Creo y defiendo la institucionalidad, aun cuando no siempre haga lo que yo hubiera hecho. Y lo hago con total convicción.
Cuando un funcionario, incluso con la idea de que va a hacer lo correcto, se auto habilita para hacer aquello para lo que la ley no lo ha facultado, traiciona con ello los valores más preciosos de nuestras creencias comunes.
Así, si el Gobierno hace por decreto lo que debe hacerse por ley; si un director o superintendente expide una resolución que no se somete a las disposiciones superiores; si un juez no se abstiene de incursionar en campos no regulados; o si un congresista pretende coartar lo que corresponde al judicial o al ejecutivo, iremos por un mal camino. Y la historia nos ha mostrado que, si esa línea de acción toma vuelo, puede costarnos varias generaciones retomar el rumbo.
Los colombianos creemos en la separación de poderes, en la igualdad de los seres humanos y en la democracia representativa.
Para que esos principios, tan valiosos, se hagan realidad, cada servidor público debe hacer lo que le corresponde, limitándose a lo previsto para el cargo que ejerce y absteniéndose de saltarse las normas para, en su opinión, hacer lo que está bien.
La separación de poderes existe en la medida en que lo que se hace en cada uno es complemento y control de lo que se hace en los demás. El Congreso, las asambleas y los concejos municipales desarrollan la ley y expiden normas. El presidente, los gobernadores y los alcaldes ejecutan lo dispuesto en esas reglas. Y los jueces dicen lo que la ley señala y corrigen el rumbo cuando no se interpreta o aplica bien.
Cuando uno de ellos se pone por encima de esa división de funciones, traiciona la democracia
Por sí y ante sí decide que está en mejor condición de decidir, ejecutar o juzgar que el proceso que partió del pueblo. Así, se vulnera la separación de poderes y se erosiona la democracia.
Al desconocer lo que sí siguió el proceso, alguien, sin haber sido investido para ello por sus iguales, los traiciona y los niega. Los desprecia al imponer su voluntad por encima de la opinión legítima de la sociedad.
Y, más grave aún, lo hace abusando de la confianza que sus iguales le habían depositado al ponerlo en el gobierno, en una curul o en la magistratura. Muy mal.
Creo, además, que todos creemos en la democracia representativa. Así las cosas, los órganos legislativos son la voz de todos. Cada decisión que toman, la toman por nosotros. Por el contrario, a muchos funcionarios y jueces no los elegimos. Ellos están para cumplir la voluntad del pueblo expresada en las normas. Cuando no lo hacen, incluso si creen que es por nuestro bien, nos dan la espalda y, con ello, destruyen la fe en la democracia tal como la concebimos en la Constitución Política.
También creo que todos pensamos que los seres humanos somos iguales. Pues bien, quien se pone por encima de la ley, aun si es para imponer a los demás lo que considera correcto, no lo cree así. Quien se siente iluminado para decidir el bien y el mal, o para resolver lo que se hará o no en contra de lo que sus congéneres ya han decidido por vía institucional, actúa como quien se corona a sí mismo. Como Napoleón, se pone el gorro de emperador, ignorando a los demás, a sus iguales, a quienes se debía.
No se trata entonces de formalidades o de “leguleyadas”. La a veces desprestigiada institucionalidad es, en realidad, el conjunto de principios, procedimientos y reglas que nosotros mismos hemos creado para que prevalezca aquello que entendemos como el bien común.
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