Una de las mayores defraudaciones acaecidas en los últimos tiempos en la región Caribe es la que se ha presentado en el servicio eléctrico. Los gobiernos de la era neoliberal se empecinaron en feriar el patrimonio público, creado por el esfuerzo de varias generaciones, a empresas trasnacionales a las que solo les interesa el ánimo de lucro. Así sucedió cuando destrozaron en la década de los noventa a Corelca, empresa industrial y comercial del Estado, e intervinieron las siete Electrificadoras de sendos departamentos costeños, para dejarlas desde el 2000 en manos de la española Unión Fenosa, hoy Naturgy. Esta empresa nunca hizo las inversiones a las que se comprometió, sino todo lo contrario: desmanteló miles de kilómetros de redes de cobre para venderlas en el extranjero, amasando una gran fortuna, y las reemplazó por redes de aluminio de pésima calidad, una de las causas del actual desastre. Despidió a miles de operarios expertos en el sector eléctrico e inició el proceso de tercerización laboral. Asimismo se enriqueció aún más cuando esquilmó a millones de usuarios de las áreas especiales, escamoteando los subsidios del FOES por sumas superiores a los $218.000 millones de pesos, según la Contraloría General de la República, sin contabilizar más de cien mil millones de pesos faltantes de los Programas de Normalización de Redes (Prone) y Electrificación Rural (Faer), según información de la misma fuente.
Cuando el gobierno se vio obligado a intervenir a Electricaribe el 15 de noviembre de 2016, al no poder la trasnacional pagar la energía comprada a los generadores, prestar un pésimo servicio y ocasionar problemas de orden público en toda la geografía del Norte del país, todas causales expresas contenidas en el artículo 59 de la Ley 142 de 1994, muy pocas personas intuían que las cosas podían ir de mal en peor. Pero en Colombia estamos y fue exactamente lo que sucedió. Se conocen las cifras de tan enorme corrupción. La trasnacional dejó en estado tan lamentable a la empresa que atiende la Distribución y Comercialización de energía eléctrica en la Costa que en los dos años posteriores entró prácticamente en colapso, ya que no se han implementado las cuantiosas inversiones requeridas, que según expertos son del orden de los $800.000 millones de pesos anuales en los próximos diez años. Las pérdidas mensuales superan los $40.000 millones mensuales, cifra admitida por la propia ministra de Minas y Energía.
La conocida Ley de Peter se cumplió, según la cual “cuando algo va mal y no tiene correctivos, es susceptible de empeorar”. La “solución” para una empresa quebrada por los españoles, no por la intervención, y saqueada hasta más no poder fue dejarla en manos de la banca internacional, el peor de los escenarios. A través de la Superservicios que administra la empresa, el gobierno contrató para los estudios y estructuración de las salidas a la crisis a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), bajo el control del Banco Mundial, la CAF y el Banco Sumitomo de Japón. La medida no podía ser más contraproducente. Todo está confabulado para esquilmar mucho más a los diez millones de usuarios de la región y el sector productivo.
Las consecuencias no tardaron en verse. La Comisión de Regulación de Energía y Gas expidió la Resolución 015 de 2018, la nueva normatividad tarifaria de la energía eléctrica, según la cual las tarifas no solo deberán reflejar el valor de los activos actuales, sino también el Plan de Inversiones a diez años, es decir, prepagarlos. Luego vino el Conpes 3933 del 5 de julio de 2018 para dar otro golpe, aún más aberrante, al determinar la garantía oficial para el endeudamiento de Electricaribe por $750.000 millones de pesos, cuota inicial para el Plan de Inversiones y Plan de Recuperación de Pérdidas para el año 2019 y que tendrán que prepagar los millones de usuarios de la región y “en el menor tiempo posible” (Conpes 3933, página 41)
Con plena razón, el Comité de Defensores del Patrimonio Público del Atlántico ha declarado la alerta, como lo hizo en Barranquilla, el 1° de diciembre, la audiencia pública de las bancadas alternativas del Congreso, que rechazó de plano el aumento de tarifas a partir del 1° de abril de 2019. La audiencia exigió nombrar un nuevo operador público que adelante las inversiones sin cobrarlas a los usuarios, rechazó la segmentación de la empresa y llamó a una protesta masiva en la Costa el 13 de febrero de 2019. Se presiente un año pleno de luchas de masas contra semejantes atropellos.
