El inicio, aunque aún informal, de las negociaciones laborales entre las organizaciones sindicales y la administración de la Empresa de Saneamiento Básico de Santander de Quilichao (Emquilichao) representa mucho más que un diálogo laboral rutinario; es un evento crucial de definición extrema para una empresa pública que, como el agua que gestiona, es vital para la ciudad y se encuentra en un estado de vulnerabilidad alarmante. Este proceso de negociación debe trascender la discusión salarial para convertirse en una reflexión estratégica, comunitaria y urgente sobre la supervivencia misma de Emquilichao como patrimonio público y la garantía futura de un derecho fundamental.
La importancia de este diálogo se entiende solo al dimensionar la difícil situación operativa y financiera que presenta la empresa. Esta crisis no es coyuntural; es el resultado acumulado de una histórica apatía en la planeación municipal, donde administraciones sucesivas (incluidas las dos del actual alcalde) han carecido de la voluntad o la visión para trazar una estrategia clara de corto, mediano y largo plazo. Emquilichao opera hoy como una entidad reactiva, atendiendo emergencias y cubriendo una demanda de crecimiento urbano caótico, pero sin los instrumentos técnicos básicos para hacerlo de manera sostenible. La ausencia de un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) acorde a la realidad geofísica y la falta de un verdadero Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado son dos vacíos que condenan a la empresa a la improvisación.
Este desorden no es casual, puesto que se alimenta de una dinámica de urbanización irresponsable, permitida y promovida desde la Secretaría de Planeación Territorial y Vivienda, que ha venido otorgando licencias de construcción y urbanismo, al parecer, atendiendo más a intereses particulares que a las capacidades reales de Santander de Quilichao, tales como su escasa disponibilidad hídrica y la ausencia de una dirigencia político-administrativa con una visión integral de sostenibilidad.
A la expansión urbanística desbocada se le suma la crisis de la disposición final de residuos sólidos, formando una mezcla que presiona de manera insostenible la infraestructura sanitaria, forzando un escenario de servicio desmejorado para los usuarios y de incremento de tarifas. Resulta evidente que cualquier negociación laboral que ignore este contexto de quiebre estructural sería un ejercicio de miopía colectiva.
Frente al panorama descrito, la responsabilidad comunitaria de ambos actores —administración y sindicatos— adquiere una dimensión crítica. Existe un pasado local reciente de coqueteos con lógicas privatizadoras, cercanas al manual ya conocido en Colombia, en el que se debilita a la empresa pública mediante la desinversión y la mala gestión; se estigmatiza a sus trabajadores, presentando sus legítimos derechos salariales y prestacionales como la causa principal de los males; y se crea un clima de opinión pública favorable para una “intervención” que termine en liquidación o venta. Frente a este guion, la histórica postura de compromiso de los trabajadores de Emquilichao con la empresa y la comunidad es un capital social invaluable. Su lucha no puede reducirse a la defensa legítima de su convención; debe ampliarse a la defensa estratégica de la empresa como bien público.
Por todo lo anterior, estas negociaciones son una encrucijada, ya que de las decisiones que se tomen, particularmente en materia de estabilidad, formación y condiciones laborales, dependerá la capacidad de Emquilichao para retener talento, mejorar su eficiencia y proyectarse.
La dirigencia sindical tiene el desafío de ejercer su histórico buen juicio con visión de futuro, comprendiendo que la salud financiera de la empresa es el sustento de los puestos de trabajo a largo plazo, y de esta forma no darle oportunidad a funcionarios como el mismo Eduardo Grijalba, quien, en recientes declaraciones públicas, ha mencionado su preocupación por los, según su opinión, “exagerados sueldos” de los trabajadores de Emquilichao. En este mismo orden de ideas, la administración municipal y la nueva gerencia de la empresa están llamadas a abandonar cualquier tentación cortoplacista o de sometimiento a presiones privatizadoras. Su deber es pensar en el fortalecimiento institucional del patrimonio de las y los quilichagüeños, y no en su marchitamiento.
Santander de Quilichao tiene en sus manos una de las pocas empresas públicas de saneamiento básico que mantiene viabilidad en el país. Este es un patrimonio colectivo que no se puede malbaratar. La solución a los problemas históricos de desplaneación, cobertura y calidad del servicio no está en ceder Emquilichao a intereses privados, que priorizarán la rentabilidad sobre el acceso universal. La solución está en lo que este diálogo laboral podría germinar: un Pacto Social por el Agua, en el que trabajadores y administración, con el acompañamiento veedor de la comunidad, definan una hoja de ruta conjunta para modernizar la empresa, exigir y co-crear una planeación territorial seria y garantizar que el agua de Santander de Quilichao siga siendo un bien común, gestionado con eficiencia pública y sentido de pertenencia.
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