Paro nacional, una amenaza para la paz y la seguridad

"Las manifestaciones del 21 ponen en juego el futuro democrático de nuestra sociedad, la reconstrucción y el desarrollo económico, lo que empeora la zozobra"

Por: Martin Eduardo Botero
noviembre 13, 2019
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Paro nacional, una amenaza para la paz y la seguridad

Queridos lectores, lamentamos que haya civiles, líderes políticos y sectores de la población que aplaudan, vitoreen y promuevan un paro nacional y una movilización estatal de uso político, de todo o nada, solo porque se discrepa de la opinión del gobierno de turno. Los momentos exigen que hablemos claramente, sin ambigüedad. Nosotros nos opondremos sin concesiones a esta maniobra antidemocrática, nos incumbe la responsabilidad individual y colectiva de defender la libertad, soberanía e integridad territorial. Deseamos elevar nuestra voz y manifestar nuestra preocupación e indignación ante esta amenaza de colapso total y apocalíptica de doble filo.

Este paro nacional no solo representa una amenaza para la paz y la seguridad, sino que también pone en juego el futuro democrático de nuestra sociedad, la reconstrucción y el desarrollo económico, lo que coadyuva a empeorar el ambiente de zozobra e incertidumbre que reina en el país, así como el desencadenamiento de la revuelta popular generalizada, tras las que se producen las habituales agresiones, violencias y enfrentamientos, heridos, arrestos, actos incendiarios y saqueos, a menudo incontrolables. Los arquitectos de este vergonzoso paro nacional de hecho han presagiado el regreso a la barbarie y la perversión de las normas jurídicas, con las cuales se pretende justificar la ruptura del orden constitucional y democrático o del estado de derecho, infringir la ley o subvertir ilegalmente el orden constitucional, pero nunca se debe desestimar la incontrolable tentación socialista de tomar el poder por medios no democráticos.

Esa acción es ilegal y totalmente injustificada, y representa una flagrante violación del estado de derecho y de las normas de las naciones civilizadas, aventurera, peligrosa y desestabilizadora en contra del pueblo y el legítimo gobierno. Esta es la auténtica amenaza para todos nosotros. En este contexto lo importante no es lo que cada uno crea. El fin no justifica los medios. Los dirigentes políticos de la izquierda y - aunque en menor medida - los gremios y sindicatos, las federaciones estudiantiles y los indígenas se han deshonrado con esta burda manipulación e ignominioso capítulo de la toma antidemocrática del poder no respaldada por la amplia mayoría del pueblo y alentada únicamente por una élite egoísta y miope que no tiene en cuenta la realidad de la situación. Demuestra que la izquierda extremista está tratando ciegamente de perseguir su desacreditada y obsoleta cultura de socialismo siglo XXI.

Estamos ante una conducta inaceptable e inapropiada en lo moral y miope en lo económico y en lo político que se niega a reconocer los derechos del otro, lo cual alimenta el resentimiento, fomenta el odio, los conflictos y alienta a los extremistas. Nos sentimos doblemente indignados ante esta afrenta brutal y criminal a las instituciones democráticas, la seguridad y la estabilidad y el desarrollo. Rechazamos esta acción cobarde y antidemocrática en contra de un gobierno demócrata y libremente elegido por el pueblo. Sin embargo, cuando se perciben amenazas inmediatas para la "patria", como comunidad de ciudadanos responsables, tenemos la obligación colectiva e individual de resistir. Todos tenemos la obligación de garantizar que se respete la voluntad abrumadora y clara del pueblo y las decisiones que haya respecto de su futuro. Entonces la reacción no va a ser solamente de la Fuerza Armada y policial, va a ser del pueblo, y la reacción del pueblo y la voluntad popular se van a imponer y quedará desechada como táctica de intimidación, ilegal y anticonstitucional. Así lo demostró el pueblo boliviano, volcándose estruendosamente a las calles para ampliar la libertad y romper las cadenas de la tiranía y demuestra el desarrollo del sentido cívico en la población y el compromiso de los ciudadanos con la democracia.

Señores de la izquierda, el pueblo de Colombia reaccionará con serenidad y contención, de manera pacífica y tranquila con una dignidad y una capacidad de recuperación admirables, dando muestras evidentes de un nacionalismo o patriotismo basado en los valores democráticos y morales que constituyen el fundamento de la sociedad colombiana. Y las autoridades y una población civil participativa reaccionarían inmediatamente a los desafíos sin precedentes de subvertir el orden constitucional y desestabilizar política y socialmente el país con tanta firmeza para contener la situación con mecanismos de defensa propios de una situación de guerra ya que se trata exactamente de eso, matizado por la posibilidad de la que disponen las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la lucha contra la criminalidad, adoptando medidas preventivas siempre que sean necesarias para salvaguardar la seguridad nacional y control democrático de estas actividades.

No se trata de un problema cuantitativo. Las protestas son derechos individuales y colectivos, no una cuestión estadística. El paro nacional como el que nos ocupa solo es admisible bajo determinadas condiciones, debe tener un fundamento jurídico y no debe ser arbitrario. Por lo tanto, es preciso sopesar el daño causado por la violación del orden público, la democracia y las estructuras estatales legítimas y la utilización de símbolos que inciten a la hostilidad, al odio y a la violencia en función del objetivo que se persigue. La protesta debe ser previsible y pacífica, es decir que los ciudadanos y ciudadanas deben conocer la existencia de una protesta de esas características. Y solo se debe recurrir a ella cuando no exista ninguna otra alternativa, o sea, como ultima ratio. Una violación de los derechos humanos, la alteración del orden público o violación de los derechos de terceros y la toma del poder con medios violentos y sus actividades terroristas no es, desde luego, un objetivo admisible. El ejercicio de un control democrático y político eficaz sobre las actividades de los terroristas y, por tanto, también sobre la radicalización de las protestas forma parte integrante del derecho de cada Estado a defenderse de atentados externos e internos contra la seguridad de sus ciudadanos o su estructura democrática.

Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que durante todo el tiempo en que el gobierno ha venido desarrollando sus actividades en este ámbito la presidencia Duque se ha mostrado dispuesta a colaborar lealmente con los distintos movimientos sociales, garantizando la seguridad de las personas, así como protegiendo y defendiendo sus derechos. Yo quiero agradecer al presidente y a su equipo que no hayan cedido a los cantos de sirena de la oposición y también de la izquierda que intentaban inducirle a escribir la novela de una conjura. Presidente Duque firme en defensa de la institucionalidad democrática y en su oposición a la violencia.

Se impone un cambio de mentalidad. Conviene por tanto extraer conclusiones políticas y buscar soluciones a este nivel: vigilar la actividad de estos manifestantes y de sus actividades antidemocráticas y en la amenaza que representa, con el refuerzo de la política de seguridad y defensa y someterlos a un control jurisdiccional y garantizar que sobre los autores de la violencia se deje sentir todo el peso de la ley, dictar normas uniformes de protección de los ciudadanos en función del nivel nacional más elevado, y ello en todo el territorio de la Colombia. El presidente Duque debe tener el coraje necesario para afrontar las grandes amenazas que se ciernen sobre nuestra población y sentar una sólida base de conocimientos y aptitudes de cara al futuro, sobre todo para afrontar también los grandes retos sociales; de lo contrario, la credibilidad de la propia presidencia estará en peligro y los socialismos siglo XXI habrán ganado la batalla. Amén.

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