La escena que se desarrolla este comienzo de 2026 es histórica, compleja y profundamente conflictiva: Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos tras una operación militar, comparecerá hoy ante una corte federal en Nueva York acusado por delitos de narcotráfico y asociación criminal. La trama, sin embargo, no es solo venezolana: Colombia ocupa un lugar central en el expediente judicial como territorio de paso y conexión de redes transnacionales que Washington califica de “narcoterroristas”.
Los cargos que enfrentará Maduro
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado cargos formales contra Nicolás Maduro –junto con su esposa, Cilia Flores, y otros colaboradores– por narco-terrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión ilegal de armas, entre otros delitos. El documento judicial, basado en una indictment desclasificado tras su captura, describe una presunta cooperación de altos funcionarios venezolanos con carteles y grupos criminales para canalizar drogas hacia el mercado estadounidense a través de corredores regionales. AP News
La acusación sostiene que Maduro lideró una red que facilitó el envío de toneladas de cocaína utilizando rutas aéreas y marítimas, y que incluyó vínculos con organizaciones como el Cartel de Sinaloa y la mafia venezolana Tren de Aragua, además de una cooperación logística con grupos armados colombianos, activos en zonas fronterizas. New York Post
La tesis central de la fiscalía es clara: Maduro habría sido uno de los jefes del llamado “Cartel de los Soles”, una estructura integrada por altos mandos militares venezolanos que facilitó, protegió y coordinó el tráfico de toneladas de cocaína desde Colombia, atravesando Venezuela, con destino final a Estados Unidos y Europa.
La comparecencia judicial
A diferencia de las apariciones públicas grandilocuentes que caracterizaron a Maduro durante su mandato, su comparecencia en la corte federal de Manhattan será un acto sobrio y técnico: lectura de cargos, presentación de pruebas, designación de abogados y fijación de fechas procesales. No habrá discursos ni declaraciones políticas; allí lo que prima es la lógica del debido proceso penal estadounidense. The Guardian
El proceso judicial contra Maduro no será rápido. Tras la audiencia inicial —de carácter meramente procedimental— el caso entra en una fase de audiencias pre-juicio, intercambio de pruebas y presentación de mociones legales. En el sistema federal estadounidense, especialmente en casos complejos y transnacionales, estos procesos suelen extenderse.
Si Maduro decide rechazar cualquier acuerdo y enfrentar un juicio completo, expertos legales estiman que el proceso podría tardar entre uno y dos años, o incluso más, dependiendo de apelaciones, debates sobre jurisdicción o intentos de alegar inmunidad como exjefe de Estado.
Si Maduro decide rechazar cualquier acuerdo y enfrentar un juicio completo, expertos legales estiman que el proceso podría tardar entre uno y dos años, o incluso más, dependiendo de apelaciones, debates sobre jurisdicción o intentos de alegar inmunidad como exjefe de Estado.
Colombia en el expediente: un rol transfronterizo
Aunque los cargos son contra ciudadanos venezolanos, los documentos judiciales señalan con claridad que gran parte de la cocaína que terminó en los Estados Unidos tenía origen en territorios productores de Colombia y pasaba por rutas que implicaban coordinación logística a través de Venezuela, algo que la fiscalía define como un esquema transnacional. New York Post
Colombia ha sido durante décadas un país productor y exportador de cocaína, con presencia de grupos armados como el ELN y disidencias de las FARC que operan en áreas fronterizas. Según expertos y documentos judiciales, ese nexo geográfico facilitó una intersección entre organizaciones colombianas y redes criminales venezolanas, algo que ahora forma parte de la narrativa jurídica de Washington. AP News
Escenario regional: del juicio de Maduro a amenazas contra Colombia
La captura de Maduro y su traslado a Nueva York se enmarca en una situación de creciente tensión entre Estados Unidos y varios países de América Latina. El presidente Donald Trump no ha limitado sus declaraciones a Venezuela: ha acusado públicamente al gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro de permitir el crecimiento de la producción de cocaína y ha insinuado acciones aún más agresivas contra Colombia si se considera necesario combatir el tráfico de drogas. Reuters
Trump calificó al gobierno colombiano como “muy enfermo, gobernado por un hombre que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”, y al ser preguntado sobre la posibilidad de una operación militar en Colombia, respondió que “suena bien para mí”. Reuters
El presidente Gustavo Petro ha rechazado con firmeza estas declaraciones. En mensajes públicos, Petro ha solicitado a Trump “dejar de calumniar” y ha subrayado que ni su nombre ni el de su administración aparecen en registros judiciales colombianos vinculados con narcotráfico. Infobae
En un evento militar en Bogotá, Petro advirtió que Colombia no se dejará intimidar y que rehusará cualquier amenaza externa, afirmando que “defenderemos la soberanía con nuestra vida”. Infobae
Además, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado oficial rechazando las declaraciones del mandatario estadounidense, afirmando que constituyen una intervención indebida en asuntos internos y que atentan contra los principios de soberanía y respeto mutuo consagrados en el derecho internacional.
Las tensiones han escalado tanto que Colombia ha reforzado la seguridad del presidente Petro ante lo que califican de “presiones externas”, y ha habido llamados a la unidad regional frente a lo que algunos describen como una nueva doctrina de intervención hemisférica de Estados Unidos en la era Trump. Infobae
En conclusión, el proceso judicial contra Nicolás Maduro representa un evento sin precedentes: un exjefe de Estado sometido a la justicia penal de otro país por delitos transnacionales de narcotráfico y conspiración. El episodio desnuda, además, las complejas interacciones entre dinámicas criminales, redes políticas y tensiones geopolíticas en el continente.
Colombia aparece no como un actor periférico sino como parte integral de la geografía del crimen global, aunque el conflicto actual entre Washington y Bogotá se sitúa más en el terreno de la disputa política y diplomática que en evidencias judiciales firmes que vinculen directamente al presidente Petro con redes criminales. La respuesta colombiana se ha concentrado en la defensa de la soberanía y en llamar al diálogo frente a un contexto de creciente presión externa.
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