La guerra invisible desatada en el campo sanitario por la COVID-19 en todo el mundo también llegó a Colombia con otro virus, el de la corrupción. Así lo ha detectado la Contraloría General de la República al analizar la motivación de sus fallos con responsabilidad fiscal en el sector salud.
“Más del 60% de los hospitales públicos de nuestro país está en una crisis económica”, señaló Lina María Aldana, dontralora delegada para el sector salud. Crisis que se extendió a todo el territorio con la misma velocidad del virus para acabar de destapar las graves irregularidades del sistema de salud. Por ejemplo, la indebida formulación y pago de recobros y los sobrecostos en medicamentos están a la cabeza de las modalidades más frecuentes de menoscabo a los recursos parafiscales de la salud.
Irregularidades que se originaron con los carteles de la hemofilia, los pañales y ahora el del COVID-19. Según la Contraloría, en la actualidad algunas EPS han incurrido presuntamente en pagos de anticipos por servicios de salud que no se prestaron y en pago de créditos que no tienen relación de conexidad con la prestación de los servicios a los usuarios.
“La pandemia se convirtió en otra oportunidad para aumentar los fenómenos de corrupción, entonces estamos viendo los casos de los alcaldes, de los gobernadores, más de la mitad de los departamentos con investigaciones al respecto”, aseveró Manuel Vega, médico y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Corrupción que tiene en cuidados intensivos la salud de todo el país. “Nuestro propósito principal es hacer una revisión de los recursos públicos que reciben las EPS, que hoy tenemos un presupuesto aproximado de 54 billones de pesos”, resaltó la contralora Aldana.
