En Caro y Cuervo no es caballito de batalla cultural

Hace un par de años tomé una decisión que hoy parece casi una extravagancia: gastarme tiempo, dinero y esfuerzo en estudiar algo que no escogí pensando en cuánta plata podría producirme después. Hace poco recordé esa decisión al conocer la polémica alrededor de Sandra Paola, la mujer que, después de trabajar varios años en un call center, decidió invertir sus ahorros en una maestría en Escrituras Creativas y recibió críticas en redes sociales por una elección que algunos consideraron poco rentable. Al parecer, dedicar años de estudio a algo que no promete un ascenso laboral ni garantiza hacer plata es un desperdicio, a menos que el conocimiento pueda traducirse en ganancias. Yo hice lo mismo. Y déjenme decirles, sin miedo a equivocarme ni a exagerar, que estudiar Escritura Creativa fue una de las experiencias más enriquecedoras y exigentes de mi vida, y que aquellos años estuvieron entre los más nutridos intelectualmente que he vivido.

Mi elección fue la Maestría en Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo. Allí tuve la fortuna de compartir con grandes escritores y escritoras, de encontrar maestras y maestros que hicieron de la escritura una disciplina de pensamiento y de asumir la literatura no como un ejercicio ornamental, sino como una forma de conocimiento, de exploración creativa y de memoria. Mi relación con el Instituto tampoco terminó con el diploma. Tuve la oportunidad de participar en proyectos de escritura comunitaria, de consultar los gruesos tomos del ALEC (Atlas Lingüístico-Etnográfico de Colombia) y de conocer la Imprenta Patriótica. Estas experiencias me permitieron comprender, más allá de los salones, la dimensión de una institución dedicada a investigar, preservar y divulgar las palabras con las que este país se cuenta a sí mismo. Allí entendí que una lengua no es un inventario de palabras correctas y que la literatura no es un catálogo de vidas ejemplares, sino un territorio de preguntas, contradicciones, voces y memorias. Por eso me resulta tan doloroso y, debo decirlo, tan vergonzoso, ver lo que está ocurriendo hoy en una institución que para mí no fue solamente un lugar de formación, sino uno de esos lugares que terminan formando parte de lo que somos.

La preocupación no se limita a las intervenciones del director del Instituto, Sergio Esteban Vélez, sobre escritores como Andrés Caicedo y Gonzalo Arango, que suscitaron críticas por el tono moral con el que se abordaron sus vidas y obras desde los canales oficiales de la institución. Lo que me inquieta ahora es el relato que empieza a construirse alrededor del propio Caro y Cuervo: la idea de que es necesario rescatarlo de una supuesta instrumentalización ideológica porque en él se han abierto discusiones sobre la decolonialidad, las lenguas indígenas y las relaciones entre lenguaje, cultura y poder. Esa narrativa merece ser examinada con cuidado, porque bajo la promesa de recuperar una tradición puede esconderse el intento de deslegitimar preguntas académicas perfectamente necesarias.

En sus declaraciones recientes, Ingrid Betancourt cuestionó el lugar que habría ocupado la decolonialidad en el Instituto durante los últimos años y afirmó que se había presentado el español como una herencia vergonzosa. También preguntó por qué la preservación de las lenguas indígenas debía plantearse como una lucha contra el resto del país. Son asuntos que merecen discusión, pero no podemos aceptar como punto de partida que cuestionar las relaciones entre lengua y poder sea equivalente a avergonzarse del español, ni que estudiar las huellas de la colonización signifique negar la literatura escrita en nuestra lengua. El español es parte fundamental de nuestra historia y de nuestra vida cultural. Reconocerlo no nos obliga a ignorar las otras lenguas que habitan el territorio, ni a dejar de estudiar las relaciones históricas que han determinado cuáles voces se escuchan, cuáles conocimientos se reconocen y cuáles experiencias quedan relegadas.

