Felipe Harman es un líder social y comunitario de los Llanos orientales, fue alcalde de Villavicencio, la capital del Meta en el 2020, y se ha proyectado como una figura nacional del gobierno popular del presidente Gustavo Petro y del Pacto Histórico.
Hoy, es el director de la Agencia Nacional de Tierras, institución encargada de la reforma agraria integral, una de las más importantes banderas reformistas relacionada con los Acuerdos de Paz del 2016 con las FARC, que incluyó la formalización de 7 millones de hectáreas y la entrega de otros 3 millones a campesinos pobres y despojados por los grupos paramilitares de las AUC.
Harman ha hecho de la entrega de tierras, de la reforma agraria integral, de la conformación de Zonas de Reserva Campesina, de la formalización de títulos y de la organización de los campesinos su tarea central y prioridad en la gestión oficial. En ese empeño, ha enfrentado la feroz resistencia de poderosos terratenientes, ganaderos, narcotraficantes, paramilitares, magistrados, fiscales, jueces, generales y políticos que han acaparado miles de predios que se encuentran en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y deben ser transferidos a la Agencia Nacional de Tierras para hacer la reforma agraria.
A raíz de su encomiable gestión, la ira de los poderosos del área rural se ha desatado para amenazarlo, intimidarlo y planear su asesinato. Ayer, 16 de marzo, en un Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro denunció públicamente una amenaza de muerte contra Felipe Harman, presuntamente relacionada con los recientes operativos de recuperación de tierras en el Magdalena Medio.
La amenaza habría sido realizada por un hombre identificado con el apellido Almanza. “El señor Almanza quiere matar al director de la ANT”, afirmó el presidente durante la sesión, en la que también pidió atención inmediata por parte de los organismos de gobierno encargados de la seguridad de Harman. Petro solicitó al Ministerio de Defensa reforzar las medidas de protección. “Tomé nota, señor ministro de Defensa, debemos proteger a todo el campesinado colombiano”.
La advertencia surge luego de los resultados entregados por la Agencia Nacional de Tierras, que reportó la recuperación de más de 54 mil hectáreas en el Magdalena Medio. Estas acciones hacen parte de los procesos adelantados por el Gobierno para recuperar predios que, según la entidad, se encontraban en manos de ocupaciones irregulares o en disputa, en Puerto Salgar, promovidas por gamonales y caciques políticos del uribismo en común acuerdo con jefes paramilitares del Magdalena Medio como Botalón y Ramón Isaza con su bandola.
De acuerdo con la información conocida, tras los avances en la recuperación de tierras habría surgido la amenaza directa contra Felipe Harman, lo que encendió las alertas dentro del Gobierno nacional sobre la seguridad del funcionario y de las comunidades campesinas en la región. Pero estas amenazas inmediatas no son solo de ese complicado territorio (Puerto Boyacá, La Dorada, Puerto Berrío), cuna de los paramilitares según los documentados estudios adelantados por Carlos Medina en la Universidad Nacional.
En esas tierras, al igual que en Villavicencio y el departamento del Meta, han habido roscas políticas que sienten pasos de animal grande con los recientes resultados electorales del pasado 8 de marzo, que registraron un caudaloso respaldo para las listas del Pacto Histórico y su candidata Carmen Mayusa, cuya lucha política está marcada por una historia como víctima del conflicto armado, militante de la Unión Patriótica y con reconocimiento en sectores sociales, agrarios y sindicales del Meta.
Una de esas es la rosca política del actual alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, quien promovió la candidatura del electo representante uribista Darwin Castellanos, exconcejal de Villavicencio en el periodo 2016-2019 por el Partido Conservador y exsecretario privado de la actual Alcaldía de Villavicencio, desde donde se adelantaron las más oscuras negociaciones con el Plan de Ordenamiento Territorial, el volteo de tierras y la presunta protección de las bandas criminales del Guatiquía.
En medio de su campaña electoral, fue cuestionado por utilizar su cargo en la administración como una plataforma para saltar al Congreso, siendo no solo reconocido como el candidato del alcalde Baquero y por contar con múltiples contratistas a disposición de su campaña, obtiene tal escaño para implementar su agenda por la defensa de “la familia” y estar en contra de derechos amparados por la Corte Constitucional como el aborto.
La otra rosca hace referencia a la facción política de la actual gobernadora Rafaela Cortés, que se recargó con toda su maquinaria administrativa de la gobernación para elegir a la Cámara a Milton Carreño, exgestor social de la actual Gobernación del Meta quien con estos resultados consolida una base electoral en el departamento tras el paso por la administración pública en cargos como gerente minero-energético y secretario de Ambiente.
Carreño también se desempeñó como concejal de Villavicencio durante dos periodos (2004-2011), es respaldado por el capital político de la actual gobernadora, Rafaela Cortés, quien además es su cuñada, electa en 2022 con 183 mil votos de las maquinarias de la ultraderecha. También lo respaldan la estructura del Partido de la U.
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