El 31 de octubre de 2025, Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas, fue asesinado después de asistir a una fiesta de Halloween en Bogotá. Por el homicidio fueron señalados Juan Carlos Suárez Ortiz, Ricardo Rafael González y Paola Fernández. Según la acusación, Suárez y González golpearon al estudiante tras una celebración, mientras que Fernández habría instigado la agresión. El 19 de octubre, Suárez y González fueron condenados a 37 años y seis meses de prisión. Fernández, por su parte, permanece prófuga de la justicia, según la información disponible.
La investigación y el proceso de acusación se extendieron durante cerca de un año y estuvieron a cargo de varias fiscales, entre ellas Heidy Milena Ruiz Sánchez, Claudia Lucía Rodríguez y Elsa Reyes. La última etapa fue liderada por Reyes, quien consolidó elementos probatorios que resultaron claves para sustentar la acusación contra Suárez y González y obtener el fallo condenatorio.
Ruiz Sánchez inició la investigación penal. El caso alcanzó amplia visibilidad mediática y fue comparado con el caso del 31 de octubre de 2010, donde hubo una muerta tras una fiesta de Haloween, generó atención pública en Bogotá y en el país. Sin embargo, la intervención de Ruiz terminó cuando el juez de control de garantías José Alejandro Hofmann dispuso su salida del caso. Según los cuestionamientos formulados entonces, la fiscal no habría presentado cargos concretos con suficiente claridad y habría planteado una “imputación inflada”, sin respaldo probatorio suficiente.
Tras su retiro, Claudia Lucía Rodríguez asumió provisionalmente el expediente y sustentó las primeras solicitudes de medidas de aseguramiento ante los tribunales. Entre sus tareas estuvo ajustar la formulación de las acusaciones y presentar los testimonios de policías y testigos presenciales. Estos relatos buscaban establecer las circunstancias de la agresión, la severidad de los golpes y la posible participación de otras personas en el ataque. Sin embargo, Rodríguez no terminó el caso.
En la etapa final, Elsa Reyes estructuró la acusación formal y reunió registros audiovisuales y otros elementos de prueba para respaldar la responsabilidad penal atribuida a los procesados. Ese trabajo contribuyó a sustentar el caso que terminó con la condena de Suárez Ortiz y González. La situación procesal de Fernández es distinta: aunque fue señalada dentro de la investigación, no ha sido juzgada ni condenada, por encontrarse prófuga de la justicia.
Durante el proceso, las autoridades buscaron reconstruir lo ocurrido la noche del 31 de octubre de 2025. De acuerdo con la acusación, Moreno asistió a la fiesta “Relaja la Pelvis”, donde surgió un señalamiento según el cual habría acosado a unas mujeres. Esa versión, según el relato del caso, fue desvirtuada. Después, Moreno salió del lugar acompañado por un amigo, pero ambos habrían sido perseguidos por varios sujetos disfrazados.
Foto Ideartes
La reconstrucción de los hechos sostiene que Suárez Ortiz interceptó inicialmente al estudiante y que, posteriormente, se sumó González. Los dos habrían participado en la golpiza que causó la muerte de Moreno. La sentencia contra ambos marca un resultado judicial tras meses de investigación, revisión de testimonios y análisis de pruebas. El expediente pasó por distintas etapas de investigación. El caso, sin embargo, mantiene pendiente la situación de Fernández, cuyo paradero continúa siendo desconocido.
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