Los empresarias piden refrendación ciudadana a los acuerdos de La Habana

Los empresarias piden refrendación ciudadana a los acuerdos de La Habana

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octubre 23, 2015 |
El Consejo Gremial deja en claro su posición sobre el proceso de paz después de su reunión con el presidente Santos, piden claridad sobre los avances en justicia y le piden a las Farc que asuman su responsabilidad frente a las víctimas. En resumen, apoyo al proceso de paz pero...
Este es el texto completo:

Reflexiones del Consejo Gremial sobre el proceso de negociación con las FARC en la Habana

Con fundamento en los principios del Consejo Gremial Nacional, los empresarios de Colombia acogen la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, tal como lo establece la Constitución. 

Con fundamento en los principios del Consejo Gremial Nacional, los empresarios de Colombia acogen la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, tal como lo establece la Constitución.  Entienden la paz no como la ausencia de conflictos sino como el discurrir de una sociedad que cuenta con los mecanismos institucionales para resolverlos.

RESUMEN

  • El Consejo Gremial Nacional respalda las negociaciones para la terminación del conflicto.
  • Esta es una negociación entre un Estado legítimo y un grupo armado al margen de la ley que se da por razones humanitarias, para evitar que haya más víctimas y daños a la sociedad, a la economía, a la infraestructura y a los bienes públicos.
  • El acuerdo de paz tiene que ser respetuoso del Estado de Derecho. No se está negociando la creación de un nuevo orden político y social, la negociación debe transcurrir dentro de la Constitución, y no por fuera de sus preceptos.
  • El Derecho no es obstáculo para la conquista de la paz. Esta es el resultado de la plena realización de la Constitución y las leyes de Colombia, lo cual no impide que, preservando los valores que ellas plasman, sean reformadas para cumplir los compromisos resultantes de un eventual acuerdo.
  • Para el sector empresarial es fundamental que se cumpla con el compromiso de llevar a refrendación ciudadana los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación.
  • Los acuerdos en materia de Desarrollo Rural Integral deben ser consistentes y consecuentes con el respeto a la propiedad privada, la garantía de la seguridad jurídica y la economía de mercado. El pleno desarrollo rural deberá consolidar agroindustria moderna con agricultura tradicional de pequeños y medianos propietarios.
  • El sector empresarial espera una mayor precisión sobre puntos no conocidos sobre la jurisdicción especial para la Paz.
  • El acuerdo sobre la reparación de las víctimas deberá asegurar que las FARC asuman su cuota de responsabilidad, tanto en la dimensión moral como en la económica.
  • La Comisión de la Verdad debe ser consistente con el hecho de que Colombia cuenta con un Estado legítimo, sustentado en unas instituciones democráticas y republicanas, a diferencia de las desarrolladas en dictaduras o Estados totalitarios, o del régimen de “apartheid” en Sudáfrica.
  • De acuerdo con los postulados del Estado de Derecho, las responsabilidades por crímenes relacionadas con el conflicto serán personales
  • Es indispensable el cese efectivo de todas las actividades delictivas de la guerrilla, incluyendo terrorismo, minería ilegal, narcotráfico, secuestro, contrabando y extorsión, al igual que la entrega de bienes y recursos asociados a actividades ilegales.
  • Cualquier mecanismo que se implemente para la dejación de las armas, deberá asegurar que dicha entrega sea total y verificable.

El sector empresarial colombiano, representado en el Consejo Gremial Nacional, respalda la negociación que se adelanta con las FARC, con el objetivo de dar por terminado el conflicto con esta organización. Consideramos que los avances que ha tenido la mesa de negociación son valiosos.

Para el empresariado colombiano, el punto en el que se encuentra la negociación es crucial y por eso creemos que deben hacerse esfuerzos para que se adelante con la mayor legitimidad y respaldo posible, no solamente desde los estamentos de las instituciones públicas, sino también desde todas las instancias de la sociedad civil y el empresariado colombiano. Dicha legitimidad pasa por la garantía de que habrá justicia, que se mantengan los principios constitucionales y el equilibrio institucional, en el desarrollo de los acuerdos.

