Macroeconomía de la educación superior en Colombia: desfinanciación que conduce a la privatización

El déficit presupuestario alcanza los $18 billones: $3,2 billones para funcionamiento y $15 billones para inversión.

Por: Leonardo Andrey Barreto Gómez
noviembre 16, 2018
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Macroeconomía de la educación superior en Colombia: desfinanciación que conduce a la privatización
Foto: JuanGris (Lucía Estévez) - CC BY-SA 3.0

Se suele confundir en la opinión pública el presupuesto general de educación de $41 billones con el de la educación superior, destinado al Sistema Universitario Estatal (SUE), al cual le corresponden tan solo $125.000 millones de funcionamiento y $300.000 millones de inversión para las universidades públicas, institutos técnicos y tecnológicos, Icetex y Generación E para el 2019, de los $258,9 billones de pesos totales.

Esto es muy grave, teniendo en cuenta que el déficit de funcionamiento de las universidades públicas de Colombia es de $3,2 billones, $1,3 en los institutos técnicos y tecnológicos, y $15 billones de inversión desde 1993. Sin embargo, el gobierno ha dicho que solo aportará $500.000 millones para funcionamiento en cuatro años, que distribuidos en 61 instituciones de educación superior, incluyendo instituciones técnicas y tecnológicas, termina siendo tan solo 2.049 millones por cada una, contrastando con los $4,5 billones que se necesita para el funcionamiento de todo el SUE y $1,2 billones respecto a los $15 billones de inversión.

Hasta el momento, la mayor investigación sobre el financiamiento de la educación superior en Colombia después de la ley 30 de 1992 la ha llevado a cabo el SUE, adelantando los estudios demostrativos de la situación. Para ello se conformaron comisiones de vicerrectores administrativos y financieros, los cuales han arrojado una serie de diagnósticos y propuestas anuales que es importante analizar con detenimiento:

La Ley 30 de 1992 determinó en su artículo 86, que “las universidades estatales u oficiales recibirían anualmente aportes del presupuesto nacional tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993, con un incremento en pesos constantes, es decir, este presupuesto se actualiza sólo para conservar el valor del dinero en el tiempo (costo de vida o inflación)”. Esto significa que se administra el presupuesto de dicha época actualizado únicamente con el índice de precios al Consumidor (SUE, 2012).

El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo representa la inflación observada en dicho lapso. El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Es decir, el precio de la canasta de bienes y servicios en cada año se divide entre el precio de la canasta en el año base y este resultado se multiplica después por 100. El número resultante es el índice de precios al consumidor (Mankiw, 2012).

También se calcula el índice de precios al productor (IPP), que mide el costo de una canasta de bienes y servicios que compran las empresas u organizaciones en lugar de los consumidores. Debido a que las empresas finalmente transfieren sus costos a los consumidores en forma de precios más altos, a menudo se cree que los cambios en el índice de precios al productor son útiles para predecir los cambios en el índice de precios al consumidor:

  • IPC= precio de la canasta de los bienes y servicios del año actual / Precio de la canasta de los bienes y servicios del año base X 100.
  • Tasa de inflación en el año 2 = IPC en el año 2 – IPC en el año 1 / IPC en el año 1 X 100.

Sin embargo, se reconocen ampliamente tres problemas con dicho índice, como lo explica el economista Gregory Mankiw: “Al primer problema se le llama sesgo de sustitución. Cuando los precios cambian de un año al siguiente, no lo hacen proporcionalmente: algunos precios aumentan más que otros. Los consumidores responden a estos diferentes cambios en el precio comprando menos cantidad de los bienes cuyos precios han aumentado en cantidades relativamente grandes y comprando más de los bienes cuyos precios han aumentado menos o quizás incluso han disminuido. Es decir, los consumidores sustituyen comprando los bienes que se han vuelto relativamente menos costosos”.

