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La disputa comenzó cuando Gustavo Petro difundió en sus redes sociales una propuesta para organizar el congreso del Pacto Histórico, elegir delegados y modificar las reglas internas. El problema no fue solamente el contenido: el documento circuló sin firmas que permitieran identificar a sus autores y, según los propios dirigentes del partido, no había sido discutido ni aprobado por la dirección provisional. María José Pizarro preguntó de dónde había salido la iniciativa y recordó que el Pacto Histórico pertenece a sus integrantes y al pueblo que lo respalda. Gabriel Becerra, representante legal de la colectividad, aclaró que no existía un texto oficial aprobado y que una comisión trabajaba en un borrador. Así, el dirigente que pretende impulsar la reorganización del movimiento terminó protagonizando una controversia sobre quién tiene autoridad para establecer sus reglas. Una opereta política, a mi juicio, en la que se invoca la democracia mientras se disputa quién controla el partido.
¿Quiénes lo conformaron?
En sus orígenes participaron Colombia Humana, Unión Patriótica, Partido Comunista, Polo Democrático, MAIS, Partido del Trabajo de Colombia, Unidad Democrática y Todos Somos Colombia, junto con organizaciones sociales e independientes. Posteriormente, avanzó un proceso de fusión jurídica que buscó integrar varias de esas fuerzas en una sola organización. Por eso es necesario distinguir entre los partidos que participaron en la coalición original y las agrupaciones que quedaron comprendidas en el proceso de unificación.
¿Desaparecerán esos partidos?
Su integración jurídica corresponde al proceso de fusión anterior, no a la propuesta que ahora se discute. Sus dirigentes, tradiciones e ideas pueden continuar dentro del partido unificado. Lo que plantea el nuevo documento es eliminar los cupos reservados para partidos fundadores y tendencias, con lo cual perderían espacios garantizados para influir en la elección de la dirección. La cuestión es si se busca superar los privilegios de las organizaciones fundadoras o sustituir su influencia por un poder más concentrado alrededor de Petro.
¿Qué propone Petro?
Propone elegir delegados mediante voto abierto y reducir el control de las organizaciones fundadoras. La iniciativa puede ampliar la participación, pero también favorecer al dirigente más conocido y con mayor capacidad de movilización. Pizarro cuestionó que se difundiera una propuesta sin que la dirección provisional la hubiera debatido y aprobado. Becerra, por su parte, insistió en que el texto oficial debía distinguirse del borrador que preparaba la comisión encargada del asunto.
¿Puede quedarse con el mando?
Petro podría fortalecer su control si los grupos fundadores pierden sus cupos y sus seguidores consiguen la mayoría de los delegados. Es un riesgo político, no un resultado demostrado. La prueba de una verdadera democracia interna será que quienes discrepan de Petro puedan competir en condiciones reales, elegir dirigentes y cuestionar sus decisiones sin quedar marginados.
¿Está preparando el camino hacia 2030?
Petro ha desafiado a Abelardo de la Espriella a abrir la discusión sobre la reelección para enfrentarse electoralmente. Mi interpretación es que una dirección partidista cercana podría servirle para mantener su influencia política e impulsar esa aspiración. Sin embargo, controlar el Pacto no elimina las restricciones constitucionales que le impiden regresar a la Presidencia bajo las reglas vigentes. Una cosa es conservar poder sobre una organización y otra, muy distinta, tener habilitada una candidatura presidencial.
¿Qué dejó la experiencia de 2022?
El Pacto llegó al Gobierno con promesas de cambio social, renovación política y lucha contra la corrupción. Hubo reformas aprobadas, otras que sufrieron modificaciones o no prosperaron y una gestión legislativa cuyo balance merece una evaluación seria. El escándalo de la UNGRD, Ecopetrol, Papá Pitufo también golpearon la promesa de renovación ética. Si el movimiento quiere reorganizarse, debería explicar qué cumplió, qué falló y qué responsabilidades políticas asumen sus dirigentes. Cambiar estatutos no reemplaza la rendición de cuentas.
¿La propuesta corrige esos errores?
Plantea elegir autoridades, ampliar la participación y establecer mecanismos de organización e información. Sin embargo, el texto compartido no exige expresamente una evaluación independiente del Gobierno de 2022 a 2026 ni establece, por sí solo, cómo se corregirán los errores políticos y administrativos. La reorganización debería incluir controles internos, transparencia en las decisiones y mecanismos para que los afiliados puedan exigir explicaciones a sus representantes.
¿Votar significa afiliarse?
Petro sostiene que cada elector del Pacto ya es un afiliado. Pero votar por un candidato no significa aceptar automáticamente la pertenencia a su partido. El propio proyecto distingue ambas condiciones al contemplar la afiliación de quienes quieran participar sin estar inscritos. El ciudadano conserva su libertad para respaldar una candidatura, criticar a sus dirigentes y cambiar de opinión. Confundir el voto con una adhesión permanente sería desconocer esa libertad.
El Pacto Histórico no puede convertirse en propiedad política de Petro ni en una maquinaria al servicio de sus ambiciones personales. Si las reglas se diseñan para concentrar el poder y reducir la autonomía de quienes discrepan, la democracia interna será apenas una fachada. Ningún movimiento que se proclama defensor del pueblo puede aceptar una dictadura en su propia casa.
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