La Fiscalía ya tiene todo listo para imputarle cargos a cinco personas involucradas en el escándalo de corrupción de Centros Poblados, la sociedad que se ganó un billonario contrato con el Ministerio de las TIC para instalar internet en 7000 escuelas rurales y terminaron robándose por lo menos $70.000 millones.
El 23 de febrero de 2022 la Fiscalía le imputará cargos a Emilio Tapia, Ottomar Lascarro, Juan José Laverde, Luis Fernando Duque —representante legal de Centros Poblados— y Juan Carlos Cáceres. Estas personas serán imputadas por la "posible participación en las conductas ilícitas, por delitos como: peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal".
El nombre de Emilio Tapia apareció en la investigación después de las investigaciones y denuncias de la periodista Paola Herrera de la W Radio. Tras este hecho, comenzó a destaparse la olla y a conocerse la participación de uno de los cerebros del carrusel de la contratación en Bogotá. Tapia era el verdadero dueño de la firma ICM Ingenieros a través de su representante Herles Ariza.
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El otro imputado es Juan Carlos Cáceres, representante de Funtics, una empresa que ya ha estado involucrada en otros casos donde hubo corrupción, como el contrato de bilingüismo en La Guajira. Cáceres, nortesantandereano, ha ganado miles de millones contratando con el Estado .
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Por su parte, Ottomar Lascarro aterrizó en Centros Poblados también gracias a Emilio Tapia. Lascarro es el dueño de la firma OLT Logistics, una empresa que comenzó siendo una orquesta y se transformó en una firma que hace de todo, desde eventos hasta ciclorrutas.
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Desde el 27 de octubre, Juan José Laverde goza del beneficio de cárcel domiciliaria en su apartamento en El Poblado de Medellín gracias a la información que ha aportado a la investigación que adelante la Fiscalía. Laverde era el cerebro de las garantías falsas, con Rave Seguros, empresa de la que fue empleado hasta 2018, le proporcionaba garantías falsas a Tapia a quien Laverde habría visitado por primera vez en el Batallón Militar de Malambo cuando Tapia pagaba condena por su participación Carrusel de la Contratación de Bogotá.
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Luis Fernando Duque también será imputado como representante legal de Centros Poblados.
