El senador Álvaro Uribe Vélez expuso en la plenaria del senado lo siguiente: “tenemos una diferencia de fondo, somos unos que no creemos en la economía de reparto, pero sí creemos en la economía de crecimiento con inclusión”. Ahora pues, es bueno revisar lo que sucedió durante su gobierno para ver si podemos o no validar su hipótesis.
Un punto importante de la tesis económica que se manejó durante esa época y que se retoma actualmente es que el crecimiento económico mejora las condiciones sociales, a pesar de la inexistencia de estudios rigurosos que demuestren esto y de los resultados mostrados durante el gobierno colombiano del 2002-2010. En este el crecimiento económico pasó del 1,9 al 6,8 del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, con este crecimiento no hubo cambios sustanciales del gasto en educación, salud, vivienda, protección y seguridad a los registrados en gobiernos anteriores.
Lo anterior llevó a que las cifras de pobreza, indigencia y desigualdad, publicadas al final de los ochos años de gobierno de Álvaro Uribe, reflejaran la misma situación que diez años atrás, como se expuso en el artículo La economía que deja Uribe: promesas vs. avances. Ahí se resaltaba que, al final del ciclo de ocho años de gobierno, el 45,5% de la población vivía bajo la línea de pobreza y el 16% de los ciudadanos del país vivían en condición de indigencia. Por su parte, el coeficiente Gini, una medida de desigualdad que fluctúa entre 0 y 1 (donde 0 correspondería a una perfecta igualdad y 1 correspondería a una perfecta desigualdad), era de 0,578, muy cercano al que tenía Colombia 20 años atrás.
Cabe decir que algo llamativo y que se logró durante el gobierno fue la reducción de la tasa de desempleo, que en el 2002 era de 15,5 % y en el 2010 fue de 11,8 %. De hecho, un punto importante que aparece en dos trabajos que investigación que estudian las políticas laborales de este gobierno (Política pública laboral del gobierno de Álvaro Uribe 2002-2010 y Balance económico de la administración Uribe primer periodo: 2002-2007) es que la disminución del desempleo pudo deberse no al crecimiento económico, sino a la reforma laboral que se realizó en el 2002 con la ley 789, que consistía en dar mayor flexibilización del mercado de trabajo, lo que provocó una reducción del costo salarial. De hecho, en la primera publicación se menciona: “la relativa mejora de trabajo en el gobierno de Álvaro Uribe no debe ser motivo de satisfacción, pues hay evidencia de que los puestos laborales creados han sido empleos precarios, inestables, mal remunerados y por lo tanto de baja productividad”.
Por lo tanto, a la pregunta "¿cuál es el balance de la hipótesis de que la economía de crecimiento con inclusión es la mejor forma de cambiar la desigualdad en Colombia?" se puede responder lo siguiente: que es nula y que lastimosamente, como concluye uno de los trabajos, “la expansión económica no se aprovechó” y esto fue debido a que no hubo inclusión.
Entonces, queda la siguiente pregunta: ¿cuál es el mejor mecanismo para combatir la pobreza y la desigualdad? Para esto el Banco Mundial da cinco medidas:
1) Desarrollo y nutrición de primera infancia.
2) Acceso universal a educación de calidad.
3) Cobertura universal en salud.
4) Tributación progresiva.
5) Infraestructura rural.
Por lo tanto, no es posible que del presupuesto nacional, que es de 235 billones de pesos, solo se destinen 37 billones a educación, 24 a salud y solo 11 billones a inclusión social.
Si deseamos tener cambios de fondo, uno de ellos es cómo manejamos la economía del país y cuánto invertimos en educación y salud. No es viable una sociedad en la que el costo de la corrupción sea mayor que el de educación.