Por lo anterior, los empresarios, sus gremios y el Consejo Gremial Nacional en el que estos últimos confluyen, como parte fundamental de la sociedad civil tenemos la responsabilidad, en el contexto de una democracia participativa y plural, de opinar sobre los temas prioritarios para la Nación. Con estos fundamentos, este documento persigue aportar elementos de juicio sobre la negociación para la terminación del conflicto que se adelanta en La Habana.

Abrigamos la esperanza de que las apreciaciones aquí expuestas, inspiradas en el compromiso patriótico y democrático que siempre rige nuestras actuaciones, le sean útiles al Gobierno en aras de culminar una negociación que adelanta con particular consagración.

  1.         Justificación de las negociaciones con las FARC

Durante los últimos 35 años, a lo menos, todos los gobernantes de Colombia han intentado procesos de paz con los alzados en armas, algunos de los cuales tuvieron éxito.

Tal persistencia conduce a preguntarse: ¿por qué negociar? No porque se crea que la causa subversiva sea justa en sus móviles y procedimientos; tampoco porque los alzados en armas tengan la capacidad de amenazar la estabilidad de la República. En lo esencial, las razones son humanitarias. La violencia ejercida por grupos armados al margen de la ley, y la generada por grupos irregulares que se formaron para combatir la guerrilla, ha causado numerosas víctimas, en especial pertenecientes a los estratos más pobres de la población en zonas rurales. También se negocia para evitar los daños que, mediante atentados terroristas, estos grupos siguen ocasionando al medio ambiente, a la infraestructura, a los bienes públicos y, en general, a la economía nacional.

De lo dicho se desprende que la negociación tiene que ser asimétrica en favor del Gobierno, en quien reposa la legitimidad institucional del país. No negocian los jefes de dos ejércitos enfrentados para culminar una guerra civil en la que ninguno de ellos ha podido vencer. Lo hace el Estado para acoger dentro de la legalidad a quienes se encuentran por fuera de ella y para fortalecer la capacidad de las instituciones y continuar avanzando en la conquista de una Colombia mejor.

  1. El acuerdo de paz tiene que ser respetuoso del Estado de Derecho

Tal como lo ha expresado reiteradamente el Gobierno, no se está negociando la creación de un nuevo orden político y social. En consecuencia, es evidente que la negociación debe transcurrir dentro de la Constitución, y no por fuera de sus preceptos. Este principio se postula, tanto con relación a las cláusulas sustantivas, que son las que versan sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos y organizan los poderes públicos, como aquellas que regulan su reforma.

Dicho de otra manera: el Derecho no es obstáculo para la conquista de la paz. Esta es el resultado de la plena realización de la Constitución y las leyes de Colombia, lo cual no impide que, preservando los valores que ellas plasman, sean reformadas para cumplir los compromisos resultantes de un eventual acuerdo con las FARC.

La propuesta de acto legislativo, que ha presentado el Gobierno para facilitar y garantizar los acuerdos que se logren en La Habana, busca modificar de manera sustancial aunque transitoria, el proceso de creación de las leyes y conceder facultades autónomas al Presidente de la República. Aspiramos a que los debates se desarrollen en un ambiente sereno y respetuoso que garantice espacios adecuados a Gobierno y oposición.

Todo lo anterior, sin perjuicio de que se cumpla el compromiso adquirido por el Presidente Santos de una refrendación popular de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación.

  1. El Desarrollo Rural Integral: Una deuda histórica

Cerca de catorce millones de colombianos viven en el campo y, las actividades agropecuarias que desarrollan como sector económico, son componente fundamental de la economía nacional, no solo para la generación de riqueza sino para la seguridad alimentaria del país. Lo acordado en el primer punto sobre Desarrollo Rural Integral solo tiene cabida o aplicación en tanto no riña con la línea roja de la no negociabilidad del modelo de desarrollo en general, del cual hace parte. El Desarrollo Rural Integral es una deuda del Estado con el sector agropecuario y el campo en general, pero sobre todo, es una obligación constitucional.

