Lineamientos anticorrupción de López Obrador, ¿demagogia populista o compromisos reales?

El recién electo presidente de México deberá realizar un importante esfuerzo para que las reformas propuestas sean consistentes y armónicas

Por: Martin Eduardo Botero
Julio 16, 2018
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Lineamientos anticorrupción de López Obrador, ¿demagogia populista o compromisos reales?
Foto: Twitter @lopezobrador_

Como bien saben todos los lectores, el tema de la corrupción política en la campaña electoral de López Obrador fue determinante para ganar las recientes elecciones presidenciales en México. La propuesta de reformas centradas en sus 50 lineamientos (éticos más estrictos) no solo tendría un impacto real en el combate a la corrupción en la administración federal, sino que haría viables las medidas para la implementación del plan de austeridad necesarios para su aplicación y cumplimiento. Este es el modelo a partir del cual, más allá de las ideologías, es esencial para aumentar la eficiencia de las políticas públicas nacionales y locales en todos los niveles y la eficacia del gasto público.

Dichos lineamientos suponen la adopción de medidas preventivas y/o represivas apropiadas, los criterios de austeridad y ahorro de los recursos públicos y sienta las bases para la aplicación de medidas específicas de México en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en particular. La erradicación de la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos debe ser una prioridad dominante en la formulación y aplicación de las políticas, programas y proyectos nacionales.

Veamos en mayor detalle cuáles son los métodos y criterios escogidos para combatir la corrupción y crear una administración estatal moderna.

i) Nuevas medidas y buenas prácticas en todo cuanto se relacione con la función presidencial

Entre las distintas medidas preventivas y represivas y las encaminadas a la austeridad y el ahorro presupuestario, los principales lineamientos trazados en todo cuanto se relacione con la función presidencial: en particular, se prevé reformar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y relacionados con actos de corrupción. En cuanto al presidente en sí, ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente saliente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones y quedarán canceladas las pensiones a los expresidentes de la República. En otros sectores, el Estado Mayor Presidencial se incorporará por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional y se ocupará de tareas de protección, de vigilancia de espacios públicos, instalaciones estratégicas, y de la seguridad de los mexicanos. Además, está previsto que, la residencia oficial de Los Pinos pasará a formar parte del Bosque de Chapultepec y se convertirá en un espacio para el arte y la cultura. Por otro lado, desaparecerán las partidas para vestuario para cualquier acto de protocolo y ceremonial dedicado al presidente, a sus colaboradores cercanos y a familiares.

ii) La reforma del sector público y el sector judicial y a las medidas dirigidas a luchar contra la corrupción

Otras reformas cuya aplicación se prevé a corto plazo son las relativas a la reforma de la Ley para considerar delitos graves el tráfico de influencias, la corrupción, la asociación entre funcionarios y particulares para cometer fraudes a la Hacienda Pública y la Ley para prevenir el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Al mismo tiempo, cabría señalar que las penas previstas para todos estos delitos no permitirán al inculpado la obtención de la libertad bajo fianza. Por otra parte, en otro considerando se subraya la importancia de que las elecciones sean libres, limpias y se sancionará la compra del voto, la coacción, la amenaza, el uso del presupuesto público o de bienes para favorecer a partidos y candidatos.

En los lineamientos también se formulan recomendaciones con respecto a los órganos judiciales, por ejemplo, la Fiscalía General contarán en los hechos con absoluta autonomía y no recibirá consigna alguna de la presidencia y sus prácticas se apegarán al principio de Derecho liberal, según el cual: “al margen de la Ley nada, y por encima de la Ley nadie”. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción será garante y no permitirá, en ninguna circunstancia, que prevalezca la impunidad y podrá actuar con absoluta libertad, y castigar a cualquier persona que cometa un delito de esa naturaleza, trátese de quien se trata, incluidos compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. “Un buen juez por la casa empieza”. Por otro lado, también se dispone que se cancelará toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad de las personas. En aquellas circunstancias, por lo tanto, el sistema de inteligencia del Gobierno estará exclusivamente dedicado a la prevención de delitos, al combate a la delincuencia y a la preservación de la seguridad nacional.

iii) Medidas preventivas de naturaleza multidisciplinar que se deben aplicar a todo el personal de la administración federal