El segundo problema con el índice de precios al consumidor es la introducción de bienes nuevos, un conjunto de posibles elecciones más grande hace que cada unidad monetaria sea más valiosa. Lo mismo es cierto con la evolución de la economía a lo largo del tiempo: a medida que se introducen bienes nuevos, los consumidores cuentan con más opciones y cada unidad monetaria vale más. Debido a que el índice de precios al consumidor se basa en una canasta fija de bienes y servicios no refleja el incremento en el valor del dinero que se origina por la introducción de bienes nuevos (Mankiw, 2012).

Para comprender mejor la primera y segunda problemática del IPC, analicemos las siguientes gráficas del mercado de dinero y la LM: Los costos de la educación crecen anualmente, es decir, la cualificación docente, la infraestructura, los costos administrativos, las investigaciones académicas, los programas de bienestar, aumentan significativamente año tras año, pasando de la producción (Yo) a la producción (Y1), ubicándose en el eje de las abscisas (gráfica de la izquierda) y trasladándose a la derecha, a su vez, el nivel de producción se encuentra en el eje de las ordenadas y esta coordenada también se va a trasladar hacia arriba, conduciendo a un desplazamiento de la demanda de dinero (L) hacia la derecha (López, 2018).

Cuando se desplaza la L hacia la derecha, esto genera un exceso de demanda de dinero, lo cual significa que el valor del dinero va a aumentar, porque las universidades por obligación están dispuestas a pagar más por los nuevos bienes y servicios, y como es imposible que les alcance el dinero líquido ya que este es constante (M/P), esto obliga a las instituciones educativas a adquirir créditos con los bancos privados o mixtos como Findeter, aumentando la rentabilidad de los mismos, al pasar de la tasa de interés (io) a una (i1) en el eje de la ordenadas, esto genera un nuevo punto de corte que se puede evidenciar en la recta LM (gráfica de la derecha), pero profundizando la insostenibilidad a corto, mediano y largo plazo del servicio educativo (Samuelson y Nordhaus, 2005).

Por lo tanto, como no se está contemplando el incremento en los costos derivados del crecimiento y evolución de las Universidades, lo que equivaldría a decir, que la Universidad actual es idéntica a la Universidad de los años 90, como lo explica el SUE: “con igual número de estudiantes, de programas académicos, de docentes y funcionarios administrativos, con el mismo número de proyectos de investigación, docentes con el mismo nivel de formación y cualificación, entre otros aspectos”.

Fuente: López, M. (2018). Política Monetaria, Modelo LM. Universidad Argentina de la Empresa.

El tercer problema con el índice de precios al consumidor es el cambio no medido en la calidad. Si la calidad de los bienes y servicios aumentan de un año al siguiente, el valor del peso aumenta y esto es un problema grave que tiene el financiamiento de la educación superior, ya que se necesita de una metodología que permita un análisis del: “(Número estudiantes, nivel de formación de sus docentes, grupos de investigación, número de programas en pregrado y postgrado, entre otros), los retos y metas establecidos en los planes de desarrollo y de gestión para el sector educativo; y de esa forma determinar cuáles eran los recursos necesarios tanto en funcionamiento como en inversión, que garantizaran la equidad no solo entre las universidades sino también entre las regiones donde se encuentran las mismas”. (SUE, 2012)

Es por esto, por lo que la falta de voluntad política ha generado que el IPC sea tomado como un máximo y no como la garantía de un aporte mínimo, ocasionando graves consecuencias en la educación del país, reflejada en un déficit histórico acumulado en funcionamiento de 3,2 billones de pesos, 1,3 en las instituciones técnica y tecnológicas y 15 billones de inversión. Por estas razones, la SUE (2018) ha dicho:

- Ante la crisis estructural de financiamiento de las 32 universidades públicas, no se contemplan incrementos reales para el funcionamiento y la inversión indispensables para continuar cumpliendo con nuestras labores misionales de investigación, docencia y proyección social. El proyecto de presupuesto solo contempla el ajuste por concepto del IPC y los recursos adicionales de 2 billones de pesos previstos para el Ministerio de Educación Nacional no tienen destinación alguna para las universidades públicas.

