Colombia enfrenta un riesgo creciente para su seguridad energética por la menor reposición de reservas de gas y petróleo. La Contraloría General de la República advirtió al Ministerio de Minas y Energía que esta situación puede aumentar la dependencia de combustibles importados y afectar la confiabilidad del suministro.
El organismo identificó tres factores centrales en este escenario: la menor incorporación de reservas, la dependencia de importaciones y la ausencia de una política unificada de confiabilidad energética. A esto se suma una presión fiscal cercana a $10 billones asociada a subsidios, opción tarifaria y deudas públicas.
La situación también alcanza el manejo de los subsidios de energía y combustibles. La Contraloría encontró problemas de focalización, debilidades en los controles y falta de medición de impacto, con el consecuente riesgo de que los recursos públicos destinados a estos programas no sean utilizados de manera eficiente.
Los otros frentes que preocupan a la Contraloría General
La advertencia energética se suma a otros riesgos identificados en entidades y proyectos estratégicos. En la Agencia Nacional de Minería, por ejemplo, la Contraloría advirtió que la falta de un procedimiento para la reversión de activos mineros ponía en riesgo 236 equipos de minería, provenientes de las minas La Jagua y Calenturitas, valorados en más de USD 41 millones.
Si bien, producto de la advertencia emitida por la CGR, la ANM tomó las medidas que permitieron eliminar el riesgo patrimonial advertido sobre dichos activos, los mismos estaban ligados a procesos que también involucraban riesgos sociales, pasivos mineros, riesgos ambientales y recuperación de tierras, frente a los cuales, la falta de decisiones de las autoridades competentes puede comprometer recursos públicos y generar impactos sociales y ambientales en la zona.
En materia de transición energética, otro caso corresponde al Parque Solar URRÁ. Aunque la inversión pública supera los $76.000 millones, el proyecto todavía no acredita su puesta en operación plena. Entre inversión, multa y cláusula penal, el caso compromete más de $93.000 millones.
Air-e y Ecopetrol bajo la lupa
La intervención de Air-e también generó una advertencia de carácter fiscal. La Contraloría identificó riesgos asociados al deterioro de la cartera, una posible insolvencia y una creciente dependencia de recursos públicos para sostener la prestación del servicio. El organismo señaló que el escenario puede comprometer las finanzas públicas y la continuidad del servicio de energía.
En Ecopetrol, por su parte, se concentraron alertas relacionadas con contratos, proyectos solares, movilidad, transporte y soluciones tecnológicas. En conjunto, estos casos representan posibles afectaciones superiores a $36.000 millones y USD 40 millones.
La Contraloría también alertó por la custodia y conservación de activos revertidos del contrato CPO-7 que debían ser recibidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La falta de control sobre estos bienes, advirtió el organismo, puede provocar pérdidas, deterioro o hurto, además de retrasar su eventual reactivación productiva y afectar ingresos y regalías para el Estado.
Así, las advertencias presentadas al Ministerio de Minas y Energía y a otras entidades del sector abarcan desde la disponibilidad futura de gas y petróleo hasta el manejo de subsidios, activos mineros, proyectos solares y empresas claves para el suministro eléctrico y de hidrocarburos en el país.
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