Los casi 9 años de cárcel que puede terminar pagando el que evada impuestos

Los casi 9 años de cárcel que puede terminar pagando el que evada impuestos

Este artículo de la Reforma Tributaria que pasó la prueba en la Corte Constitucional puso al país en el Top 10 de los de mayor castigo con Sudáfrica a la cabeza

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febrero 17, 2024
Los casi 9 años de cárcel que puede terminar pagando el que evada impuestos

Para los grandes contribuyentes, ya llegó la hora de declarar y pagar los impuestos según el calendario tributario en Colombia, que ya es el cuarto entre los países del mundo con más penas de cárcel para quienes se proponen esconder bienes o declarar deudas inexistentes.

Con el visto bueno de la Corte Constitucional que avaló los cambios que introdujo la reforma tributaria de 2022 (Ley 2277 de 2022), presentada por el gobierno de Gustavo de Petro, defendida por el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo y aprobada por el Congreso de la República, la Dian ya tiene dientes para desincentivar la evasión y la elusión fiscal, delitos que son severamente castigados en otros países.

Sudáfrica es el país campeón con penas de 25 años de cárcel por evadir impuestos. Le siguen Grecia con 20 años, Alemania con 10 años y Colombia ocupa el cuarto lugar con penas que van desde los 4 a los 9 años según el monto no declarado, eludido o evadido.

En el Salvador con el presidente Nayib Bukele, la pena de cárcel para los evasores alcanza los 7 años, uno más que en Francia donde ese delito se castiga con 6 años y en Canadá, Brasil y Estados Unidos, las penas son de 5 años y en ese último país, además de la cárcel, las multas pueden ser de 100.000 dólares.

La Dian y la administración tributaria, ya con más dientes tras la declaración de exequibilidad por parte de la Corte que fortalece los tipos penales para castigar la evasión y la elusión, no es que el director Luis Carlos Reyes esté pensando mandar a todo el mundo a la cárcel, sino disuadir y mitigar lo que él ha llamado el riesgo subjetivo, deje de evadir y empiece a aportar los recursos que financian la educación, la salud, las vías, el acceso a la justicia y los demás bienes públicos que se necesitan para que el Estado Social de Derecho deje de ser una promesa que se cumpla en la práctica y no solo en el papel.

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