Texto escrito por: Nerio Luis Mejía
El pasado miércoles 10 de junio de 2026, mediante un video que circuló en redes sociales, las disidencias del cuarto frente de las FARC —pertenecientes al Bloque Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte— admitieron el asesinato de cuatro personas ocurrido entre los días 6 y 7 de junio en la vereda Las Camelias, municipio de Remedios (Antioquia). Las víctimas, dos hombres y dos mujeres, fueron señaladas por los ilegales de ser cuidadores y auxiliadores de paramilitares.
El país conoció los hechos a través de imágenes que mostraban a las cuatro personas en estado de indefensión, amarradas y posteriormente ejecutadas de manera fría. Este crimen abre un debate sobre el tratamiento de las conversaciones de paz que se adelantan con esta estructura criminal. A pesar de los reiterados delitos perpetrados por esta facción disidente, al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, principal comandante del autonavengado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), los colombianos nos preguntamos: ¿por qué, a pesar de los crímenes graves cometidos por sus hombres y mujeres, el Gobierno continúa sentado en la mesa de conversaciones con ellos? ¿Acaso estamos frente a negociadores con licencia para matar?
El 26 de mayo de 2026, esta misma estructura protagonizó un enfrentamiento en las selvas del Guaviare contra otra disidencia liderada por alias Iván Mordisco, considerado el criminal más perseguido del país. El choque dejó más de medio centenar de muertos; Medicina Legal recuperó 48 cuerpos para su identificación, entre ellos 11 menores de edad.
Los hombres de Calarcá han demostrado una capacidad militar que les ha permitido expandirse por varias regiones del país, disputando territorios a sangre y fuego con otras estructuras criminales. Todo ello con el propósito de controlar las rentas derivadas de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Han hecho lo que han querido, aprovechando las conversaciones de paz que adelantan con el actual Gobierno.
¿O acaso estos hechos, que constituyen crímenes de guerra, están bajo el paraguas de las negociaciones en nombre de la “paz total”? Una propuesta que se desmorona con el paso de los días, al igual que los cuerpos de las víctimas que deja la mano homicida de este cabecilla y su estructura, sembrando terror en Colombia.
Los hombres de alias Calarcá son los mismos que, desde el 16 de enero de 2025, se enfrentan en el Catatumbo con el ELN. Estos choques han dejado un número incuantificable de víctimas y afectaciones directas sobre la población civil, desencadenando el mayor desplazamiento en la historia del país. Incluso han utilizado drones acondicionados para lanzar explosivos, que han impactado bienes de la población civil.
Es importante adelantar conversaciones de paz, pero es un imperativo establecer reglas claras que permitan desescalar la confrontación. Lo contrario es lo que ocurre hoy: mientras el gobierno de Gustavo Petro arriesga su capital político en aras de alcanzar la esquiva paz, los actores armados responden con más violencia. Esto desdibuja las intenciones de las mesas de diálogo y valida el interrogante: ¿existen actores con licencia para matar? Nada justifica la muerte de personas y, mucho menos, continuar sentado con los criminales.
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