Uno de los principales exponentes de esta corriente es el presidente Trump, quien sin escrúpulo alguno se ha dado a la tarea de minimizar la gravedad del COVID-19: desestima la necesidad de las medidas preventivas, como el uso de tapabocas y el distanciamiento social. Además, desmiente los impactos del cambio climático, proceso de calentamiento de la temperatura global, suficientemente documentado por quienes se ocupan del estudio del clima y que se relaciona con la abundante emisión de gases que horadan la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta del sol.
Colombia no es la excepción, por supuesto aquí también hay quien apoya la charlatanería trumpista. La esfera de temas que abarca el negacionismo no se reduce al clima o la pandemia exclusivamente, en nuestro país prolijo en temas de conflicto, el gobierno Duque no admite que se esté presentando una masacre de personas vinculadas de una u otra manera a procesos sociales de reclamo de derechos de diferente naturaleza: género, ambientales, políticos, laborales y contra la minería intensiva. Sin embargo, la lista de asesinados no termina.
Pero existe una materia en la que coinciden los extremos, se niegan en reconocer la constitución del 91 como la hoja de ruta del funesto neoliberalismo en el país del sagrado corazón. Los dueños del poder no escatiman calificativos para presentarla como el estatuto que modernizó a la nación y en la otra orilla la alaban como una carta garantista. La realidad a casi treinta años de su vigencia se resume en el desmembramiento de la institucionalidad estatal y una concentración inusitada de la riqueza en pocas manos colateral al empobrecimiento de las grandes mayorías, producto de la destrucción de la industria y el agro nacional.
El capital financiero es el único que ha gozado de plenas garantías para realizar sus negocios, que van desde la compra a menor valor de empresas estatales rentables, la privatización de servicios esenciales como la salud, la educación y el suministro de servicios públicos domiciliarios, la entrega en concesión de riquezas mineras y energéticas, la adjudicación del espectro electromagnético y por supuesto la cesión del mercado interno para todo tipo de mercancías y servicios extranjeros, sin exceptuar nuestro patrimonio cultural y nuestra biodiversidad.
Elemento importante de este entramado es el desbordado crecimiento del endeudamiento externo que, junto a las remesas enviadas por millones de compatriotas en el extranjero, ha permitido mantener una ficticia normalidad, que para prolongarse exige mayores sacrificios de los sectores populares, mermando su calidad de vida, sufriendo la extorsión fiscal, todo con el propósito de honrar cumplidamente los pasivos con la banca internacional.
Las reformas a la ley de transferencias que reduce los recursos a las regiones, el incremento de impuestos como el IVA, la suscripción de TLC con distintos países, las privatizaciones, las concesiones para la explotación en zonas de páramo, el fracking, la economía naranja, todos forman parte del entramado dispuesto por las multinacionales y sus aliados en el gobierno para saquear el trabajo y la riqueza nacional, a la sombra del instrumento legal que facilitó la constitución del 91, en la que participaron para su aprobación sectores llamados alternativos, que a pesar de la evidencia, insisten en presentar como un gran logro. Al final, como ocurrió con la guerrilla, que pide perdón por sus errores, estos sectores tendrán que aceptar su equivocación, mejor sería que lo hicieran más temprano que tarde.
La tutela o las consultas previas, con las que excusaron su voto favorable. ya son letra muerta; el único recurso probado es la movilización social a la que siempre se ha apelado, desde el siglo XIX; de ahí la importancia de participar en la convocatoria del 21 de octubre de manera organizada, cerrándole el espacio a quien quiera violentarla.