La institucionalidad propuesta en el primer punto de los acuerdos, así como las formas de participación comunitaria allí expresadas, deberán ceñirse a las instancias contempladas para tal fin en la Constitución e incorporadas a la estructura de funcionamiento del Estado, sin que la necesaria   participación comunitaria y veeduría ciudadana se conviertan en coadministración u obstáculo a la acción del Estado.

Las propuestas que se hagan sobre Desarrollo Rural Integral y las soluciones a la pobreza rural deben partir del respeto a la propiedad privada garantizando la seguridad jurídica de la misma.  Infortunadamente, esto no ha sido así en el pasado.  Las razones han sido el desorden histórico del Estado y la poca acción en la asignación y control de tierras baldías, el impacto de la violencia rural sobre la tenencia y propiedad de la tierra, el conflicto entre vocación y uso y la restitución a las víctimas de despojo.

No se puede aceptar que un país estructure su modelo de desarrollo sobre criterios y políticas excluyentes entre pequeños, medianos o grandes productores, sino sobre la consolidación de una clase empresarial en sus diferentes tamaños y modelos que asegure el cumplimiento de la función social de la propiedad teniendo como fundamento la importancia de promover el desarrollo empresarial en el campo

Por lo tanto, instrumentos como la expropiación por motivos de interés social o de utilidad pública, y la extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, si bien preexisten en la legislación colombiana, deberán ser revisados y reglamentados en su aplicación, en un marco de garantía del debido proceso y la legítima defensa de los propietarios legales de la tierra.

Los instrumentos de política pública para la protección y apoyo a los pequeños productores del campo deben evitar una mayor segregación y aislamiento en zonas de reserva campesina y, por el contrario, asegurar su adecuada integración a los mercados y a los beneficios del desarrollo. Igualmente, tales instrumentos no podrán establecer condiciones de excepción en desmedro de la presencia soberana del Estado de Derecho en todas sus manifestaciones.

El Desarrollo Rural verdaderamente integral, deberá conciliar, de una parte, las obligaciones del Estado frente a la pobreza rural y la producción minifundista, ampliando la oferta de bienes públicos en el campo y promoviendo decididamente la empresarización y asociatividad como instrumentos de competitividad y articulación a los mercados, y de otra, los retos de competitividad en altas escalas de producción para aprovechar las ventajas comparativas del país frente a una creciente demanda mundial de alimentos, un asunto estratégico en la urgente política de diversificación exportadora.

En el comunicado conjunto del 23 de septiembre, las partes “reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano; Reforma Rural Integral”, “Participación política; Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”. Ayudaría a disipar las inquietudes existentes saber si esto significa que las FARC han desistido de las “salvedades” que en numerosos documentos han expresado.

Así mismo deberá precisarse el alcance de compromisos ya adquiridos que requieren cuantificación.

  1. Jurisdicción especial para La Paz

Aún cuando no se conoce el texto del documento que contiene este acuerdo, su importancia es innegable, por cuanto sería la primera vez en la historia republicana de Colombia que un gobierno que goza de la legitimidad que dimana del proceso democrático pacta con quienes se encuentran al margen de la ley la creación de una jurisdicción especial. Una concesión de tal magnitud se justifica si permite someter a la justicia penal transicional o restaurativa a quienes hayan cometido crímenes en desarrollo del conflicto armado.

Sin embargo, nos preocupa la falta de claridad sobre la competencia que ese organismo tendría en función de los factores temporal, material y subjetivo. En efecto:

La jurisdicción especial tendría sentido con relación a los crímenes cometidos en desarrollo del conflicto. En declaraciones recientes la comandancia guerrillera señala que el conflicto ha tenido una duración “de más de sesenta años”, mientras que el Gobierno ha admitido que su longitud supera la media centuria. Es elemental que esta cuestión tiene que quedar definida con claridad.

