Los retos de la Justicia Especial para la Paz

Los retos de la Justicia Especial para la Paz

Los mecanismos para superar el conflicto armado no pueden contaminarse de impunidad, corrupción o negacionismo

Por: RICARDO VILLA SÁNCHEZ
enero 07, 2019
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Los retos de la Justicia Especial para la Paz
Foto: Leonel Cordero / Las2orillas

“Donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra” — Gabriel García Márquez.

La Justicia Especial de Paz fue creada en los Acuerdos de Paz como un mecanismo para superar el conflicto armado. Los crímenes de guerra y contra la humanidad, que se produjeron en este contexto, dejaron una estela de dolor, odio, daños, brechas generacionales, miedo e injusticias, que se buscan resarcir, a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Para reflexionar sobre los retos de la JEP, se parte de la idea de que el principal desafío sería la articulación, coordinación y colaboración armónica de la institucionalidad, creada con los Acuerdos de Paz, a la que se suman la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Como el sistema se aplica a los actores que hayan participado de manera directa o indirecta, ─y cometieron delitos─, en relación con el conflicto armado, incluyendo a los combatientes que se desmovilicen, a los agentes del Estado y a terceros que colaboren de manera voluntaria, se hace determinante su colaboración eficaz, con base en la posibilidad de sanciones, compromisos y acuerdos. Para las guerrillas, con la amnistía; para los militares con la cesación de la acción penal y para los otros agentes del Estado y los terceros, con la posibilidad de un tratamiento diferenciado. Otro reto allí sería consolidar una metodología, procedimientos y estrategias de investigación y juzgamientos, que venzan a la alarmante impunidad, frente a tantos graves crímenes.

Frente a los ataques mediáticos de sus detractores, contrarrestar las campañas negras, con una estrategia pedagógica, masiva y de alto impacto. Esto haría posible asegurar el equilibrio entre el tratamiento a todos los actores y el acceso a la información, para los diversos casos. Será crucial lograr pronto un primer Acuerdo, condena o compromiso, que genere precedente y simbolice una comprensión general sobre los beneficios de este instrumento de Paz, que active políticamente a la ciudadanía organizada, para que se constituya en un instrumento de presión y de control social a la justicia transicional.

Para evitar los cruces con los linderos de la Ley de Justicia y Paz o con los eventuales fallos de la Justicia Internacional, así como las cortapisas que generaría otra arquitectura basada en acuerdos con otras organizaciones insurgentes, o el sometimiento a la justicia, de los demás actores armados, es pertinente armonizar los alcances, quizás, con jueces de descongestión de procesos de justicia y paz o solicitando a los tribunales internacionales, dentro de los principios de subsidiaridad y de favorabilidad, que se transfieran a la JEP, las investigaciones, aún en etapas preliminares.

Los mecanismos reparadores y humanitarios para avanzar hacia la paz y la reconciliación no pueden contaminarse de impunidad, corrupción o de negacionismo subterráneo, de lo que ocurrió, así nos duela o nos avergüence. Los resultados de este modelo autónomo, y acordado, de justicia restaurativa, deben llevar a un consenso político, que permita consolidar su institucionalidad, credibilidad y legitimidad, para garantizar a las víctimas, y a todos los colombianos, el derecho a una justicia real e imparcial, así como la reincorporación efectiva a los guerrilleros que se acogieron a los Acuerdos de Paz, sin sesgo frente al tratamiento especial, o diferenciado, que se le imparta a los demás actores, que incidieron en las dinámicas del conflicto.

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