Opinión

Lo de la CPI y el sentido de Estado del presidente

El cierre del «examen preliminar» que descarta un caso formal contra Colombia tuvo un juez audaz y un presidente con sentido de Estado. Reconocimiento a Duque

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noviembre 08, 2021
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Lo de la CPI y el sentido de Estado del presidente
Tras 17 años de examen, la CPI culminó su más larga indagación. Colombia sale de la deshonrosa lista de países reconocidos por la vergonzosa incapacidad de sus sistemas judiciales. Foto: Presidencia

El cierre de «examen preliminar» anunciado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), es sin duda un logro político e institucional de gran envergadura y parte estructural del legado que deja el gobierno de Iván Duque. Significa que, tras 17 años de examen, la CPI descarta abrir investigación o caso formal contra Colombia, culminando así la más larga indagación que haya adelantado el referido tribunal, con lo cual, para tristeza de Cepeda, Petro y los demás anarquistas que apostaron por lo contrario, unicamente al ritmo de su habitual rutina de odio, Colombia sale de esa deshonrosa lista en la que están Guinea, Nigeria, Ucrania, Bolivia y Venezuela, países reconocidos mundialmente, entre otras cosas, por la vergonzosa incapacidad de sus sistemas judiciales.

Cierto es que el Fiscal de la CPI concluyó el «examen preliminar» con un «acuerdo de cooperación», suscrito con el gobierno del presidente Duque, convenio en el que toma nota de los avances logrados por las autoridades colombianas, tanto a través de la justicia ordinaria como de los sistemas de justicia transicional (Justicia y Paz y la JEP), conclusión a la que se llega gracias a los «sucesivos informes voluntarios presentados por el despacho de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Defensa Legal del Estado», de lo cual quedó constancia escrita en los considerandos que sustentan el articulado del acuerdo referido.

Pese a la claridad de los compromisos derivados de lo acordado, han surgido múltiples interpretaciones entre los pesimistas e inconformes con el inesperado cierre, sin duda la más llamativa, aquella que, como premio de consolación, adjudica al acuerdo el efecto interpretado como una especie de blindaje a la JEP, frente a futuras iniciativas de reformas.

En medio de los anuncios tuvimos que ver y oír a Eduardo Cifuentes, salido de tono, patético y desconcertante, presumiendo en vano de resultados contundentes -que aún no tiene- y afirmándo al país que, con el acuerdo, la JEP se volvió irreformable. ¿Acaso desconoce que a la Constitución del 91 se le han hecho 56 enmiendas y que pueden seguirse haciendo aquellas que dentro de los principios democráticos se decidan adelantar? ¿Será que aspira extraer de un sencillo acuerdo de cooperación una jerarquía supraconstitucional que la JEP no tiene? Cuesta creer lo que vimos y escuchamos afirmar a Cifuentes, en todo caso, vale la pena enfatizar cuán superlativamente irrespetuoso es tomar por ignorantes a quienes le escucharon. El país cuenta con muchísimas mentes lúcidas en derecho, para que pueda creer que su retórica y desesperada versión pueda parecer una verdad que tragaremos entero.

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A los despistados o malpensados vale la pena decir que el «acuerdo de cooperación» no es sino el trasunto del «principio de complementariedad» del Estatuto de Roma, según el cual, la CPI no reemplaza a la jurisdicción nacional

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A los despistados e incluso a los malpensados vale la pena decir con claridad, el «acuerdo de cooperación» no es sino el trasunto del «principio de complementariedad», entendido como la piedra angular del Estatuto de Roma (ER), según el cual, la CPI no reemplaza a la jurisdicción nacional, tan solo la complementaría de llegar a comprobar que Colombia no está dispuesta o no es capaz de investigar y, dado el caso, juzgar o resolver por medios legítimos los delitos de su competencia. El fiscal de la CPI no tiene la competencia de modular la autodeterminación del derecho interno.  En ese contexto, no toda reforma que aspire hacerse a la JEP generaría otro examen preliminar o apertura formal de un caso, f, solo aquellas que generen «obstaculización significativa del progreso y /o la autenticidad de los procedimientos pertinentes y la ejecución de sanciones penales», lo cual debe probarse, además.

Lo que sí ha quedado demostrado es que el cierre del «examen preliminar» dependía de un fiscal audaz, y lo hubo; pero sobre todo de la gestión de un gobernante con sentido de Estado, es decir, empeñado en servir al Estado desde una comprensión superior, ajeno a las mezquindades del dia a dia de la politica, que pudiera ser convincente y presentara adecuadamente toda la contundencia argumental que en efecto produjo el efecto propuesto. Lo tenemos. Y hay que reconocerle a Iván Duque este gran triunfo institucional y democrático.

Queda una inquietud: si la novedad son las escasas imputaciones de la JEP, cuando antes se lograron prolíficas sentencias (como el caso de los 16 fallos que pesaban contra Timochenko), el anterior gobierno debe darnos explicaciones. Llama la atención que después del «Reporte Intermedio» de noviembre de 2012 suscrito por la CPI (por incesantes presiones de distintos activistas anti gobiernistas), no supiéramos que el gobierno de entonces reaccionara con rendición de cuentas detalladas y soportadas de los avances significativos de la justicia ordinaria y de justicia y paz que hoy se reconocen.

Es increible haber invisibilizado lo que hoy se erige retrospectivamente en contraste vergonzante para la JEP, como es que Justicia y Paz a los 5 años tenía su primera sentencia, en 2016 ya eran 56, y en ellas 642 postulados condenados, en 13.036 hechos de los que emanaron 812.000 millones de pesos en indemnizaciones. Sin dejar de mencionar que la Justicia ordinaria, para esa fecha ya había sentenciado a todo el secretariado de las Farc Para la JEP era solo revalidar esas pruebas e imputar… Ojalá los mas eficientes jueces de Justicia y Paz hubieran tenido esa ventaja.

Lo que sí se publicitó en ese interregno fueron las sendas comunicaciones de las ONG y activistas dirigidas a la CPI, para denunciar hechos que ya estaban siendo investigados en la jurisdicción nacional. ¿Usaron a la CPI para forzar el pacto de La Habana por encima de los intereses nacionales? Pocas dudas quedan. Durante los 8 años de Santos nunca hubo la voluntad politica de lograr el cierre que hoy ha conseguido Duque. ¿Por qué? Imaginen la respuesta. Sin lugar a dudas es otra prueba de la mezquindad del señor Santos, y de la irresponsabilidad de su equipo ante la historia.  

 

@sergioaraujoc

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