Payaneses tendrían que pagar 120 mil millones por peaje urbano fracasado

La Alcaldía Municipal pagaría cuatro veces más de lo que ofertó a los encargados de las obras, según César Cristian Gómez

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Junio 01, 2016
Payaneses tendrían que pagar 120 mil millones por peaje urbano fracasado

Hace 22 años, unos dos meses antes del terremoto y posterior represamiento y avalancha del río Páez –que dejó unas 1.100 personas muertas y 8.000 familias del oriente del Cauca directamente afectadas por la tragedia– el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez, luego de la Semana Santa de aquel 1994, se lamentaba de la escalada de violencia desatada en el departamento. Nueve personas habían sido secuestradas entre ellas dos alcaldes, un exalcalde, un candidato a alcalde y un exgobernador; tres indígenas de la comunidad de Paleterá también habían sido ajusticiados por la guerrilla de las Farc, todo, para tratar de demostrarle al país que las fuerzas extremas eran capaces de derrotar a los gobiernos legítimos. Estaba el Cauca en estos padecimientos cuando a la entrada norte de Popayán, en Río Blanco, era dinamitado el primer peaje urbano que se había instalado en América Latina.

Popayán pretendía convertirse en la primera ciudad en cobrar un peaje urbano. En desarrollo del plan vial diseñado por la Alcaldía, el municipio contrató con el ingeniero Luis Héctor Solarte Solarte la recuperación y mantenimiento no sólo los 17 kilómetros de la Carretera Panamericana que atraviesan la ciudad, sino los anillos viales complementarios. El costo de la obra era de 10.000 millones de pesos aproximadamente y lo asumiría en su totalidad la empresa de Solarte, que recibiría en contraprestación el recaudo del peaje por un período de 10 años.

El 24 de diciembre de 1993, el alcalde de Popayán, Luis Fernando Velasco Chaves — actual presidente del Congreso– había celebrado el contrato de concesión, que para efectos fiscales se fijó por un valor de $4.831’070.770, aclarando que el valor definitivo sería el de la cuantificación de la totalidad de las obras ejecutadas, terminadas y recibidas según los precios de la propuesta y los imprevistos que se pactaran en la ejecución del contrato. El 21 de julio de 1.994, las partes suscribieron otro sí, incluyendo otras obras y adicionando el valor del contrato en $554’000.000. La capital del Cauca se convertiría en la primera ciudad de Colombia que aplicaba en forma efectiva el mecanismo de vías por concesión, aprobado en años anteriores por el Gobierno nacional.

Luis Fernando Velasco Chaves, dijo en su momento que “la caseta del peaje se construirá en la entrada norte, donde se espera que los 4.000 vehículos que, según estimativos, transiten la vía a diario, paguen una tarifa equivalente al 50 por ciento de la de los peajes nacionales”. Lo anterior, con base en el Acuerdo No. 07 del 11 de junio de 1992, “Por el cual se crea el peaje municipal de Popayán, se autoriza al señor Alcalde Mayor para celebrar contrato de construcción y administración del peaje y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Concejo Municipal de Popayán.

Ante las continuas protestas de la ciudadanía, que bloqueaba la carretera Panamericana para rechazar el cobro de la nueva carga económica impuesta por el Municipio por el uso de una vía del orden nacional, el Instituto Nacional de Vías y el Concejo de Popayán acordaron eliminar el peaje, concluyendo que para el mantenimiento de la Panamericana era suficiente el recaudo nacional que se hace en el peaje de Tunía, Piendamó.

En contraprestación, la Alcaldía estableció la sobretasa al combustible automotor a partir del 1 de noviembre de 1.994 hasta el 31 de diciembre de 2002, para la financiación del Contrato de Concesión, el cual se convirtió así, de hecho, en un contrato ordinario de obra.

En estas circunstancias, el nuevo alcalde de Popayán, Felipe Fabián Orozco Vivas (Q.E.P.D.), le comunicó al ingeniero Solarte que el 30 de junio de 1998 debía entregar la totalidad de las obras. En ése momento el saldo de la deuda del Municipio era de $9.307’852.337. El 5 de marzo de 1999 se le presentó una propuesta de pago a Luis Héctor Solarte Solarte, la cual no fue aceptada. Luego, se hizo otro reconocimiento expreso de la deuda a favor del concesionario, teniendo como saldo a 30 de abril de 1999, la suma de $11.527’605.972. El 28 de julio de 1999, el alcalde, por resolución No. 2686, procedió a la liquidación unilateral del Contrato.

En consecuencia, se inició el litigio entre la Alcaldía Municipal de Popayán y el ingeniero Luis Héctor Solarte que hoy, 17 años después, no se ha podido solucionar. De acuerdo con las declaraciones del actual alcalde César Cristian Gómez Castro, la situación tiene en ascuas las finanzas del Municipio porque según cálculos tendrá que pagar a los herederos del ingeniero Solarte una suma cercana a los 120.000 millones de pesos, y no los 30.000 millones que le ofertaron en años anteriores al ingeniero Solarte. Esperando una solución concertada, en mayo del 2012, en los Estados Unidos, falleció el contratista -Luis Héctor Solarte Solarte, oriundo del municipio de Guaitarilla, Nariño, quien junto con su hermano Carlos Alberto Solarte Solarte, dieron inicio a una de las empresas de construcción más destacadas del país, desde el año 1965.