Así mismo, por tratarse de una jurisdicción extraordinaria de carácter temporal, tiene que establecerse con claridad el periodo durante el cual ejercería sus funciones.

Con relación a la materia de la que el Tribunal se ocuparía, se dice que ella versará sobre crímenes cometidos en el contexto del conflicto, de manera directa o indirecta. Para el derecho penal liberal, la imputación y, por lo tanto, la pena, dependen de actuaciones personales, bien sea como autores, materiales o intelectuales, cómplices o encubridores. La posibilidad de responsabilidades indirectas nos genera preocupaciones. Consideramos necesario, por lo tanto, que esta cuestión sea objeto de precisión.

El comunicado del 23 de septiembre establece, sin ningún tipo de limitaciones, que la jurisdicción de paz es universal; no reconoce inmunidades ni fueros. Esto significa que funcionarios dotados de fuero de acuerdo con la Constitución y la Ley podrían ser procesados en ese Tribunal.  Si así fuere, no sería una opción adecuada para aclimatar la paz.

Un grado tal de generalidad conduciría, además, a que puedan ser llamados por el Tribunal personas de cualquier nacionalidad distinta a la colombiana, que podrían, de una u otra manera, haber estado involucrados en el conflicto colombiano.

  1.        El deber de reparación de las víctimas

Mediante la expedición de la Ley 1448/11 se consolidaron los compromisos del Estado colombiano para la restitución plena de los derechos morales y económicos de las víctimas. En consecuencia, si la reparación de las víctimas hace parte de la agenda que se discute en La Habana, ciertamente no es para confirmar unas obligaciones estatales que son sagradas, sino para asegurar que las FARC, en su condición de victimarios, asuman su cuota de responsabilidad en esa tarea esencial, tanto en sus dimensiones morales como económicas. Este es un punto central de las negociaciones respecto del cual no se conocen avances.

  1. Conveniencia de repensar las funciones de la Comisión de la Verdad

Se ha divulgado recientemente un preacuerdo para la constitución de una “Comisión de la Verdad”. Allí se lee que su objetivo consistiría en establecer “las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo el Gobierno y los demás poderes públicos, de las Farc-Ep, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional, que haya tenido alguna participación en el conflicto…”. Durante tres años, ese organismo realizaría audiencias a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por supuesto, la búsqueda de la verdad es una tarea fundamental una vez concluido un conflicto armado interno como el que ha padecido nuestro país. Esa indagación por la verdad tiene dos dimensiones:

La verdad judicial, que debe surgir de los procesos que se adelanten contra los individuos que sean máximos responsables del conflicto, los cuales deberán ser juzgados y castigados por la Jurisdicción Especial para La Paz bajo las reglas que todavía no se conocen.

Las causas y dinámicas del conflicto. En este caso, no puede haber una “verdad única”. Los acontecimientos del pasado constituyen el campo de acción de los historiadores. Del libre ejercicio de la tarea intelectual que les corresponde, lo normal es que surjan visiones distintas, inclusive, contrapuestas. La “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas” produjo un conjunto plural de visiones que le servirán al país para entender su pasado reciente aunque ellas ciertamente no agotan la materia. La historia, como se sabe, es un libro por siempre abierto.

Bajo estas premisas, la “Comisión de la Verdad” prevista en un acuerdo preliminar genera especial preocupación por las siguientes razones:

Durante todo el horizonte temporal del conflicto se ha mantenido la continuidad democrática del Estado. Por lo tanto, un debate retrospectivo sobre sus instituciones podría conducir a un injusto deterioro de su legitimidad. En este contexto es importante registrar que las razones que dieron origen a la creación de comisiones de la verdad en países como Argentina, Chile y Sudáfrica, no se encuentran presentes en Colombia.

En tales países se trataba de sustituir dictaduras militares por gobiernos civiles, o un régimen de exclusión racial por un Estado pluriétnico y democrático. En ellos, además, se les otorgaron a tales comisiones funciones judiciales, opción que en buena hora ha sido expresamente excluida en el caso colombiano.

