La sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá le quitó al cantante cuatro haciendas y una discoteca porqué fueron adquiridos con dinero de paramilitares

 - El baladista Charlie Zaa, sin bienes por posible testaferrato

La nostalgia que inspiran las baladas del cantautor Carlos Alberto Sánchez Ramírez, popular entre la farándula por su nombre artístico de Charlie Zaa, podría transformarse en amargura si la justicia penal deja en firma una decisión que congela judicialmente valiosos bienes registrados a su nombre, como posible testaferro de una estructura paramilitar.

Los acordes del drama que protagoniza se escucharon el martes 29 de septiembre de 2026, cuando la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del magistrado Andrés Giovanni Rosas Calvo, declaró la extinción de dominio de seis bienes avaluados en $23.755 millones y registrados a su nombre.

El patrimonio intervenido está conformado por dos locales del Centro Comercial Oasis en Girardot, puerto cundinamarqués sobre el río Magdalena; dos lotes en El Guamo y Lérida, en el Tolima, la Hacienda Guamal en San Luis y otro lote en Girardot.

Solo uno de los locales del centro comercial Oasis está avaliado $15.840 millones, según reportes del cuerpo de policía judicial que apoya las pesquisas judiciales.

 - El baladista Charlie Zaa, sin bienes por posible testaferrato
El cantante Charlie Zaa se volvió famoso por canciones como: Un disco más, Niégalo todo, Rondando tu esquina y Nuestro juramento

No es la primera vez que el nombre de Charlie Zaa aparece asociado a operaciones de esta naturaleza. Ya en julio de 2026 la Fiscalía había ocupado otros cuatro bienes distintos del mismo cantante por $45.467 millones, entre ellos un hotel, el mismo centro comercial Oasis, dos discotecas en Girardot e Ibagué, también porque en su compra habrían sido utilizados dineros producto de las acciones criminales del Bloque Tolima de las autodefensas.

Según la investigación, ambos paquetes de bienes habrían sido usados para ocultar patrimonio de Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, jefe del Bloque Tolima, muerto en 2009 por envenenamiento con cianuro mientras se encontraba confinado en una cárcel.

En aquella ocasión Charlie Zaa, protegido todavía por el principio de presunción de inocencia. Dijo en un comunicado formal que no existía sentencia en su contra ni decisión alguna que hubiese declarado ilícito su patrimonio, ni tampoco una decisión definitiva de extinción de dominio.

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Se mostraba confiado en que la justicia pudiera comprobar que su patrimonio era producto de 30 años de carrera musical sin tacha.

Las circunstancias han cambiado ahora para él y lo han hecho de manera dramática. La Fiscalía exploró sus movimientos financieros, siguió su trazabilidad y encontró rastro de transferencias hechas por personas cercanas a Martínez Goyeneche y conectadas con las estructuras del bloque armado.

Por esa razón la Fiscalía no se limitó a impulsar la extinción del dominio, sino que además compulsó copias para investigarlo penalmente por presunto testaferrato. Sin embargo, por ahora se trata exclusivamente de un caso de solo extinción de dominio en Justicia y Paz y no de una condena penal.

La masa total de los bienes extinguidos alcanza un monto de $23.755 millones y pasan a manos del Estado para que sean utilizados para reparar a las víctimas del Bloque Tolima.

La historia data de 2020, cuando la Sala de Justicia y Paz ordenó desarchivar el expediente número 307-30869 relacionado con el condominio Lagos del Peñón en Girardot, donde Zaa era mencionado solo como “un conocido cantante”. Hubo otros archivos previos que el mismo tribunal ordenó investigar por su posible relación con presuntos sobornos.

Sumadas las operaciones judiciales de julio y septiembre, los bienes intervenidos alcanzan un valor total de $69.242 millones.

De acuerdo con fiscales consultados, es importante impulsar una reforma que permita que las acciones de persecución de bienes puedan tener una sentencia independiente de los hechos, con lo cual cobrarían mayor agilidad y no se tardaría los seis años que ha tomado el caso Zaa.

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