"No es solidaridad, no es generosidad; es miedo"

¿Por qué lo que se hace ahora no ha sido nunca una política de estado sostenida encaminada a mejorar las duras condiciones de vida de la mayoría de los colombianos?

Por: Raymundo Gomezcásseres
marzo 29, 2020
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Foto: IPES

Las últimas medidas económicas del gobierno para enfrentar la crisis (que apenas empieza) desatada por el Coronavirus parecieran ser el resultado de una política de estado apoyada en la inclusión social y el respeto de los derechos civiles y humanos. Pago puntual y subsidios extras a los integrantes del programa familias en acción, ampliación de los recursos destinados a los adultos mayores, y fortalecimiento de los correspondientes a jóvenes en acción; creación de subsidios para los trabajadores informales (vendedores ambulantes, mensajeros, lustrabotas, recicladores, etc), así como para los habitantes de calle y personas pertenecientes al nivel más bajo de la escala laboral y social, el de la llamada pobreza absoluta. La verdad sea dicha, regocija ver en televisión la alegría de familias enteras de condición humilde mostrando los mercados que han recibido como ayudas, o que han podido comprar con los 240.000 pesos recibidos en los últimos días. Con ellos deberán satisfacer las necesidades básicas: alimentación, arriendo, servicios, transporte, etc... ¿Durante cuánto tiempo?

Igual de plausible resulta observar como la infraestructura hospitalaria y de servicios generales de salud se ha fortalecido con medidas radicales: adecuación de hoteles de la mafia que habían sido asignados a la Dirección nacional de Estupefacientes, y que esta a su vez, administraba (o había entregado) con  propósitos de desarrollo hotelero, recreativo y turístico para estratos intermedios y altos de la sociedad, y que han sido destinados (mejor, adecuados provisionalmente) como hospitales previendo una ampliación de la cobertura de contagiados por el virus; recuperación de enormes clínicas que ya habían sido abandonados  a la desidia, propiedad de 'E-P-eses' en proceso de liquidación; refacción de otras que hasta hace unas semanas eran elefantes blancos producto de la corrupción y el desgreño político administrativo. Por mencionar solo unos cuantos casos en este aspecto. Todo lo anterior se ha hecho en cuestión de días; sin leyes que lo reglamenten (afortunadamente el congreso está cesante), sin tramitología burocrática, sin mermelada ni mordidas presupuestales, con un costo de billones de pesos... Que, ahora nos enteramos, ¡estaban ahí! ¡Que se podían usar!

Algunas preguntas que emergen de esta pandemia de decisiones ejecutivas (presidenciales, ministeriales, y de otro rango) son, entre otras: ¿por qué solo cuando el coronavirus sacude los cimientos de la economía nacional se echa mano a esos recursos? Porque se trata de una emergencia, de una crisis, dirá alguien. De acuerdo, digo yo; pero replico:  ¿en qué momento de la historia de Colombia los humildes y desamparados, (condenados de la tierra, los llamó Franz Fanon), hoy denominados "vulnerables", no han estado en crisis por el desempleo, la falta de oportunidades y de educación, por la carencia de vivienda digna, por las pésimas condiciones en la prestación del servicio de salud, por la mala alimentación, por el abandono generalizado? ¿Por qué lo que se hace ahora en plena crisis viral no ha sido nunca una política de estado sostenida y permanente encaminada a mejorar de una vez para siempre las degradantes condiciones de vida de la mayoría de los colombianos, especialmente, si como va quedando demostrado a medida que los sucesos ocurren, los recursos existen?

Llegado a este punto es donde aventuro mi respuesta personal a la que considero la causa principal de un despliegue tan de bombos y platillos, tan de pitos y maracas, de solidaria generosidad del gobierno con los sectores vulnerables. Sospecho que tras esa apariencia se esconde el miedo visceral a una explosión social que termine en motines y saqueos más destructivos que el coronavirus, el ébola, el sar, la peste bubónica, y la fiebre española juntos. Lo que perdería la clase política, el sector financiero (cuya mezquindad en la coyuntura ha quedado probada), y el 90% del sector empresarial, sería muy grande en comparación con las migajas representadas en los billones de pesos destinados a contener una violencia que nada ni nadie podría evitar si se desencadenara, y que aún no se puede ni debe descartar del todo.

No sería justo colocar el punto final de esta ya extensa (ofrezco excusas) 'nota ciudadana', sin destacar el altruismo, y eso sí, la solidaridad y la generosidad de empresas como Cementos Argos, Arturo Calle, Colombina, Crepes & Waffles, Cine Colombia, y que me disculpen las que olvido, cuya actitud merece el reconocimiento, la admiración, y el agradecimiento de todos los colombianos.

Coletilla en negritas: el Ministro de Minas y Energía, los ejecutivos y "científicos" de Ecopetrol, el presidente Iván Duque... Todos ellos y los demás defensores del 'fracking' en el mundo y en nuestro país, deberían lavarse las manos con petroleo, no con agua y jabón.

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