El enredo por las tierras destinadas a las víctimas que son invadidas

Un combatiente paramilitar conocedor de la realidad le envía esta carta al Congreso

Por: José Germán Senna Pico
septiembre 22, 2015
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El enredo por las tierras destinadas a las víctimas que son invadidas

Establecimiento Penitenciario y Carcelario la Picota

Asunto: Solicitud y presentación de inquietudes y aporte de información

 

Señor Fiscal General de la Nación

Dr. Eduardo Montealegre Lineth

Señor  Procurador General de la Nación

Dr.  Alejandro  Ordóñez
Honorables congresistas de la República

Senadora Paloma Valencia Laserna

Senadora Claudia Nayibe López

Senador Jorge Enrique Robledo

Senador  Luis Fernando Velazco

 

Respetuoso saludo.

Me dirijo a ustedes teniendo en cuenta la investidura que representan y las dignidades de su labor al servicio del país. Mi interés es poner en atención del jefe del ente investigador algunas inquietudes que espero sean de gran ayuda y aporte a las labores futuras en el ámbito investigativo o que se articulen con decisiones del legislativo en las labores  parlamentarias, si se decidiera debatir algo sobre estos temas de interés Nacional y en favor de las víctimas del Bloque Central Bolívar – AUC al que pertenecí durante la confrontación armada. Antes de entrar en materia sobre los temas al respecto, hago un breve relato acerca de quién soy como persona, individuo y ciudadano sujeto de derechos y obligaciones.

Mi nombre es José Germán Senna Pico, desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y postulado a la Ley de Justicia y Paz, oriundo del departamento de Córdoba. Siempre he vivido en la mayor parte de mi vida en Antioquia, más exactamente en la zona de Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño, de extracción campesina. Hice parte de las Fuerzas Militares. Después de un desplazamiento y una amenaza de muerte contra mí y mi familia en Córdoba y Antioquia, posteriormente fui miembro de las AUC, a esta organización ingresé por motivaciones políticas e ideológicas.

En las AUC estuve a cargo de la parte militar, política e ideológica. Milité en la zona sur de Bolívar donde estuve al frente del movimiento no al despeje en el año 2000 y 2001, en 2002 fui trasladado al Caquetá hasta el 15 de febrero de 2006 cuando me desmovilicé de manera colectiva como comandante del Frente Sur Andaquí (BCB-AUC), en Valparaíso, Caquetá. En septiembre de 2006, atendiendo la orden presidencial de recluir a todos los excomandantes de las (AUC) en centro carcelario, me presenté voluntariamente en la sede de (PROSOCIAL) en la Ceja Antioquia, convertida en establecimiento de reclusión para personal desmovilizado de las AUC.

Salí libre en diciembre de ese mismo año, de  la cárcel de Itagüí, pues no tenía ningún requerimiento de autoridad judicial alguna. Regresé a la zona Bajo Cauca, donde he vivido, de esta zona me tocó salir huyendo en febrero de 2008 por presiones, amenazas y el asesinato de un hermano. Por tal razón me tocó salir del país, pero decidí regresar para solucionar mis problemas y darle cumplimiento a los requerimientos judiciales y, en pro de cumplir mi obligación de resarcir el daño, reparar a las víctimas y dar cumplimiento a la pena alternativa privativa de libertad, lo que he estado haciendo cabalmente desde junio de 2008, recluido en el pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota, donde me encuentro.

Entrando en materia, pongo de presente las siguientes inquietudes que considero son de gran trascendencia y espero puedan dar luces y herramientas a la Fiscalía, para que a futuro haya una investigación integral teniendo en cuenta el contexto de lo ocurrido en el pasado, las formas y el actuar de organizaciones armadas en el territorio nacional, como de las que he sido miembro activo, sin perder de vista la dinámica del conflicto y, en tal razón, extiendo estas inquietudes a los honorables congresistas citados, para que se pueda suscitar interés en las labores legislativas que se adelanten en futuros periodos en el Congreso; todo con el mancomunado interés de fortalecer el restablecimiento de derechos de las víctimas de los grupos armados (GAOMAL) en la confrontación armada interna.

En junio de 2008 reinicié mis diligencias ante el despacho 25 de justicia y paz a cargo del señor fiscal Dr. JOSÉ OBDULIO ORTEGA TORO. Terminada la primera semana de junio me tocó denunciar ante este mismo despacho que todo los temas tratados en estas audiencias fueron filtrados a las personas encartadas en ellos, pues todo lo actuado en esas diligencias ya lo tenían en sus manos ‘alias Macaco’ y las personas cercanas a él. Sobre esta denuncia nunca hubo mayor investigación y simplemente todo pasó de agache.

