Doctora
Bibiana Rincón Luque
Secretaría Educación Distrito de Barranquilla
Atento saludo
Los docentes a su cargo estamos desplegando nuestro máximo esfuerzo en función de intentar llegar al máximo número posible de estudiantes en las actuales circunstancias, sin reservarnos absolutamente nada y cumpliendo a cabalidad con nuestros deberes por razones de vocación, responsabilidad y ética.
Aun cuando usted no nos lo haya preguntado, y seguramente no se haya detenido a pensar sobre ello, nuestro trabajo se ha triplicado en términos de tiempo, todo en función de suplir de la mejor manera nuestra ausencia en las aulas, a pesar de lo cual no ha habido, hasta el momento, queja alguna de nuestra parte, muy a pesar de la aparición de afectaciones en nuestra salud física por la exposición a largas jornadas de trabajo bajo condiciones que muy seguramente los expertos en salud ocupacional reprobarían.
Nuestra columna, nuestros músculos, nuestra vista, por solo mencionar tres factores, están siendo sometidas a un sobre esfuerzo diario que se expresa en un grado superlativo de cansancio al finalizar el día y en enormes dificultades para despertarnos sin dolor corporal al día siguiente. Sin embargo, seguimos cumpliendo casi que de manera estoica y no en función de lo que ordenen nuestros superiores jerárquicos sino impelidos por el amor a nuestros estudiantes y a nuestra profesión. Para ello no han sido óbice las enfermedades de base que muchos arrastramos como consecuencia o secuelas de un ejercicio profesional no suficientemente reconocido. Nos ha tocado oficiar, aparte de docentes, de agentes de call center, encuestadores, trabajadores sociales, sociólogos y hasta psicólogos sin serlo y sin que por ello se nos remunere.
Pero más allá de lo meramente corporal, no debería olvidarse que las condiciones de confinamiento, la incertidumbre, los temores, los requerimientos y presiones al interior de nuestras familias, en términos de tiempo, las preocupaciones frente a cómo se distribuyen en nuestros hogares los equipos para hacer teletrabajo y las obligaciones cotidianas impostergables, sumadas a la preocupación por aquellos estudiantes a los que la pobreza y la desigualdad excluyen, sin que el Estado actúe efectivamente para protegerlos y salvaguardar sus derechos e intereses también pueden generar un silencioso, pero no por ello inexistente, deterioro de nuestra condición y salud mental.
Si el contratista de Salud del Magisterio, en lugar de beneficiarse económicamente de la disminución de la demanda de servicios como efecto de la pandemia se dedicara a hacer telemedicina y medicina domiciliaria, con profesionales en distintas áreas, pero más en el de la salud mental, ya podría haberse percatado de los episodios de irritabilidad y depresión que se esconden muy seguramente en muchos de los espacios habitacionales de los maestros.
Lo que esperaríamos los educadores, bajo estas difíciles circunstancias, es que no se nos deje de percibir humanamente. Que no se nos mitifique como el sector de la sociedad inexpugnable a los efectos indirectos de la pandemia. Agradeceríamos de nuestros superiores acompañamiento, comprensión de nuestras circunstancias y que, de conformidad con el artículo 83 Constitucional, se presumiera en todo momento nuestra buena y no nuestra mala fe como profesionales.
No obstante, lo que venimos encontrando y así lo dan a entender las permanentes y cambiantes exigencias que de parte de Secretaría se hacen a nuestros directivos docentes para que ellos nos la transfieran a los docentes, es que desde valoraciones subjetivas y juicios a priori se cree que los maestros no están justificando debidamente el sueldo y que, en consecuencia, hay que incrementar sobre ellos presiones y exigencias de evidencias que fácilmente enmarcan ya en conductas de acoso laboral que agravan nuestro ya de por si desfavorable panorama, conductas que, valga decir, son sancionables, además, disciplinaria y penalmente.
Lo más grave de la situación, a mi juicio, es que se maneja un doble discurso. Mientras públicamente se habla de flexibilizar procesos, de adecuar contenidos y formas de evaluación y de priorizar el aspecto psicosocial con los estudiantes, privadamente se exigen cumplimiento de contenidos en tiempos, desconociendo aspectos de nuestra realidad como los graves problemas de calidad de conectividad en el país (que también han quedado evidenciados con el aumento de la demanda del servicio) y las constantes interrupciones del fluido eléctrico que atentan contra el normal desarrollo de las clases. Para colocarle un solo ejemplo, el día martes no se aún cómo voy a desarrollar clases, (con un celular cuya batería ya falla) cuando Electricaribe ha anunciado un mantenimiento (que ha podido hacer el lunes festivo) que va de 7:30 a.m. a 5:30 p.m.
Imponderables de esta naturaleza, que no son excepcionales sino frecuentes, atentan contra el desarrollo ideal de las actividades escolares que la Secretaría y, quizás, los directivos docentes imaginan. Pero más allá de ello hay razones de índole pedagógica que al parecer no son suficientemente tenidos en cuenta. Para quien no ha estado o seguramente dejó de ejercer hace ya algún tiempo la docencia quizás se conciba el acto educativo facilistamente como la entrega de unos materiales para que en una especie de lógica del "sálvese quien pueda" los estudiantes y sus padres los desarrollen y los devuelvan para inmediatamente atiborrarlos con nuevas obligaciones del mismo tipo.
