A mediados de marzo el penalista Julián Quintana, quien es el apoderado de la empresa Helicol, anunció que iba a instaurar una demanda en contra de Ecopetrol por, al parecer, haber favorecido irregularmente a otra compañía durante más de una década con el millonario contrato para el transporte aéreo de la petrolera. Al final, esa advertencia no solo se terminó materializando, sino que llevó a la Fiscalía General de la Nación a abrir una investigación penal contra Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol que le tendrá que sumar otro enredo a su cuenta.
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El contrato para ser la empresa que le brinda el servicio de transporte aéreo a Ecopetrol es uno de los más apetecidos por cualquier empresa del sector; sin embargo, desde 2011 y hasta la fecha hay una en particular que se ha adjudicado siempre las licitaciones. Se trata de Helistar, fundada por Orlando Cabeza Peñaranda a finales de los 90s. Esto es algo que desde el comienzo ha disgustado a su competencia, que siempre ha acusado una presunta competencia desleal argumentando que en los procesos de contratación se han solicitado requisitos injustos y no ha habido reglas claras.
Pero, la que realmente se ha dedicado a denunciar las supuestas irregularidades en el vínculo entre Ecopetrol y Helistar es Helicol
Esta es la empresa más antigua del sector que viene ofreciendo el servicio de transporte en helicóptero desde 1955. Ellos, que están en medio de un proceso de reorganización, lograron que la Superintendencia de Industria y Comercio y la Procuraduría le pusieran la lupa al asunto, logrando así que la petrolera abriera una nueva licitación el año pasado y que finalmente decidiera partir el contrato a la mitad.
Así pues, Helistar se quedó con la operación de dos de las bases de Ecopetrol en el país y Helicol con una, la de Paz de Ariporo en Casanare. No obstante, los problemas no terminaron allí, puesto que Helicol se encontró con numerosos obstáculos que le imposibilitaron comenzar a ejercer sus labores hasta meses después, lo que llevó a la petrolera a terminar el acuerdo anticipadamente alegando incumplimientos contractuales.
Julián Quintana, quien fue director del CTI, se mantiene firme en su posición de que las condiciones contractuales fueron diseñadas para favorecer a Helistar y, además, pide para Helicol una indemnización cercana a los $80.000 millones. Ante esto, Ricardo Roa le tendrá que responder a la Fiscalía, lo que se le suma a la investigación que tiene activa en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro de la que fue gerente, proceso que ya entró en su recta final.
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