A los 15 días reinicié mis diligencias, en el mes de julio de 2008, y en ella traté el tema más delicado de todos que es testaferrato y bienes del BCB-AUC en Antioquia, Córdoba, Sur de Bolívar, Risaralda y Caquetá, que se encontraban,  o aún se encuentran a nombre de testaferros o terceras personas al igual que a mi nombre. En esta ocasión entregué y denuncié un total de 49 propiedades dando la descripción del bien, extensión y su ubicación en el terreno en diferentes departamentos y sub regiones del país. Sobre este particular en el momento no me enteré que esto lo hubieran filtrado, pero 15 días después, con la información por mí aportada, fueron incautadas por parte de una Fiscalía de Medellín y la policía antinarcóticos tres propiedades en el bajo Cauca y en Medellín. Lo que es muy extraño del asunto es que estos  bienes hayan sido incautados por antinarcóticos y no por una fiscalía adscrita a los despachos o unidad de Fiscalías para la justicia y paz.

Después me enteré, por intermedio de una persona amiga y del cual debo reservar su nombre por su seguridad, que todo lo dicho por mí en el tema de bienes fue filtrado a personas cercanas a ‘alias Macaco’ y al BCB. Desde luego esto crea mucha suspicacia llevando a que uno sienta desconfianza de la Fiscalía ya que no es entendible cómo se iban a filtrar estos temas tan delicados, más cuando debe existir un interés común en aunar esfuerzos en favor de las víctimas, aunque sé muy bien de la capacidad de corrupción que tienen las personas inmiscuidas o afectadas por mis testimonios al respecto, espero que al interior de la Fiscalía General de la Nación no haya personas que, malintencionadamente, se hubiese prestado para filtrar lo dicho en esas audiencias. Porque al alertar por cualquier medio o forma a estas personas logran que algunos de estos bienes sean traspasados a terceras personas, para que en el litigio jurídico ostenten la calidad de tenedores de buena fe y así poder defender sus supuestos intereses ante los estrados judiciales.

En el mes de noviembre de 2011 denuncié ante el tribunal de justicia y paz de Bogotá, a cargo de la Magistrada de control de garantías Dra. TERESA RUIZ NÚÑEZ que no se habían adelantado labores de embargo y secuestre de los bienes entregados y denunciados por este suscrito en junio de 2008 a la Fiscalía de Justicia y Paz, un total de 49 propiedades debían ser objeto de persecución y extinción de dominio, pero contrario a todo, era muy raro que eso estuviera engavetado en una oficina del BUNKER de la fiscalía por más de tres años, se suma que de esos 49 bienes, tres fueron incautados por antinarcóticos y no por la unidad de Justicia y Paz. La señora Magistrada ordenó en el desarrollo de la diligencia, unas investigaciones al respecto pero nunca supe si estas investigaciones se llevaron a cabo.

En el mes de junio de 2012, presenté una reclamación formal a manera de denuncia ante el despacho 27 de justicia y paz, a cargo de la señora fiscal Dra. LUZ ELENA MORALES GARAY quien ha llevado este despacho desde mayo de 2011 y que ha sido muy diligente en todas las actuaciones e investigaciones y en particular en el tema de bienes

En este documento aporto copias anexas del oficio enviado al despacho 27 de Justicia y Paz, con copia al Fiscal General de la Nación, sobre el tema de bienes entregados o denunciados por el suscrito al mencionado despacho desde el mes de julio del año 2008. En este, está  la relación del listado de propiedades, denunciados y entregados ante la fiscalía de Justicia y Paz.

Hasta ahí  las falencias que se han presentado al interior de la FGN “Justicia y Paz”, con respecto al tema de bienes; hago esto porque muchas veces, se habla o se difunde información, acerca de que los ex AUC, no han entregado bienes para la reparación a las víctimas, pero no se investigan los posibles problemas de corrupción o irregularidades que se pueden presentar al interior de algunas dependencias o entidades que pueden tener acceso a estos temas, y que han puesto en entredicho la colaboración efectiva de muchos desmovilizados que como yo, nos hemos tomado en serio el compromiso de reparación a las víctimas y el resarcimiento del daño causado.

Desde el año 2013 se creó, por parte del fondo de reparación, una unidad administradora de bienes, pero en este fondo se han presentado las mismas irregularidades que se han visto antes, incluso con peores actuaciones, le pongo de presente el tema de la Hacienda Mandinga que hace parte de los bienes entregados y denunciados por mí.

Para  que se   enga más conocimiento sobre estas irregularidades, investigaciones periodísticas del diario El Tiempo y Verdad Abierta publicadas el 10 de noviembre de 2014 por la unidad de justicia del diario El Tiempo titulada: ‘Saquearon mina de oro entregada para reparar a víctimas’.

Esta hacienda Mandinga tiene una extensión de 1000 hectáreas, y fue su valorada en 3 mil millones de pesos por la unidad administradora de bienes, algo irregular ya que en esta zona el precio por hectárea, es de 18 a 20 millones de pesos, valor comercial, se suma en esta propiedad un valor agregado y es que posee ricos yacimientos de oro, pueden constatar estos datos  en la zona  de Caucasia o Cáceres, y podrán ver o verificar que esta hacienda, vale más de 20 mil o 25 mil millones de pesos. Esta propiedad está ubicada a 5 minutos del caso urbano de Caucasia y es vecina o colindante con el Batallón Rifles publicado el lunes 27 octubre 2014 con el título ‘Corruptos hacían negocios con bienes para reparar a las víctimas’.