Para quienes ejercemos la docencia y no devengamos nuestro sustento desde la comodidad de una oficina o tras un escritorio, es claro desde hace mucho rato, que el docente debe mediar y guiar los procesos, atendiendo a factores tales como las diferencias en los ritmos de aprendizaje, lo que nos obliga a hacer permanentes adecuaciones en función, no de estrictamente entregar contenidos sino de ayudar a construir saberes que resulten significativos.
Créame que desde la exigencia mensual de entregas periódicas de información a la Secretaría, que entre otras cosas no dispone del personal suficiente y de la capacidad y tiempo de revisión de los materiales de los varios miles de maestros que conforman su planta de personal, uno de los únicos propósitos que efectivamente se logra es el de distraer y sustraer al docente de lo esencial que es en si el acto pedagógico. Si permanentemente se nos coloca a diligenciar formatos y papeles que a alguna persona, haciendo gala de su sapiencia diseñó, se interfiere con el libre ejercicio y desarrollo de nuestra profesión y con su cometido esencial.
No habría que perder de vista, además, que con las exigencias de entregas permanentes de evidencias, en desmedro de lo estrictamente pedagógico, se envía un mensaje equivocado al maestro que termina por entender que colocados en una balanza pesan más el desarrollo apresurado de contenidos que los procesos pedagógicos mismos.
Tal situación viene precisamente transfiriendo horas y cargas excesivas de trabajo hacia los estudiantes, que sin la madurez mental suficiente para afrontar las presiones excesivas puede también afectarse en su salud física y mental, lo que constituye un crimen imperdonable y con serias repercusiones sociales en el corto, mediano y largo plazo. Ya hay expresiones de preocupante cuadros e depresión en varios de nuestros estudiantes. ¿Tocará acaso esperar a que se presente una situación irreparable en algunos de los miembros de la comunidad educativa para salir a lamentarlo y entonces si anteponer lo humano sobre el afán desmedido de medir y mostrar resultados? La concepción de que el estudiante es una especie de “tabla rasa” por llenar, en pleno siglo XXI, es anacrónica.
Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, si bien es cierto que el artículo 67 constitucional otorga al Estado la misión de “regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad”, tal preceptiva en ningún caso puede interpretarse ni tiene el alcance de colocarse por encima de otras normas superiores y/o no pueden ejercerse con menoscabo o invalidando los alcances del artículo 27 Superior (anterior y prevalente) en el que el constituyente dejó taxativamente expresado que: “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”, norma que se haya en perfecta concordancia con los también artículos constitucionales 20; 68 (inciso 3), entre otros.
En otras palabras, valga acotar que el ejercicio de la función docente está protegida contra injerencias e interferencias externas, en tanto goza de una protección de rango superior derivada del artículo 27 mentado. La inobservancia de tal norma implica una clara extralimitación del servidor público que lo hiciere.
Además, y no como un elemento menor, en concordancia con el artículo 83 Constitucional se presume que en virtud de los procesos de selección transparente (concurso) que adelanta el propio Estado la enseñanza está “…a cargo de personas de reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional…” (Artículo 110 de la Ley 115 de 1994) y que, para el caso específico de los educadores, constituyen única prueba de tal idoneidad profesional “… el título, el ejercicio eficiente de la profesión y el cumplimiento de la ley” (artículo 119 de la Ley 115 de 1994). ¿De dónde entonces deviene que los docentes deban ser controlados y vigilados como menores de edad y no hablando precisamente en términos cronológicos sino kantianos?
Como si lo anterior no fuese suficiente, y en el mismo orden de ideas, el artículo 77 de la ley marco de la educación (Ley 115 de febrero 8 de 1994) y en armonía con lo ya expresado señala que las instituciones de educación formal “gozan de autonomía…”, entre otras muchas cosas, para “…organizar las áreas fundamentales de conocimiento para cada nivel… adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas…”, confiriéndole el parágrafo inmediatamente posterior a las secretarías de educación responsabilidades en términos de asesoría.
Dicho todo lo anterior, concluyo respetuosamente ante usted, que los docentes no requerimos del factor coercitivo ni de presiones excesivas, indebidas y constantes para el desempeño libre y responsable de nuestro ejercicio profesional. Se equivocan quienes así lo sienten, lo piensan y lo expresan. Los docentes requerimos es sentirnos respetados y respaldados. Valorados en el aporte que día a día y de manera inmanente hacemos a la sociedad.
La Secretaría debería estar propiciando la complementariedad
Espero que estas líneas que constituyen de alguna manera una forma de desahogo o de catarsis frente al asedio sean asumidas de manera asertiva y constructiva y sin ningún tipo de prevenciones ni de retaliaciones.
Con sentimientos de alta consideración y respeto.
Atentamente,
Alberto Ortiz Saldarriaga
Segundo Renglón del Directivo Germán Espinosa en ADEA
Miembro del Colectivo Acción Ética Docente
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