¿Por qué el alcalde de Ibagué amenaza a la prensa?

"Todos los medios de comunicación tienen derecho a informar, sin sentir que existe una mordaza tejiéndose a su alrededor por parte de la primera autoridad municipal"

Por: Nelson Germán Sánchez Pérez -Gersan-
septiembre 25, 2018
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¿Por qué el alcalde de Ibagué amenaza a la prensa?
Foto: Twitter @GA_Jaramillo

No podía estar más de acuerdo como columnista de El Nuevo Día y quien hizo parte de su redacción con la editorial de Juan Manuel Díaz y el gerente Miguel Villarraga. Queda en evidencia la actitud cada vez más peligrosa del mandatario municipal Guillermo Alfonso Jaramillo contra ese medio de comunicación y contra la prensa de la ciudad de Ibagué, por no convertirse en parlantes de sus actos o comité de aplausos.

Más allá de que el alcalde casi en una actitud misógina contra la periodista Claudia Melo la descalificara como persona y como profesional de manera pública y tratara de intimidarla, o que su mala actitud hacia la prensa se siguiera conociendo más y más en el ámbito nacional e internacional, la prensa está en riesgo hoy.

Aquí hay que advertir que esta situación del mandatario contra la prensa ha venido escalando. Pareciera que es todo un corazón que se llena más de motivos oscuros contra quienes son voces críticas, advierten sobre las equivocaciones y desaciertos evidentes del ejercicio administrativo de la ciudad, no aplauden sus idearios de supuesta izquierda, socialismo del siglo XXI, humanismo o como se le quiera llamar.

Es peligrosa la actitud del alcalde, quien cada vez que puede, en cuanta inauguración o reunión de obras llámense biogimnasios, plazas de mercado, calles, colegios oficiales, la emprende contra la prensa y periodistas a quienes deja públicamente como enemigos de su administración porque no miran solo lo bonito que ha hecho, sino que tienen, como es su deber, una mirada holística de la realidad para constatar la verdad de sus ejecutorias frente a sus promesas.

Lo riesgoso de esto, que no mide un personaje como Jaramillo, pese a toda su experiencia pública y de provenir de la politiquería tradicional colombiana, es que tiene una responsabilidad social, legal y comportamental con quienes le creen, lo siguen o lo lamben, y sus palabras, actitudes, frases a medias —o fuera de contexto dice él permanentemente para exculparse— pueden entenderse como órdenes veladas para cualquiera que sienta que su “jefecito” está siendo injustamente vilipendiado y entonces la emprenda de manera física contra un periodista o medio. De presentarse el asesinato de un periodista, una agresión, un atentado contra un medio o una asonada contra el mismo, por las denuncias contra la administración ¿se hará responsable el mandatario local?, ¿tendrá la gallardía para asumirlo?, ¿la altura moral para reconocer su responsabilidad en los hechos? La respuesta contundente es no.

Dirá que no fue mi intención, jamás me prestaría para eso, soy un defensor de la vida y las libertades, incluida la de expresión y un chorro de etcéteras más, cuando el daño ya esté hecho. Muy al estilo de quien toda su vida como lo ha hecho su familia, ha vivido subsionando hasta la última gota de los cargos y contratos públicos de generación en generación.

No es esto ni una historia, una exageración ni mal querencia contra el burgomaestre. Recuerdo cuando hace unos años El Nuevo Día sufrió varios intentos de ser tomado por seguidores de mandatarios y políticos, protestando por sus informaciones. O de los mensajes de guerrilla, paras, corruptos y traquetos de desaparecerlo físicamente. Las amenazas y demandas contra muchos de nosotros en la redacción, los seguimientos, así como la seguridad que por años debió tener el entonces director-gerente, Antonio Melo.

Por eso hay que cerrar filas y defender el derecho universal y humano a la información, a la vida e integridad de los periodistas y de los medios. Que estos cometen errores, se falta a veces a la rigurosidad, es cierto, y en eso se debe trabajar para mejorar y todos los ciudadanos tienen derecho a exigirlo públicamente. Pero eso es una cosa y otra ponerlos en riesgo o denigrar tratando de ponerlos al nivel de los ladrones de los escenarios de los juegos deportivos nacionales de Ibagué. Lo justo sería, en el caso del alcalde, que con nombres y pruebas denunciara ante las autoridades y la ciudadanía a esos periodistas y medios.

Todos los medios de comunicación tienen derecho a informar, sin sentir que existe una mordaza tejiéndose a su alrededor por parte de la primera autoridad municipal.

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