La decolonialidad, en términos generales, propone examinar cómo las jerarquías heredadas de la experiencia colonial siguen influyendo en la producción del conocimiento, la organización de la sociedad y la valoración de las culturas. Se puede discrepar de sus interpretaciones, discutir sus alcances y cuestionar sus métodos. Precisamente para eso existen las instituciones académicas. Lo que resulta inaceptable es convertir una perspectiva de investigación en una señal automática de adoctrinamiento, como si estudiar críticamente nuestra historia equivaliera a traicionarla. No hay nada de vergonzoso en preguntarnos cómo usamos la lengua, qué relaciones de poder se reproducen en ella y de qué manera las palabras contribuyen a construir la realidad que compartimos. Esas preguntas no destruyen una lengua: amplían nuestra comprensión de ella.

Una lengua nos permite comunicarnos, reconocernos y transmitir una herencia cultural, pero también es un espacio de disputa. Las palabras no se limitan a describir el mundo. Contribuyen a organizar nuestra percepción de él. Las categorías con las que nombramos a una comunidad, una víctima, una familia o una identidad pueden hacer visibles ciertas experiencias y dejar otras en los márgenes. Examinar ese proceso no significa aceptar que todas las interpretaciones sean igualmente válidas ni que debamos renunciar a los hechos. Supone entender que la realidad tiene matices y que nuestras formas de representarla deben estar abiertas a la revisión, la evidencia y la discusión. No necesitamos sustituir una versión oficial por otra; necesitamos instituciones capaces de estudiar las distintas versiones, examinar sus fundamentos y permitir que la ciudadanía comprenda sus diferencias.

Por eso me preocupa que la controversia alrededor del Caro y Cuervo se inscriba en una batalla cultural que presenta determinadas corrientes intelectuales como amenazas y promete devolverle a la institución una supuesta pureza perdida. El problema no es que un gobierno quiera discutir las políticas culturales de sus antecesores, revisar programas o exigir rigor académico. Tiene derecho a hacerlo. El problema aparece cuando la revisión se convierte en una cruzada para señalar como sospechosos a quienes piensan distinto, cuando se descalifican enfoques completos antes de discutir sus argumentos y cuando la diversidad intelectual se presenta como un peligro que debe ser erradicado. Gobernar no es borrar las preguntas del adversario ni convertir a una parte del país en enemiga de la nación.

La misma preocupación se hizo visible con el retiro de más de treinta piezas de las salas del Museo Nacional de Colombia. Entre los objetos retirados había elementos relacionados con las luchas feministas, la población LGBTIQ+, las víctimas de la violencia política y el proceso de paz. La Ministra de Cultura defendió la decisión con el argumento de que un museo público no puede servir al adoctrinamiento ni difundir versiones sesgadas de la historia. Sin embargo, la pregunta fundamental permanece: ¿quién decide qué memoria es sesgada y con qué criterios se establece qué historias pueden ocupar las salas de un museo? Una exposición puede y debe ser discutida. Las decisiones curatoriales pueden revisarse y sus argumentos deben estar a disposición del público. Pero si la respuesta a una diferencia de interpretación consiste en retirar objetos, en lugar de explicar su contexto y discutir su significado, corremos el riesgo de confundir la revisión crítica con la eliminación de aquello que incomoda al Gobierno.

La historia del edificio del Museo Nacional vuelve aún más elocuente esta discusión. El antiguo Panóptico de Bogotá, concebido como una penitenciaría para vigilar y encerrar, se transformó en un espacio de conservación, investigación y encuentro con la memoria nacional. Esa transformación nos recuerda que la historia no es un relato inmóvil ni una colección de verdades que deban protegerse de cualquier interrogante. También nos recuerda que los espacios públicos pueden cambiar de sentido y que una sociedad tiene la responsabilidad de volver sobre su pasado para comprenderlo de otra manera. Un museo no existe para tranquilizarnos con una imagen complaciente del país, sino para ofrecernos huellas, objetos y testimonios que nos ayuden a entenderlo, incluidas las partes de esa historia que preferiríamos no mirar.

