Han transcurrido más de tres décadas desde que la Carta Política de 1991 ilusionó a una nación con un nuevo pacto social, fundado en la promesa de un Estado Social de Derecho, pluralista y con mecanismos robustos para proteger la democracia y los derechos fundamentales. Hoy, sin embargo, ese edificio constitucional muestra grietas estructurales profundas, evidenciando no solo inconveniencias, sino fallas sistémicas que comprometen su legitimidad y eficacia.
El diagnóstico es claro: Colombia requiere, con urgencia, un profundo rediseño de la arquitectura de su Estado. Si bien una Asamblea Nacional Constituyente debe ser objeto de un debate nacional serio y no exento de cautelas, la necesidad de una reforma estructural es cada día más ineludible.
El núcleo de la crisis actual reside en la perversión del esquema de pesos y contrapesos, específicamente en la cooptación política de las altas cortes y los órganos de control. El diseño de elección de magistrados para la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, basado en un sistema de listas y postulaciones en el que el Congreso colombiano tiene la última palabra, ha degenerado en la práctica nociva del “tú me eliges, yo te elijo”.
Una dinámica que, lejos de garantizar independencia, ha sembrado el clientelismo en el corazón del poder judicial. El resultado no es la selección de los más idóneos por su excelencia técnica o trayectoria intachable, sino la conformación de cortes que reflejan, con demasiada frecuencia, las cuotas de poder de las coaliciones políticas dominantes en el Legislativo.
Esta cooptación ha tenido un efecto corrosivo. Las decisiones de las altas cortes, que deberían ser faros de imparcialidad y rigor jurídico, son hoy observadas por la ciudadanía con creciente suspicacia, al percibirse en ellas excesivos sesgos ideológicos, partidistas y clasistas. En este escenario reiterado, se ha diluido la línea entre la interpretación jurídica y la defensa de intereses políticos o económicos particulares. La independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, se ve así socavada desde su base, transformando a los máximos tribunales en arenas de disputa política por otros medios.
Un ejemplo reciente y aleccionador de esta crisis es el manejo dado por la actual Corte Constitucional a los decretos de Emergencia Económica expedidos por el gobierno nacional de Gustavo Petro. Al abandonar una línea jurisprudencial de casi treinta años, que privilegiaba el examen de fondo sobre la constitucionalidad de las normas, para enredarse en discusiones procedimentales no indispensables y ampliar de manera cuestionable el debate, la Corte apareció ante la opinión pública no como el guardián abstracto de la Carta, sino como un actor político más. Esta actuación, interpretada por muchos como alineada con los intereses de la oposición política al gobierno, ha erosionado la credibilidad de la institución.
A esta crítica funcional se suma una de carácter ético y moral, relacionada con la sombra de desconfianza sobre la probidad de algunos magistrados. Casos de funcionarios cuyos pasados están marcados por señalamientos de manejo clientelista, o aquellos envueltos en escándalos personales que comprometen su imagen de integridad, constituyen una herida autoinfligida a instituciones que deberían resistir el escrutinio más severo.
Este panorama se agrava por las peculiaridades del modelo de justicia colombiano, que combina tradiciones del derecho continental con una enorme preponderancia de la jurisprudencia. Esta mezcla puede generar inseguridad jurídica, dado que un simple cambio en la composición de una sala puede significar un giro abrupto en la interpretación de la ley, más ligado a correlaciones ideológicas internas que a una evolución doctrinal sólida y previsible.
La suma de estos factores —cooptación, sesgo, desconfianza en la probidad e inseguridad jurídica— configura una crisis de legitimidad de las altas cortes. Cuando estas dejan de ser percibidas como instancias técnicas y se las ve como apéndices del juego político, el sistema institucional en su conjunto se resiente. El riesgo es que, ante esta debilidad, las cortes queden expuestas a ataques más graves en el futuro, como los que ya padecieron durante los gobiernos uribistas, cuando su independencia fue puesta en jaque.
Por todo lo anterior, el llamado a un rediseño profundo de la arquitectura estatal no es un capricho académico ni una maniobra política coyuntural. Es una necesidad imperiosa para salvar a las instituciones de sí mismas. Se requiere repensar los mecanismos de elección de magistrados para blindarlos de la cooptación partidista, fortalecer los criterios de mérito e idoneidad, establecer períodos que impidan la búsqueda de reelecciones politizadas y revisar el modelo de justicia para dotarlo de mayor coherencia y predictibilidad.
La Carta Política de 1991 abrió puertas fundamentales en materia de derechos, pero falló en construir los diques suficientes para proteger la independencia judicial de la vorágine política. El momento es ahora, antes de que la erosión de la confianza en la justicia sea irreversible. Colombia merece instituciones que funcionen con armonía, independencia y, sobre todo, con una legitimidad inquebrantable. Lograrlo exige el coraje de reformar lo que, evidentemente, ya no funciona.
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