- Se contempla cerca de 1.97 billones de pesos para calidad y fomento de la Educación Superior; sin embargo, por información del Ministerio de Educación Nacional, este monto se distribuirá para los costos operacionales del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, financiación a la demanda de las cohortes del Programa Generación E (antiguo Ser Pilo Paga), estampilla UN y fomento a la Educación Superior. Es claro que no hay un recurso concreto adicional que haga base presupuestal de las demás universidades públicas. 

Además, al observar la participación de las instituciones públicas en el presupuesto para la educación superior de las últimas dos décadas, se observa una caída inversamente proporcional al aumento de los recursos del Icetex destinados a líneas de crédito (primera y segunda gráfica). Como lo describe el politólogo Sergio Fernández, el Icetex pasó de tener un presupuesto total de ingresos en 2010 de 730 mil millones de pesos a 3,1 billones de pesos en el año 2018 (Fernández, 2018).

Buena parte de ese aumento se explica por la destinación de recursos que inicialmente irían para las universidades públicas y que terminaron en el Icetex (tercera gráfica). Solo el rubro de gastos de personal docente (por la aplicación de la normatividad que actualmente los regula), ha venido generando un déficit de 4 puntos porcentuales por encima del IPC, que podemos observar en la cuarta gráfica (SUE, 2018).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos evidenciar que junto a las políticas del Icetex, hay una búsqueda de los grupos financieros nacionales y foráneos para que se permita a cada una de la instituciones educativas del Estado, adoptar el modelo privado y de ánimo de lucro, de comprar bonos, títulos de deuda y demás activos financieros junto a los créditos, venderlos cuando ocurra un exceso de demanda de dinero, que es lo que suele ocurrir, año tras año, respondiendo a la lógica de la reducción de sus precios, para así aumentar la rentabilidad de los mismos, beneficiando la especulación bursátil y las utilidades de los privados a costa de derecho fundamental como lo es la educación pública, que además es un servicio público con función social, establecida en el artículo 67 de la constitución política de Colombia.

Adicional a lo anterior, es importante reconocer que múltiples sectores han presentado propuestas macroeconómicas teniendo en cuenta las externalidades negativas y positivas de las finanzas públicas del Estado colombiano. Estas propuestas han estado acorde a la RS de las Finanzas Corporativas, a la Cibernética Organizacional (CO), al Modelo de Sistemas Viables (MSV), a la TGS, al PHVA, al Modelo de los seis pasos y el plan de mejoramiento, corrección y transformación de Ishikawa, pero como se ha mencionado con anterioridad, no hay voluntad política para ser tenidas en cuenta.

Bibliografía

López, M. (2018). Política Monetaria, Modelo LM. Universidad Argentina de la Empresa.

Mankiw, G. (2012). Principios de economía, sexta edición. Harvard University. México: Learning Editores.

Pérez, J. (2008). APLICACIÓN DE LA CIBERNÉTICA ORGANIZACIONAL AL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES. PATOLOGÍAS ORGANIZATIVAS FRECUENTES (PARTE 1ª). Sistemas de gestión, 256-281.

Sánchez, P. (2008). Sistemas de Información y Cibernética Organizacional. XII Congreso de Ingeniería de Organización, 417-427.

Samuelson, P y Nordhaus, W. (2005). Economía, Decimoctava edición. Mac Graw Hill. P.P 511- 529.

Sistema Universitario Estatal. (2012). Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia. Recuperado de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-341914_archivo_pdf.pdf

Sistema Universitario Estatal (2018). Informe de Presidencia. Junio 2016-julio 2018. Recuperado de https://www.utp.edu.co/cms-utp/data/bin/UTP/web/uploads/media/comunicaciones/documentos/Informe-presidencia-SUE.pdf

Torres, J (2018). Comunicado a la comunidad universitaria y a la opinión pública. Sistema Universitario Estatal. Recuperado de http://www.pedagogica.edu.co/userfiles/files/comunicado_sue_11octubre.pdf

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