El retiro de las piezas no es igual a la controversia del Instituto Caro y Cuervo. Sería un error tratarlos como si fueran el mismo episodio. Sin embargo, ambos plantean una pregunta sobre la relación entre el poder y las instituciones culturales: ¿deben éstas reproducir la interpretación histórica y moral de quienes gobiernan o conservar la autonomía necesaria para investigar, exponer y discutir asuntos que pueden resultar incómodos? La memoria colectiva no pertenece a una administración, del mismo modo que una lengua no pertenece a quienes pretenden fijar sus usos legítimos. Cuando un gobierno convierte sus desacuerdos con determinadas corrientes intelectuales en una campaña para desacreditarlas, y cuando la revisión cultural empieza a traducirse en la exclusión de objetos y relatos, se hace necesario defender el derecho de la sociedad a conocer su historia sin que una autoridad decida de antemano qué debe pensar de ella.

Esa defensa no significa que las instituciones culturales sean infalibles ni que deban permanecer inmunes a la crítica. Significa que las críticas deben fortalecer su trabajo, no reducirlo a una disputa ideológica. En el Caro y Cuervo hay docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores que han dedicado sus esfuerzos al estudio de la lengua, la literatura y el patrimonio cultural colombiano. Su trabajo no puede quedar resumido en una controversia sobre las preferencias de un director ni en una acusación general contra las perspectivas que han orientado determinadas investigaciones. Defender al Instituto es reconocer el valor de nuestra comunidad académica y proteger las condiciones para que pueda seguir trabajando con rigor, independencia y apertura intelectual. Ningún director es dueño de la institución que dirige y ningún gobierno debería confundir la autoridad administrativa con el derecho a establecer una doctrina cultural.

Lo que me preocupa es que, en nombre de combatir el adoctrinamiento, terminen imponiendo una versión “oficial” de nuestra historia. Reconocer las injusticias del pasado no significa rechazar toda la tradición que heredamos, así como defender el español no exige desconocer las lenguas indígenas ni las relaciones de poder que han marcado sus historias. Podemos discutir estas cuestiones sin convertir las diferencias en una guerra contra quienes piensan distinto. Para eso necesitamos instituciones que investiguen, contrasten argumentos y permitan el debate, no autoridades que decidan qué voces merecen ser escuchadas y cuáles deben desaparecer del relato nacional.

Quizá por eso me duele tanto lo que ocurre en el Caro y Cuervo. No defiendo una institución porque crea que deba permanecer inmune a la crítica, sino porque conozco, al menos en parte, la riqueza de su trabajo y la importancia de sus docentes. Allí aprendí que escribir también es escuchar, que estudiar una lengua implica acercarse a las formas en que las personas habitan el mundo y que la literatura no se agota en las conclusiones morales que alguien quiera extraer de ella. Allí comprendí que las palabras guardan memorias, conflictos y maneras distintas de nombrar la experiencia. Por eso quiero que el Instituto siga siendo un lugar donde esas diferencias puedan investigarse, discutirse y enseñarse, no una institución obligada a demostrar su fidelidad a la visión de quien ocupe el poder.

La casa de las palabras, como el propio Instituto se ha llamado, no puede convertirse en el púlpito de quien la dirige ni en el instrumento de una batalla cultural. Debe ser un lugar donde la lengua se estudie sin miedo, donde las herencias se reconozcan sin idealizarlas y donde la memoria pueda revisarse sin que revisar signifique borrar. Una casa así debe dar cabida a las voces que se contradicen, a las historias incómodas y a las preguntas que todavía no tienen respuesta. Porque preservar nuestra lengua y nuestra memoria no significa congelarlas en una versión oficial, sino mantenerlas vivas, abiertas a la discusión y disponibles para quienes todavía tienen mucho que decir sobre este país.

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