En Colombia, de las 42 cajas de compensación familiar registradas, 11 se encuentran, de momento, intervenidas o bajo medidas de vigilancia de la Superintendencia del Subsidio Familiar, entidad dirigida actualmente por la abogada Edna María Tafur Mejía.
Una de las más grandes bajo la figura de agente interventor es Comfenalco Antioquia, que cuenta con cerca de 436.943 trabajadores y 22.879 empresas afiliadas, con un impacto superior a 885.691 personas entre trabajadores y sus familias.
La intervención de otras EPS, un sistema de salud en crisis
En 2025, las cajas de compensación familiar administraron en conjunto cerca de $14,1 billones, recursos derivados del aporte equivalente al 4% de la nómina que las empresas deben girar por cada trabajador. Dicho volumen de recursos explica la importancia económica y social de estas entidades dentro del sistema de protección social colombiano.
La última caja intervenida fue Comfamiliar Atlántico, que cuenta con más de 278.000 afiliados y beneficia a una población cercana a 601.000 personas. La intervención se produjo el pasado 7 de julio de 2026 y quedó establecida mediante la Resolución 052 de la Superintendencia del Subsidio Familiar, con una duración inicial de 12 meses.
Aunque la Superintendencia fue la entidad pública que ordenó la intervención, en ese momento estaba adscrita al Ministerio del Trabajo y bajo la dirección de Antonio Eresmid Sanguino Páez, quien actuó como superintendente encargado.
Para entonces, ya se habían adoptado decisiones similares sobre Comfacor, en Córdoba; Comfamiliar Cartagena y Bolívar; Comfamiliar Nariño; Comfamiliar Huila; Cafaba, en Barrancabermeja; Comfamiliar de La Guajira; Comfenalco Antioquia y Comfiar, en Arauca.
A dichas intervenciones se sumó la parcial sobre Comcaja, la Caja de Compensación Familiar Campesina.
Las intervenciones administrativas y totales, ejecutadas de manera progresiva desde 2022, pueden implicar la remoción inmediata del director administrativo, los miembros del consejo directivo y la revisoría fiscal de las entidades.
Dicha situación ha generado preocupación entre las organizaciones que agrupan a las cajas, entre ellas la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), encabezada por Adriana María Guillén Arango.
Las EPS intervenidas reclaman garantías en el proceso
Desde el sector se han planteado inquietudes relacionadas con la pérdida prolongada de autonomía corporativa y las garantías del debido proceso, entre otros aspectos. En este contexto, la llegada de un nuevo gobierno abre expectativas sobre el futuro de las cajas y su relación con el Estado.
La gestión de Edna María Tafur Mejía busca, de momento, poner el foco en iniciativas como los subsidios de arrendamiento y los auxilios de emergencia para población afectada por desastres naturales. También se han planteado modificaciones destinadas a fortalecer programas de transferencias y atención a la vejez, entre ellos el incremento del programa Colombia Mayor.
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