La política exterior suele percibirse como un asunto distante, reservado a cancillerías, embajadas y foros multilaterales que parecen ajenos a la vida cotidiana. Sin embargo, cuando la diplomacia pierde su rumbo, sus efectos terminan manifestándose en la economía real, en el comercio, en el empleo y en la vida diaria de millones de ciudadanos. También se reflejan en la situación de los colombianos en el exterior, quienes sostienen una parte fundamental de la economía nacional a través de las remesas.
Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, el manejo de las relaciones internacionales ha estado marcado más por la exposición pública y el pronunciamiento político que por los canales tradicionales de la diplomacia profesional. No se trata de una discusión ideológica, sino institucional. La política exterior no está diseñada para enviar mensajes simbólicos al electorado interno ni para construir una imagen personal de liderazgo internacional, sino para proteger los intereses estratégicos del Estado colombiano en escenarios complejos, técnicos y altamente regulados.
Este cambio de estilo ha venido acompañado de un deterioro evidente de la carrera diplomática. En lugar de fortalecer un cuerpo profesional que se forma durante años y que garantiza continuidad, memoria institucional y conocimiento especializado, se ha recurrido con frecuencia a nombramientos sustentados en la confianza política. En varios casos, estos funcionarios carecen del dominio de idiomas, de la experiencia multilateral o del conocimiento técnico que exige representar al país. Cuando la diplomacia se personaliza, el Estado se debilita.
El episodio de la canciller Rosa Villavicencio, impedida para asistir a una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por no contar con visa estadounidense, es más que una anécdota. Colombia ocupa un asiento en uno de los órganos más relevantes del sistema internacional, y su representante no puede participar plenamente por una decisión personal convertida en gesto político. El resultado no es coherencia ideológica, sino una pérdida concreta de capacidad de interlocución y de presencia en un escenario clave para la política global.
A ello se suman conflictos bilaterales mal gestionados. Las tensiones con Ecuador, que hoy afectan el comercio, el suministro energético y la cooperación regional, se originaron en decisiones diplomáticas erráticas, desde el mismo reconocimiento del nuevo gobierno ecuatoriano. Lo que pudo resolverse por la vía técnica y discreta terminó escalando hasta convertirse en un problema económico con impacto directo sobre empresarios, transportadores y consumidores. La política exterior dejó de ser un instrumento de contención para convertirse en un factor de riesgo.
Algo similar ha ocurrido con otros países y con organismos multilaterales, donde declaraciones públicas, trinos y gestos simbólicos han sustituido la gestión silenciosa y eficaz que caracteriza a la diplomacia profesional. En ese contexto, Colombia empieza a ser percibida como un actor impredecible, más concentrado en el efecto del mensaje que en la construcción de resultados sostenibles y relaciones estables.
En un país que depende cada vez más del comercio exterior, de la inversión y de las remesas como fuente de divisas, esta forma de hacer diplomacia tiene costos reales. Los colombianos en el exterior requieren consulados eficientes y profesionales, no oficinas improvisadas; los empresarios necesitan reglas claras y relaciones estables, no conflictos innecesarios; y el Estado necesita credibilidad para defender sus intereses en un entorno internacional cada vez más competitivo.
Por eso, el debate de fondo no es político, sino estructural. Colombia debe avanzar hacia una regulación más estricta y blindada de la carrera diplomática y consular, que priorice el mérito, la formación y la experiencia, y que limite la discrecionalidad política en un área estratégica del Estado. La diplomacia no puede seguir siendo un escenario de improvisación. Cuando se pierde el rigor institucional, el costo no lo asume un gobierno de turno: lo asume el país entero.
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