo de la infraestructura (Vías 4G y 5G, puertos puentes, aeropuertos, autopistas) conectividad, glifosato y represión a los movimientos de protesta sociales y populares y un crédito en condiciones favorables para sus empresas.

Una reforma laboral con salario integral para los trabajadores, con disminución de las prestaciones sociales y otros costos laborales, contratación por horas, teletrabajo y trabajo en casa sin recargo por trabajo nocturno, dominical y festivo, un salario diferencial para ciudades con diferente nivel de desarrollo y de medio ambiente y para el trabajo rural.

Exigen no solo una reforma laboral sino también una reforma del sistema pensional unificando el régimen de prima media con el del ahorro pensional; una reforma tributaria para unificar el IVA en una sola tarifa que incluya la canasta básica familiar, una ampliación de la base tributaria y una reforma al sistema de justicia.

Se plantean adelantar las reformas pendientes que están en el congelador, mitigar las desigualdades, ampliar y diversificar las exportaciones, recuperar el empleo y crear nuevas fuentes de trabajo, incrementar el subsidio a 6 millones de personas en condición vulnerable cuando hoy solo están llegando a 3 millones pobres.

Sin embargo, se oponen a la renta básica, a la matrícula cero para las universidades públicas, y a un crédito no reembolsable para micro, pequeña y mediana empresa con el fin de sostener y crear nuevos puestos de trabajo.

Es decir, el gobierno del gran capital financiero y de las multinacionales viene por todo aprovechando la dictadura disfrazada de coronavirus. Es en este marco de indicadores socioeconómicos donde se inscribe el préstamo de 370 millones de dólares para salvar de la quiebra a una empresa multinacional extranjera, mientras los pequeños empresarios y los grupos informales y vulnerables quedan desprotegidos a la buena de Dios, con la única orientación de sálvese quien pueda.

Que no nos vengan a decir con muy buenas intenciones los gacetilleros de la gran prensa, que esta decisión debe ser parte de una política integral para todo el sector, porque esta es una gran mentira. El ministro de Hacienda dijo que la plata de este préstamo saldrá del Fondo de Recursos Públicos, pagaderos en 18 meses, a una empresa extranjera que tiene su sede en Panamá (un paraíso fiscal) para evadir impuestos en Colombia, lo que implica que el gobierno colombiano hace parte de la operación de salvamento y rescate de los dueños de Avianca, que vale 2.000 millones de dólares. Hágame el favor. ¿Cómo se llama este país?

Las razones de peso para semejante atraco, es garantizar el sistema aéreo nacional, en otras palabras, asegurar la conectividad de los negocios de la gran burguesía y del sector económico del turismo. La centenaria aerolínea de origen colombiano, hoy en manos de capital extranjero, es fundamental para “salvar la economía nacional” de las consecuencias de la pandemia, además aduce la gran prensa que con el “préstamo” se salvarían los vuelos del 53% de pasajeros nacionales y el 46% de los pasajeros en vuelos internacionales”. Como quien dice, si quieren más que les piquen caña.

Si la compañía opera en 26 de los 59 aeropuertos del país, ¿cuál es la razón para que no preste servicios en la otra mitad de la Colombia profunda? Pues sencillo, no es rentable para la multinacional prestar el servicio a la otra Colombia, ignorada y olvidada.

Si bien es cierto que genera 20.000 empleos directos, trabajadores maltratados como se pudo ver en la huelga pasada de la compañía, y que mantiene unos 60.000 empleos; su cadena de suministros, otros 76.000, y los pasajeros y turistas sostienen de manera indirecta más de 400.000 empleos en el territorio nacional, pues con mayor razón se debería nacionalizar el transporte aéreo nacional como un servicio público fundamental.

Con estos argumentos el gobierno trata de justificar el préstamo a los empresarios dueños de la compañía para poder hacer parte del rescate billonario de la empresa. Por supuesto que sin una conectividad aérea eficiente en un territorio tan accidentado geográficamente como Colombia, donde hay partes del país a las que no puede llegar si no es a pie o en avión, es un argumento de peso el rescate de los negocios y del turismo de la clase dominante.

Además de los sectores económicos como las cadenas hoteleras, alojamiento, restaurantes, entretenimiento, que entre otras fue una de las ramas de la economía más golpeada por la pandemia como ya se dijo anteriormente.

Es inevitable que en estas condiciones, un giro de más de 1.4 billones de pesos (el 80% más o menos del presupuesto del Ministerio de Agricultura para el 2021; cinco veces los que se destina para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; la matrícula cero para todos los estudiantes de las universidades públicas del país), en medio de la miseria, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la corrupción la violencia, las masacres, la desesperanza y la incertidumbre de ver pronto la luz al final del túnel, en estas condiciones sacar la plata de los fondos para la emergencia del coronavirus y prestársela a los empresarios dueños de una empresa que ni siquiera es colombiana, reafirma la certeza indiscutible del carácter de clase de este gobierno.

Tan manifiesto y ostensible es su sello de clase que ya la procuraduría envió una carta al gobierno con 18 preguntas sobre los fundamentos y la naturaleza de la operación que deben ser respondidas por el ministro Carrasquilla, ante debate de control político promovido por la oposición progresista en el Congreso de la República, donde cabría holgadamente la moción de censura como una muestra inequívoca de dignidad nacional.

Pero la realidad es que estamos en Colombia, la republiqueta bananera en donde el presidente eterno pone: nuevo fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, para que sea el encargado de juzgarlo por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal en asunto penal; nueva procuradora general, Margarita Cabello, que entrará como un caballo blanco a ejercer su “independencia” y “autonomía” en el mes de enero; y nuevo defensor del pueblo, Carlos Camargo. A ver si entre todos son capaces de controlar este mercado persa.

Este podría ser más o menos el resumen de estos primeros cinco meses de COVID-19 y de los dos años de gobierno del presidente Duque-Uribe, ahora que entramos a partir del 1 de septiembre en la “nueva realidad” de la pandemia en Colombia.

Ante semejante atropello a los recursos públicos del país y frente a la incontinencia moral, ética, económica, jurídica, institucional, política y social de la clase dominante, tiene razón el llamado que hace la Multilateral de Fuerzas Sociales y Políticas, Populares y de Izquierda, mediante comunicado del 1 de septiembre de 2020, a “confrontar el régimen de terror, corrupción e impunidad” con un ParoNacionalYa, promovido desde las redes sociales. Nunca es más oscura la noche que una hora antes del amanecer.

Los datos fueron tomados del documento La pandemia y sus consecuencias económicas y sociales, elaborado por Fernando Rivera, y del editorial de El Tiempo del 1º de septiembre de 2020.

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