Luis Fernando, Diego Alejandro y Gabriel David Solarte Viveros, en calidad de herederos de Luis Héctor, lograron ante el Consejo de Estado, según sentencia del 17 de marzo de 2016, declarar la nulidad de todo lo actuado y remitir el expediente a un tribunal de arbitramento para que falle en este litigio, lo cual fue calificado por el alcalde Gómez Castro como “un golpe bajo” contra el Municipio pues no será la Justicia ordinaria sino unos particulares los que decidirán el pleito.

El alcalde Gómez Castro dijo, entonces, que hará las gestiones necesarias ante la Defensoría del Pueblo y ante la Corte Constitucional para que se revise el fallo del Consejo de Estado y se retome el cauce procesal ordinario, pues al parecer, no confía en un fallo de un tribunal de arbitramento.

Resumen del proceso

El enredo jurídico que ha adquirido el proceso en tantos años de litigio no es fácil de entender pero puede reducirse a los hitos más destacables:

El 22 de febrero de 2002 la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, revocó el fallo de 28 de junio de 2001 del Juez Quinto Civil del Circuito de Popayán y el fallo de 16 de agosto de 2001 del Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala Civil Laboral- de Popayán, por no ser competentes para decidir, y ordenó al alcalde del municipio de Popayán, Diego Fernando Duque Bastidas, cumplir con la cláusula compromisoria, determinando que las partes deben someter las distintas diferencias a un tribunal de arbitramiento, como se había pactado en el contrato inicial.

Por otra parte, el 26 de octubre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca declaró nulas las resoluciones de la Alcaldía por las cuales se adoptó la liquidación unilateral del contrato y determinó el incumplimiento de la concesión por parte del Municipio de Popayán, condenándolo a pagar las sumas de dinero resultantes de la aplicación de las bases y parámetros de liquidación contenidos en el fallo y simultáneamente decretó la liquidación judicial del Contrato de Concesión No. CCOP-01-93. La Alcaldía apeló el fallo ante el Consejo de Estado y en respuesta, esta entidad dictó las providencias del 8 de abril de 2014 y del 19 de marzo de 2015, declarando la nulidad de todo lo actuado en el proceso de controversias contractuales, también por falta de competencias.

Lo último, prácticamente para iniciar de ceros, y que motivó las declaraciones del alcalde Cesar Cristian Gómez Castro, fue la decisión del Consejo de Estado del 17 de marzo de 2016 en respuesta a una acción de tutela interpuesta por el municipio de Popayán para que se protejan los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, pero en respuesta, se niegan las pretensiones de la Alcaldía, y en consecuencia, se envía el expediente a la Corte Constitucional para revisión y al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali para que se instale el tribunal de arbitramento.

La comunidad payanesa sin el peaje, que sería dizque el primero de tipo urbano en Suramérica, sin que muchas de las obras previstas hace 23 años se hubieran realizado, con inmensas necesidades básicas insatisfechas, sin el músculo financiero suficiente para responder por una falta de planificación adecuada, ahora está sometida a conseguirse, a como dé lugar, unos 120.000 millones de pesos con destino a la dinastía Solarte, “los reyes en contratación de infraestructura, cuyos proyectos más emblemáticos terminan en líos”, como calificó la revista Dinero en alguna oportunidad a dicho clan.

Solarte Hermanos

Carlos Alberto Solarte Solarte, es el mayor contratista del Ministerio de Transporte y cabeza visible de la familia Solarte y sus empresas. Según Dinero, tienen el parque de maquinaria más grande del país con 2.600 unidades, un staff de 100 ingenieros y 6.000 trabajadores. Es más: “Ni siquiera los Nule, en su mejor momento, pudieron competirle a esta dinastía de pastusos que hace casi 50 años vienen ganando licitaciones, en su mayoría para construcción de vías”.

Algunas de las adjudicaciones han sido cuestionadas, ya que a los Solarte se les atribuye incumplimientos continuos por lo que han enfrentado arduas polémicas jurídicas que aún se mantienen, sin embargo, el grupo tiene contratos con el Estado por más de 6 billones de pesos.

Luis Héctor y Carlos Alberto, gracias a la ayuda de su hermano mayor Arturo estudiaron Ingeniería Civil en la Universidad del Cauca, inicialmente después de graduarse como ingenieros estuvieron a cargo de algunas bodegas de Don Arturo, en Pasto. El grupo empresarial también maneja Molinos Nariño, Harinera de Occidente (SUPERAREPA), Molinos Ricaurte y Molinos Apolo, en Bogotá; Molinos Capri, en Madrid, Cundinamarca; la fábrica Café Franco, en Cali; Harinera de la Costa, Harinera San Martín, y conforman la Organización Solarte y Cia.

Luis Héctor murió y sus herederos (Luis Fernando, Diego Alejandro y Gabriel David Solarte Viveros), entraron en conflicto con Carlos Alberto; se dio una disputa familiar, pues Carlos Alberto decidió fortalecer sus empresas para competir en solitario en licitaciones de vías 4G.

Escuche aquí las declaraciones del alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro.

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