Por último, el Consejo Gremial Nacional reitera su posición en el sentido de que cualquier persona que haya cometido crímenes relacionados con el conflicto armado, deberá responder ante la justicia.

  1. Desmantelamiento de las actividades económicas de la guerrilla

Colombia es el único país del hemisferio en el que subiste un fenómeno guerrillero. Ello ha sido posible gracias a la existencia de cuantiosos recursos ilegales para financiarlo, tales como tráfico de drogas, apropiación de regalías, extorsión, minería ilegal, contrabando y secuestro.

En el acuerdo preliminar sobre drogas ilícitas se exponen ideas sensatas, entre las que cabe mencionar la necesidad de ofrecer oportunidades alternativas de vida a los campesinos cocaleros, tratar el consumo de drogas como un problema de salud, y el imperativo de contar con la comunidad internacional en su solución.

Preocupa, sin embargo, que la erradicación se plantee como un mecanismo voluntario que supone acuerdos previos con las comunidades involucradas; solo si ellos fracasan podría procederse a su eliminación forzada. Bajo esta metodología, que no contempla plazos y condiciones, la acción estatal podría quedar paralizada a término indefinido. Grave que así fuera cuando las cifras disponibles demuestran un crecimiento notable del área sembrada, lo cual se traduce en un aumento de otras acciones ilícitas.

De modo más general anotamos que no se conocen compromisos para entregar los bienes y rendimientos financieros asociados al portafolio de negocios ilegales.

  1. Los tiempos para la dejación de las armas

En el acuerdo marco se ha establecido el compromiso de que las FARC dejen las armas al final del conflicto.  El Consejo Gremial Nacional considera que esta estipulación implica la necesidad de realizar un inventario riguroso de las armas, probablemente efectuado por una agencia internacional que garantice neutralidad; y en segundo lugar, su destrucción o entrega a un tercero. Nada de esto se ha divulgado por la mesa de negociaciones.

Si bien es positivo que se estipule el momento a partir del cual se dará la dejación de las armas, también resulta fundamental establecer el momento en el que dicho proceso terminaría.

Para finalizar, el Consejo Gremial Nacional, como representante del sector empresarial colombiano, reitera su respaldo a los procesos de finalización definitiva del conflicto con grupos armados al margen de la ley.  Creemos que la sostenibilidad en el tiempo de estos acuerdos, solo será posible en la medida en que se desarrollen dentro de un marco institucional sólido, basado en nuestros valores democráticos y republicanos.

Como representantes del sector empresarial, asumiremos un papel activo en la defensa de nuestros valores democráticos y en la construcción de unas mejores condiciones de vida que permitan una paz estable y duradera.

 

Bruce Mac Master                                Presidente ANDI

Presidente CNG

Javier Díaz Molina                               Presidente ANALDEX

Vicepresidente CNG

Camilo Llinás Angulo                          ACOLFA

Rosmery Quintero Castro                     ACOPI

Carlos Alberto Garay Sanclemente       ACOPLASTICOS

Gustavo Galvis Hernández                     ANDESCO

Santiago Montenegro Trujillo                ASOFONDOS

Santiago Castro Gómez                          ASOBANCARIA

Augusto Solano Mejía                            ASOCOLFLORES

Luis Fernando Londoño Capurro           ASOCAÑA

Stella Villegas de Osorio                        ASOFIDUCIAR

Juan Martin Caicedo Ferrer                    CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

Sandra Forero Ramírez                           CAMACOL

Juan Carlos Rodríguez Muñoz               COLFECAR

Julián Domínguez Rivera                       CONFECAMARAS

Gustavo Adolfo Toro Velásquez            COTELCO

Jorge Humberto Botero Angulo             FASECOLDA

Jose Félix Lafaurie Rivera                      FEDEGAN

Jens Mesa Dishington                             FEDEPALMA

Guillermo Botero Nieto                          FENALCO

Rafael Mejía López                                 SAC

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