La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena por 6 años y 8 meses de prisión contra María Gilma Gómez Sánchez, exdirectora de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá en la Alcaldía de Gustavo Petro. Fue señalada responsable del delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
De acuerdo con lo manifestado por el alto tribunal, la exfuncionaria firmo el contrato # 638 de 2013, tramitado y celebrado entre la UMV y la firma mexicana Green Patcher Colombia, sin que se cumpliera con el lleno de requisitos legales por un valor de $ 11.822 millones, el cual tenía como objeto el mantenimiento correctivo de la malla vial de Bogotá, con la famosa máquina tapahuecos.
Según la sentencia emitida por la Corte, como se trataba de una obra pública, debió realizarse una licitación para escoger al contratista, pero Gómez Sánchez lo tramitó como un contrato de ciencia y tecnología bajo la modalidad de transferencia tecnológica, evadiendo de esta forma la licitación pública y seleccionando de forma directa al contratista sin realizar dicha convocatoria. La Corte encontró que no hubo justificación alguna para adjudicar de forma directa el contrato a la firma GPC.
En tal sentido, reiteró que en los contratos de transferencia tecnológica se permite la contratación directa, pero este no era el caso, en el proceso también se determinó que los estudios previos de conveniencia y oportunidad que se elaboraron eran precarios y la empresa elegida Green Patcher Colombia no era idónea para realizar dichos trabajos de repavimentación parcial de las vías con la máquina tapahuecos. Por falta de experiencia y capacidad financiera a juicio de la Corte Suprema de Justicia, la ingeniera María Gilma Gómez Sánchez actuó con dolo.
Pero ese no fue el único contrato con el que tuvo problemas la exdirectora de la UMV de Bogotá y que repercutió en la administración de Gustavo Petro. En octubre de 2014, la Procuraduría General de la Nación la destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años debido a que presuntamente se presentaron irregularidades en la ejecución y liquidación de un contrato que se firmó con el consorcio Luz el 10 de marzo de 2011 por un valor de 10.000 millones de pesos, donde los contratistas incumplieron y no les pagaron los salarios a 275 trabajadores. La administración terminó asumiendo las obligaciones contractuales, lo cual fue ilegal según dijo en su momento el ministerio público.
En abril de 2014, la Contraloría de Bogotá en su momento le solicitó al alcalde encargado, Rafael Pardo, que separara de su cargo a la ingeniera María Gilma Gómez como directora de la UMV de Bogotá porque el organismo de control había emitido en su contra 10 procesos de responsabilidad fiscal que sumaban más de 4 mil millones de pesos en las investigaciones fiscales que adelantó la sobre la contratación de la entidad.
La ingeniera Gomez era tan de cercana a del alcalde Gustvo Petro que terminó desplazando al alguien de tanta confianza como el sincelejano Juan Carlos Montes Fernández, en la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá. Montes terminó nombrado subdirector y por tanto quedo subordinado por la directora.
Montes, de los sincelejanos cercanos a la familia de Verónica Alcocer, se dio a conocer, no por los llamados Petro videos en los que aparecía entregándole recursos en efectivo para la campaña presidencial del 2018 que denunció la senadora Paloma Valencia.
Con el peso de los procesos judiciales, se trasladó a vivir a Suiza, un país con el que Colombia no tiene tratado de extradición y desde allí recibió el ultimo de los procesos adversos en su contra que fue la declaratoria de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 10 años por parte de la personería de Bogotá el pasado 8 de mayo de 2023. según el ente de control Montes Fernandez incurrió en una falta gravísima al firmar contratos sin el lleno de requisitos legales cuando se desempeñó como subdirector de construcciones del IDRD en 2015.
Sin reparos reapareció en Davos este año, con la visita de participación del Presidente en la Cumbre anual cuando según denuncia de medios de comunicación hizo las veces de intermediario para el escandaloso contrato de USD 1 millón de la Casa de Colombia en Davos en donde se ofreció café colombiano suministrado por la empresa de un español.
Montes Fernández en 2013 cuando se desempeñaba como Subdirector de la UMV de Bogotá, fue quien diseño el plan para llevar a cabo la recuperación y rehabilitación de la malla vial de la ciudad, cuyo proyecto costó más de $ 496.000 millones, después de todo el escándalo de la máquina tapahuecos de la empresa Green Patcher Colombia recomendada por el actor Juan Pablo Posada.
Juan Carlos Montes Fernández en 2015 pasó a la subdirección técnica de construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deportes de Bogotá (IDRD) y en ese cargo firmó el contrato 3817 para adelantar la construcción de la primera etapa del parque metropolitano porvenir en la localidad de Bosa por un valor de 19.000 millones de pesos con un plazo de ejecución de aproximadamente un año, pero las obras nunca terminaron y solo alcanzaron el 83% de ejecución y un valor de 24.734 millones de pesos. La obra estaba a cargo del Consorcio Parque Porvenir, pero este subcontrato a la empresa transportes Lamd S.A.S los organismos de control iniciaron la investigación y al final el instituto declaró la caducidad del contrato.
En la localidad de Suba pasó algo similar con otro contrato que se le adjudicó al consorcio parque de Suba con las obras de los parques vecinales Rincón de suba con un costo de 9.683 millones. Los contratos fueron adjudicados el 24 de noviembre de 2015, las obras estaban previstas entregarlas en 4 meses y tardaron 24 meses, pero solo ejecutaron un 15% y en 2019 la Fiscalía General de la Nación le solicitó a la Interpol expedir circular azul para ubicar a Juan Carlos Montes Fernández por una investigación que cursaba en su contra por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos sin el lleno de requisitos legales cuando fue subdirector del IDRD.
En julio de 2021 fue imputado por la celebración de dichos contratos sin el lleno de requisitos legales por un fiscal adscrito al CTI y seria procesado como persona ausente por el juzgado 58 penal municipal de Bogotá. A pesar de haber sido ubicado en Suiza, Montes Fernández no pudo ser extraditado a Colombia porque no hay un tratado de extradición con este país europeo.
