Tunja atraviesa una coyuntura política inédita en Colombia: es gobernada por el primer alcalde extranjero elegido por voto popular, mientras su elección sigue bajo revisión judicial y su administración avanza en medio de investigaciones penales sin resolución definitiva.
El caso de Mikhail Krasnov no solo interpela al mandatario. Pone a prueba la capacidad del Estado colombiano para ofrecer respuestas oportunas cuando la legitimidad del poder local permanece en entredicho.
Una excepción política que dejó de ser anecdótica
Que un ciudadano extranjero gobierne una capital departamental ya no es una curiosidad. Es un hecho político con implicaciones institucionales. Krasnov es el primer ruso en ocupar una alcaldía en Colombia y también es un mandatario cuya permanencia en el cargo se da bajo un escenario de incertidumbre jurídica, por fallo de la Procuraduría General de la Nación, al comprobar irregularidades en su inscripción y posesión como candidato —estuvo inhabilitado por contrato previo— y violación del régimen de inhabilidades. Los procesos de nulidad electoral siguen sin fallo definitivo.
Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones por presuntos delitos como interés indebido en la celebración de contratos y amenazas vinculadas a estos, tráfico de influencias y fraude procesal. Nada de esto ha sido resuelto de fondo. El resultado es una ciudad administrada en modo interino, aunque formalmente no lo esté.
Justicia lenta, poder estable
En otros sistemas políticos, los procesos contra altos funcionarios suelen resolverse con mayor celeridad o generan consecuencias políticas inmediatas. En Colombia, la dilación se ha normalizado. Y esa normalización tiene efectos concretos: permite que las administraciones continúen, que las decisiones se tomen y que el tiempo se convierta en una estrategia de supervivencia política.
La pregunta incómoda no apunta al origen del alcalde, sino al funcionamiento del sistema:
¿Qué dice de la justicia colombiana que un mandatario investigado gobierne durante meses, o años, sin definiciones claras?
Si Krasnov enfrentara procesos similares en su país de origen, ¿seguiría ejerciendo el cargo en las mismas condiciones? El interrogante no busca una comparación cultural fácil, sino exponer una realidad local: la fragilidad de los tiempos judiciales frente al poder político.
Estratificación: cuando el número cambia y la realidad no
En medio de este escenario, Tunja afrontó la implementación de una nueva estratificación socioeconómica. El ajuste modificó la clasificación de numerosos hogares sin que ello representara una transformación real en sus condiciones de vida.
En palabras que se repiten en barrios y conversaciones cotidianas: “el estrato cambió, pero la realidad económica no”.
Más allá de su carácter técnico, la estratificación tiene efectos administrativos y fiscales que impactan directamente a la ciudadanía. El debate no es solo metodológico; es social. ¿Hasta qué punto la reorganización reflejó la realidad material de la ciudad? ¿Y por qué se implementó en un momento de alta incertidumbre institucional?
Resultados en espera
La comunicación del alcalde ha privilegiado la visibilidad digital. Videos, recorridos, anuncios y publicaciones que buscan mostrar gestión y presencia institucional. No desde la confrontación abierta, sino desde la exposición constante de acciones de gobierno.
El problema no es la estrategia. Es la expectativa.
Para una parte significativa de la ciudadanía, la gestión comunicada aún no se traduce en transformaciones estructurales ni en respuestas claras a los temas más sensibles: los procesos judiciales, la estabilidad administrativa y el impacto real de decisiones como la estratificación.
Los contenidos circulan. Las certezas, no tanto.
¿Qué le debe Tunja a su alcalde?
La pregunta se impone sin estridencia, pero con urgencia. No es ideológica. No es personal. Es institucional. ¿Le debe paciencia mientras la justicia decide? ¿Le debe respaldo mientras los procesos avanzan sin plazos claros? ¿O le debe, ante todo, explicaciones y resultados?
El caso Krasnov dejó de ser una rareza política. Hoy es un espejo incómodo sobre cómo funciona, o se aplaza, la rendición de cuentas en Colombia. Tunja sigue gobernada. Pero también sigue esperando.
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