¿Para qué tanta provocación?

No pasa mucho tiempo entre una polémica y la siguiente. El presidente presenta el Libro de la verdad para contarle al país qué ocurrió antes de su llegada. Luego emprende la batalla cultural que alcanza los museos, las instituciones encargadas de preservar nuestra memoria y hasta las palabras con las que nombramos a quienes habitan el país. Cuestiona el lenguaje institucional, se pronuncia contra la educación sexual, discute el presupuesto y nombra funcionarios cuya idoneidad para el cargo, está en tela de juicio. Después aparece armado con un radio en la mano, como protagonista de una escena que parece sacada de una película de acción. También regaña públicamente a sus funcionarios, publica imágenes producidas con inteligencia artificial y convierte sus relaciones con otros miembros del Gobierno en nuevos motivos de discusión.

Cada episodio abre una polémica. Apenas empezamos a comprender una, ya tenemos otra enfrente. La dinámica me recuerda a las redes sociales, cuyos algoritmos compiten por retener nuestra atención. Una imagen provoca, una declaración indigna, una polémica divide y antes de que podamos detenernos a pensar, aparece un nuevo estímulo. El contenido cambia, pero la lógica se repite: mantenernos mirando. ¿Es eso lo que busca el Gobierno?

No podemos afirmar que cada controversia esté planeada para distraernos, pero sí podemos examinar sus efectos. Cuando pasamos de un escándalo a otro, tenemos menos tiempo para analizar lo ocurrido y sus posibles consecuencias. Nos enteramos de la última provocación, pero perdemos de vista las decisiones que toma el Gobierno y sus efectos. Estar pendientes de todo no significa estar bien informados.

Para gobernar se necesita tomar decisiones, administrar los recursos o responder por los resultados. El problema aparece cuando el presidente ocupa la conversación pública, pero no nos permite entender mejor cómo es que gobierna. La imagen puede mostrar al mandatario en acción sin decirnos si sus decisiones responden a las necesidades del país.

Gran parte de estas controversias gira en torno a una disputa por definir qué país somos y cuál deberíamos ser. El Gobierno propone un relato en el que debemos corregir el pasado, recuperar ciertos valores y enfrentar a quienes considera sus adversarios. Así divide la conversación entre quienes se presentan como Defensores de la patria, la familia y la tradición, y quienes quedan asociados con aquello que el Gobierno rechaza.

Un gobierno tiene derecho a defender una visión del país y a impulsar políticas coherentes con ella. Ese no es el problema. El problema aparece cuando los relatos oficiales limitan la pluralidad de las instituciones públicas o presentan la historia desde una interpretación que responde a los intereses del poder.

Lo que pasó en el Museo Nacional lo demuestra. El retiro de las piezas abrió preguntas sobre quién decide qué merece ser exhibido y qué memorias ocupan un lugar en el relato nacional. No basta con discutir los objetos retirados. Debemos preguntar quién tomó la decisión, con qué criterios y cuánto margen conserva el Museo para definir cómo presenta un patrimonio que pertenece a la sociedad, no al gobierno de turno.

Pasa algo parecido cuando se cuestiona el lenguaje con el que el Estado reconoce a las niñas, a las infancias o las y los campesinos, o cuando se propone desmontar políticas de educación sexual y reproductiva. Estas discusiones afectan la manera en que el Estado reconoce a los grupos minoritarios, protege sus derechos y define qué idea de sociedad se transmite. No son asuntos menores, aunque a menudo los discutamos como si sólo fueran disputas por las palabras.

Mientras discutimos cada controversia pública las decisiones que afectan directamente la vida de la ciudadanía reciben menos atención. ¿Qué va a financiar el Estado? ¿Qué programas mantendrá y cuáles tendrán que funcionar con menos recursos? El posible recorte de 13,8 billones de pesos al presupuesto de 2026 no es sólo una cifra: expresa prioridades políticas y puede dejar proyectos y programas sin financiación suficiente. Necesitamos saber qué se recorta, qué se queda y quién asume las consecuencias. También debemos examinar si los recursos destinados a la JEP le permiten adelantar en las investigaciones y responder a las víctimas. Para responder estas preguntas necesitamos información, análisis y seguimiento. Sin ellos, la ciudadanía puede indignarse ante lo que ve sin contar con los elementos necesarios para entender las decisiones del Gobierno y vigilar sus efectos.

Después del terremoto, también debemos vigilar cómo se usan los recursos para la reconstrucción. ¿Cómo y a quién contrata el Gobierno? ¿Quién recibe el dinero? ¿Quién verifica sus avances? Los anuncios oficiales no bastan: debemos comprobar qué se hizo, cuánto costó y a quién benefició. La urgencia no justifica que hagamos menos preguntas. Cuando el Estado administra recursos públicos durante una emergencia, debe explicar sus decisiones y permitir que la ciudadanía supervise su ejecución.

Por eso también debemos prestar atención a la directiva presidencial que obliga a los altos funcionarios a coordinar sus entrevistas y declaraciones con la oficina de comunicaciones de la Presidencia. La medida limita su autonomía para responder directamente a los medios. Los comunicados oficiales pueden informar sobre una decisión, pero no responden todas las preguntas. ¿Quién explica las contradicciones? ¿Quién aclara los criterios de una medida o responde por sus consecuencias? Si el Gobierno decide quién puede hablar con los medios y en qué condiciones, resulta más difícil contrastar sus versiones y vigilar su gestión. La ciudadanía necesita acceder a la información y preguntar directamente a quienes toman las decisiones.

Por eso el periodismo no puede limitarse a reproducir los anuncios del poder. Debe preguntar, verificar, contrastar las respuestas e insistir cuando las explicaciones no bastan. Necesitamos periodistas que puedan interpelar al Gobierno e instituciones que expliquen sus actuaciones sin depender de la voluntad del gobernante. Sin esa información, resulta más difícil exigir responsabilidades.

La pregunta no es sólo por qué el Gobierno provoca tanto, sino qué estamos dejando de mirar mientras discutimos cada nueva escena de este espectáculo político. No basta con reaccionar a lo que aparece en pantalla. Debemos seguir las decisiones, revisar los recursos, preguntar por los resultados y exigir explicaciones. El problema no es que haya espectáculo en la política, sino que ocupa tanto espacio que nos deja sin tiempo para examinar el poder.

Tal vez nunca sepamos si cada provocación busca distraernos, pero sí podemos preguntarnos qué queda fuera de nuestra mirada mientras discutimos la polémica del día. Mi preocupación no es sólo qué pretende mostrarnos el poder, sino qué ocurre cuando deja de hablar y empieza a gobernar.

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