Los niños wayúu que el Estado aún no reconoce

La indocumentación coloca a los pequeños en una posición de desventaja respecto a sus pares, manteniéndolos en el círculo de pobreza y discriminación

Por: Veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 del 2017
septiembre 28, 2020
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Los niños wayúu que el Estado aún no reconoce
Foto: PxFuel

Acceder a la identificación y a un nombre es un derecho humano; por tanto, fundamental para el desarrollo de las personas y de las sociedades. Este comprende diversos aspectos que distinguen a una persona de otra e incluye tener y portar un documento institucional en donde se determina la ciudadanía y su origen.

La legislación, nacional e internacional, señala claramente que la identificación es un derecho que tienen los humanos al nacer. Su importancia radica en el hecho de dotar a las personas de existencia legal, permitiéndole el ejercicio de sus otros derechos. Con ellas las autoridades pueden conocer en términos reales el número de personas que integran la nación y por lo tanto, se podrán planificar e implementar adecuadamente las políticas públicas y de desarrollo colectivo.

Por estos días y en medio de la pandemia, Colombia avanza hacia una nueva etapa de normalidad. Y aunque en La Guajira parece que la vida continúa de manera “normal” desde hace ya varios meses por la cantidad de gente que vemos en las calles, mercados y bancos; se advierten congestiones en oficinas públicas y privadas que habían aplazado la atención presencial por causa del confinamiento obligatorio.

Las largas filas se presentan en notarías y registradurías, donde la mayoría de personas son madres cumpliendo con la obligación de registrar a los menores nacidos durante la emergencia social, económica y de salud. El problema que se presenta es que, a pesar de la larga espera, aún no logran contar con un servicio adecuado que les permita registrar a los pequeños que necesitan con urgencia el registro civil para acceder a los sistemas de salud y a los beneficios que otorga el Estado al recién nacido y a la madre lactante.

Betty Jayariyu, indígena wayúu de la comunidad Kepischon en Uribia, ha intentado durante 4 meses acceder a este derecho de registro, pero todas las veces se encuentra con una negativa. “Hace 4 meses nació mi hijo en la clínica y me dijeron que debía registrarlo rápidamente para que pudiera acceder a la atención que requiere el niño, pero hasta el día de hoy no ha sido posible”, comenta Betty, que ve cómo su hijo va perdiendo peso y talla.

Y es que las primeras negativas, como era de esperarse, comenzaron luego del nacimiento del pequeño Luis José, ya que, en el primer intento de acercamiento a la notaría, no se pudo realizar el trámite de registro porque no se encontraba disponible la atención de manera presencial, lo que obligó a Betty a esperar a que se reanudaran los servicios.

Mientras esto ocurría, pasaron los meses sin que ella o el pequeño Luis José recibieran algún tipo de ayuda o beneficio al no encontrarse en las listas de nuevos nacimientos en Uribia. “Me ha tocado muy duro, no tengo trabajo, no tengo ingresos, soy madre soltera cabeza de familia y me ha tocado muy duro y ahora esto” relata con angustia Betty.

Sin vacunas, sin atención pediátrica, sin asistencia alimentaria, en medio de una pandemia que va creciendo aceleradamente, Betty vio con esperanza la nueva directriz del gobierno de reanudar la atención presencial manteniendo las medidas de seguridad en los establecimientos.

Nuevamente, esta mujer wayúu salió de la ranchería llevando en brazos a su pequeño hijo, antes de que el sol calentara sus pasos y sofocara la pequeña humanidad de Luis José. En Uribia, frente a la única notaría del Municipio, ocupó pacientemente el turno en la fila confiando poder regresar a su ranchería con el tan anhelado documento y así iniciar los trámites para obtener la ayuda que le otorgan por el recién nacido.

En la fila, así como ella se encontraban varias madres indígenas con sus pequeños bebés tratando de realizar el mismo proceso, pero otra vez la única respuesta que obtuvo fue un tiempo más de espera. “Es frustrante, ahora me dicen que debo esperar 15 días más porque no tienen el papel que se necesita para registrarlo, mire, somos muchas las mamás que estamos en la misma situación y no solo aquí, en mi ranchería, en las comunidades vecinas y nadie nos ayuda” dice con resignación esta madre que regresa con su hijo, que aunque tiene nombre, para el Estado es un NN, sin derechos, sin oportunidades, sin atención, sin beneficios , una violación más para sumarle a las registradas dentro de la Sentencia T 302 del 2017.

Pero no solo en Uribia vemos casos como el de Betty. En Manaure hay madres que luchan por conseguir atención urgente para sus hijos sin registro, como es el caso de Beatriz Uriana y su hija María Victoria de 3 años de edad, quien ha requerido en varias oportunidades asistencia hospitalaria de manera prioritaria, pues desde los 7 meses de nacida, su hija ha presentado convulsiones sin que aún se haya determinado la razón de su enfermedad.

“Muchas veces me he tenido que desplazar desde Manaure a Uribia, Riohacha e incluso a Barranquilla cuando ya estaba muy grave, tratando de encontrar quien me la atienda, pero sin registro es muy difícil, ella muchas veces ha estado como muerta en vida, incluso con la sonda pegada al cuerpo para que pueda recibir alimentos. Ella sigue aún muy mal”, nos cuenta la madre de María Victoria, quien ha padecido el suplicio de tratar de registrar a su hija, mucho antes de que con el advenimiento de la pandemia se complicaran las cosas.

En las mismas circunstancias se encuentra don José de la comunidad Pachamana, quien ya suma 4 hijos sin registro, pues las jornadas que antes hacían las IPS en las rancherías no se volvieron a realizar. Cuenta, que siempre que intenta hacer el trámite de registro, hay una excusa diferente para él y sus hijos, lo que ha hecho imposible acceder al documento que tienen por derecho todos los niños que nacen en el territorio colombiano.

Esto es generalizado en las rancherías de la Alta y Media Guajira. Las madres tienen que viajar 5 horas desde sus comunidades hasta la registraduría más cercana para obtener las mismas respuestas como: “vuelva mañana pero más temprano…le falta llenar otro documento…le faltó adjuntar un papel…”, lo que las obliga a devolverse derrotadas y con los niños a cuestas.

“Aquí hay mucho niño sin ese documento” comenta la docente Antonia Sierra, “es un suplicio para los padres de familia que deben salir arriesgando la vida de los niños para llevarlos hasta Uribia en moto y que allá les digan que no se puede hacer el trámite, y después cuando se enferman no hay como acceder a los sistemas de salud porque el niño no existe. En estos casos, la muerte es inevitable”.

Las autoridades, profesores y padres de familia ven con urgencia la realización de jornadas de registros masivos en las rancherías para poder inscribir a los niños que han nacido, así como los que aún no tienen ningún tipo de reconocimiento por parte del Estado, a pesar de los años que ya llevan de vivir y transitar por el territorio colombiano.

En la Sentencia T-302 de 2017, la Corte Constitucional les recuerda a las instituciones del sector de notariado y registro que la situación de indocumentación en la que se encuentran niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres de la población indígena wayúu del departamento los coloca en una posición de desventaja respecto a sus pares, manteniéndolos en el círculo de pobreza y discriminación.

La situación de invisibilidad de los niños cuyos nacimientos no han sido registrados incrementa los riesgos de sufrir diversas situaciones de vulneración de sus derechos y los expone aún más a la negligencia, el abuso y la explotación; situaciones de las que no son ajenas las mujeres que al mantenerse como indocumentadas están reproduciendo y prolongando la situación de exclusión en la que se encuentran con sus hijos.

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