Hace cuatro meses escribí en este mismo espacio que la discapacidad no está en el cuerpo, sino en la sociedad. Que no se trata, simplemente, de una condición médica. Es el resultado de la interacción entre una persona y un entorno que puede habilitarla o excluirla.
La pregunta que formulo hoy es la siguiente:
Si comprendemos que la discapacidad no está en la persona sino en el entorno, ¿por qué seguimos manteniendo entornos que excluyen?
Colombia cuenta con leyes modernas. Ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Expidió la Ley 1618 de 2013. Promueve accesibilidad, ajustes razonables, igualdad de oportunidades. En el papel, estamos alineados con los estándares internacionales.
Sin embargo…
La igualdad se prueba en el espacio público que permite pasar… o lo impide. En el alimentador de Transmilenio cuya rampa no funciona. En el edificio público con señalización inaccesible. En el intento de acceder a portales digitales de entidades estatales que no cumplen estándares básicos para personas con discapacidad visual o auditiva. En la entrevista laboral en la que no se evalúan las competencias sino el “costo” que podría tener el enganche de una PcD.
En países como Suecia o Canadá, la accesibilidad no es un gesto voluntario sino una obligación institucional rigurosamente aplicada. El diseño universal no es un discurso normativo; es estándar. El transporte está adaptado. Las edificaciones cumplen normas estrictas. Los apoyos para una vida independiente de las PcD cuentan con financiación estable. No dependen de la buena voluntad de un funcionario o de la sensibilidad de una empresa.
La diferencia no es cultural. Es política.
En Colombia oscilamos entre avances normativos y la ejecución fragmentada: inclusión en el discurso, integración limitada en la práctica.
Desde la sociedad civil, organizaciones como la Fundación Saldarriaga Concha han insistido en la importancia de cerrar la brecha entre el derecho reconocido y el derecho ejercido.
En educación, la matrícula ha crecido, pero la inclusión real sigue siendo desigual. En el mercado laboral, la participación continúa rezagada. En el espacio público, la accesibilidad es intermitente. En el ámbito digital, la brecha apenas comienza a dimensionarse.
En el plano micro, cuando hay voluntad y decisión, las barreras se derrumban
Y, sin embargo, en el plano micro, cuando hay voluntad y decisión, las barreras se derrumban. Desde 2006, Securitas Colombia desarrolla un Programa de Vigilancia Inclusiva que ha vinculado personas con discapacidad en dispositivos de seguridad en distintas regiones del país. Emociona que en centros comerciales como Gran Estación en Bogotá se haya respaldado la iniciativa.
También encontré, en el portal Colombia Visible, con un homenaje a un Café de Envigado que contrata a personas con síndrome de Down y que funciona a las mil maravillas. Un orgullo.
Estos ejemplos revelan que muchas de nuestras barreras no son técnicas ni inevitables.
Las PcD no son un pasivo social: son un activo humano, productivo y cívico que Colombia sigue desaprovechando.
Hay, además, un dato que debería cambiar la conversación: la prevalencia de la discapacidad aumenta con la edad. Colombia envejece aceleradamente. Cada año crecerá el número de personas que experimenten limitaciones visuales, auditivas, motoras o cognitivas asociadas al curso natural de la vida. Es una probabilidad creciente para todos.
Cuando el debate se observa desde el envejecimiento, la indiferencia pierde sentido. No se trata de integrar a “otros”, sino de garantizar condiciones dignas para el futuro propio.
Colombia no necesita más leyes en la materia. Se requiere cumplimiento, supervisión y presupuesto. Y sanciones cuando las normas se incumplen.
Mientras la accesibilidad siga siendo opcional en la práctica, la exclusión será estructural y el país seguirá desperdiciando talento.
Si el diseño universal —es decir, planear ciudades, edificios, transporte y plataformas digitales para que puedan ser usados por la mayor cantidad de personas posible desde el inicio— no es un estándar obligatorio, la igualdad será retórica.
Y cuando la inclusión dependa de la buena voluntad y no de la obligación institucional, seguiremos normalizando barreras.
Un país que presume modernidad digital pero no garantiza accesibilidad es un país que avanza dejando atrás a millones.
Los derechos, repito, ya están escritos.
La empatía es necesaria. Pero lo que realmente mueve la aguja acá es la decisión política acompañada de liderazgo empresarial y presión ciudadana sostenida.
La igualdad no se declara: se diseña.
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