Al leer esta información, resultado de una investigación periodística sobre el fenómeno de corrupción en la administración de los bienes entregados por  exmiembros de las AUC. Veo que no va hacer posible con la venta de estos obtener los resultados de reparar así sea medianamente a las víctimas, pues los intereses particulares de algunos funcionarios de  entidades, como el fondo de reparación y la unidad administradora de bienes, no dejarán que esto se lleve a feliz término.

En el fondo de reparación a las víctimas y en la unidad administradora de bienes, percibimos que hay mafias parecidas a las que, en el pasado, abundaron en la  Dirección nacional de Estupefacientes DNE, pues con la venta o arriendo con opción de compra, se ha creado una puerta giratoria para que las mismas mafias u organizaciones  que poseían estos bienes, antes de ser incautados o puestos en extinción del derecho de dominio, accedan a la compra de los mismos a precios irrisorios,  así pasó con muchos bienes que tenía a su cargo la DNE, en Córdoba y Antioquia durante los últimos 20 años, casos como el de la “Hacienda Caballo Blanco” en Buena Vista Córdoba, desde donde se planeó la masacre de la Mejor Esquina en abril de 1988, esta propiedad también fue denunciada por el suscrito y donde alerto como fue vendida por la DNE a MACACO y su socio MEMO FANTASMA, a través testaferro y administradoras ganaderas.

Como pueden ver, hay muchas denuncias e inquietudes que seguramente no podrán ser resueltas en el campo penal o jurídico, sino hay una voluntad política para lograr el efecto deseado en favor de las víctimas y especialmente, en favor del restablecimiento de la institucionalidad.

Por eso pongo en conocimiento, estas inquietudes e irregularidades, al jefe del ente investigador y a los honorables congresistas citados para que en lo posible se legisle al respecto. Solicitando encarecidamente, que estos bienes no sean monetizados, sino que se realice una reforma agraria directa, a favor de los campesinos y víctimas en las regiones donde están ubicados estos bienes rurales. Así mismo he solicitado a la sala del Tribunal de Justicia y Paz, se apoye o promueva esta petición, de hacer una reforma agraria con los bienes entregados por desmovilizados de las AUC en vez de comercializarlos o monetizarlos; de ser así, la compra y venta de estos quedaría desafortunadamente en personas que persiguen un interés personal, más bien oscuro y no, en favor de las víctimas; ya es bien conocida por nosotros como cómo funcionan estas mafias que están atentas a que estas se pongan en venta o remate y cooptan a las entidades encargadas de estas labores para  quedarse con estas grandes propiedades y bienes raíces.

Debo aclarar que las propiedades que yo he entregado y denunciado, no fueron despojadas, todas fueron compradas con dineros no lícitos, por personal de la otrora organización armada BCB-AUC al mando de CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO alias ‘Macaco’ y demás excompañeros o miembros de este GAOMAL.

Hay otro tema que considero  debe diferenciarse,  se trata de la intención del Gobierno actual, de llevar al fondo de tierras, pre acordado en La Habana por el Gobierno y las FARC que todas las propiedades incautadas al narcotráfico y a las AUC pasen a este fondo de tierras; considero y sin mezquindades, que esto ayudaría al Gobierno a consolidar el proceso que se adelanta con la guerrilla de las FARC y que desde luego no es mi interés criticar antes espero que termine con éxito; pero podría generar una confusión que le daría créditos políticos inmerecidos a la insurgencia, pues se entendería como si estos acuerdos hubiesen sido los que condujeron a la recuperación de estas tierras en favor de las víctimas, menoscabando nuestra decisión y esfuerzo en pro del resarcimiento del daño causado, en contraste no se realizaría ninguna persecución penal a los bienes de esta organización armada dentro y fuera del país, en favor de la reparación y en la que debemos estar  comprometidos todos los que hemos sido participes directos e indirectos en la confrontación armada.

No dejo de reconocer las críticas propositivas de algunos sectores de izquierda como el que encabeza la Dra. Claudia López y el Dr. Jorge Enrique Robledo con reclamaciones justas en favor de las víctimas o sobre el tema de tierras y que como persona del campo entiendo perfectamente.

Espero que las inquietudes expuestas en este documento, puedan ser de gran ayuda a las labores adelantadas por el ente investigador y que se puedan articular con el legislativo para crear herramientas que conduzcan a no permitir que algunas mafias o personas, se adueñen a través de artimañas jurídicas los bienes entregados por miembros desmovilizados de las AUC u otro GAOMAL.

Es mi interés que los bienes entregados por nosotros (AUC) se visibilicen y que no vayan a parar a manos de las mismas mafias que por una segunda o tercera puerta, se apoderaron de grandes extensiones de terrenos o de bienes raíces que pueden ser utilizados para la reparación directa de comunidades campesinas y víctimas directas del (BCB-AUC), durante la confrontación armada.

 

Muy respetuosamente,

 

 

José Germán Senna Pico                                                                              

Desmovilizado del BCB-AUC

Postulado a la Ley de Justicia y Paz

Cárcel Picota Bogotá

Bogotá, Septiembre 08- 2015

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