En los lineamientos figuran importantes medidas preventivas que abordan, entre otras cuestiones fundamentales, la existencia de la obligación de los funcionarios públicos de presentar declaración de bienes, patrimoniales, y de sus familiares cercanos. Esta información será publicada y transparentada en todos los casos. Con arreglo a los lineamientos, quedarán suspendidos todos los fueros y privilegios para funcionarios públicos y no habrá adquisiciones de vehículos nuevos para funcionarios, además se reducirá a la mitad los sueldos de los funcionarios públicos que ganen más de un millón de pesos anuales (52,950.91 dólares americanos). Se prevé asimismo que ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico, no respetar los semáforos, o estacionarse en lugares prohibidos. En los lineamientos se señala, por ejemplo, que se evitarán gastos innecesarios de oficinas y se ahorrará electricidad, agua, telefonía fija y móvil, internet, gasolinas y otros insumos pagados por el erario.

iv) Medidas de austeridad para reducir el gasto gubernamental y reducir el déficit público

Estas medidas son mucho más numerosas y detalladas, incluso a nivel cualitativo, concierne a todos los funcionarios y las figuras públicas. Así por citar únicamente algunos ejemplos, los gastos de viáticos se limitarán a lo indispensable y no se viajará al extranjero sin autorización del Secretario de Estado (Ministros) y la partida correspondiente se limitará a lo indispensable. Por otra parte, con excepción de los funcionarios directamente relacionados con la aplicación de políticas de seguridad pública, ningún otro contará con guardaespaldas —para lograr este propósito se reducirá en un 70 por ciento todo el personal de confianza y estos trabajarán de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias, y ningún funcionario público podrá ocupar a trabajadores al servicio del Estado—. Y, además, nadie podrá usar aviones o helicópteros privados y se conservará únicamente los vehículos aéreos a la seguridad, a la protección civil y a las ambulancias aéreas. Queda expresamente prohibida la utilización de vehículos oficiales y otros bienes públicos para asuntos particulares. Además, solo tendrán apoyo de chóferes los secretarios y los subsecretarios (ministros y viceministros). En dichos lineamientos también se señala que, las fuerzas del orden de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o particulares sin plena justificación. Cabe señalar que se reducirá en 50 por ciento el gasto en publicidad del Gobierno.

v) Contratación pública

Sin lugar a duda, las medidas preventivas en los procedimientos de Contratación pública tienen un gran impacto y darán resultados positivos. Por ejemplo, está previsto que las compras del Gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria, con observación ciudadana y se llevarán a cabo mediante licitación pública con la participación de ciudadanos y observadores de la ONU. Por otro lado, en las relaciones comerciales, financieras con empresas internacionales se dará preferencia a las originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen de manera consistente las prácticas de sobornos o de corrupción, además se revisarán los contratos suscritos con empresas nacionales o extranjeras que hayan sido otorgados mediante el influyentismo, la corrupción y que causen daño a la Hacienda Pública. Se prevé también que los funcionarios públicos tendrán prohibida la contratación de familiares. En caso de anomalías que afecten el interés nacional, se acudirá al Congreso de la Unión y a tribunales nacionales o internacionales. Los lineamientos establecen otras disposiciones, en particular en lo que concierne a prohibir a los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, de Energía, y de otras áreas que convivan en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes, con contratistas, concesionarios, grandes contribuyentes, proveedores, o inversionistas vinculados a la función pública.

vi) Otras medidas complementarias

Asimismo, incluye otras medidas destinadas a reducir el peso burocrático, por ejemplo, no habrá más de cinco asesores por Secretaría en el Gobierno federal y solo tendrán secretarios particulares, los secretarios del Gabinete o equivalentes. Por otro lado, todos los programas y estructuras duplicados, oficinas mayores, oficinas de prensa, las funciones o programas correspondientes se centralizarán en una sola unidad o coordinación. No van a tener los secretarios oficinas para prensa, es una sola.

Observaciones finales

Se trata de un complejo abanico de medidas que supone el establecimiento de infraestructuras nacionales adecuadas y sostenibles para proporcionar el marco de organización, jurídico, normativo, humano, tecnológico, industrial y financiero necesario. Esta tarea no solo exige que evolucionen las estructuras institucionales y los conflictos sociales, sino también que su sustrato cultural profundo, es decir la cultura de la legalidad y la transparencia, se transformen en una cultura ciudadana. La esencia del planteamiento de la cultura de legalidad reside en la idea de que prevenir ante todo la corrupción y tratar sus causas profundas es más humano y eficaz que intervenir con la represión o con medidas ilegales de represión colectiva. Aunque la educación en su sentido más amplio y la labor de los medios de comunicación son el medio de acción principal, para que logren sus objetivos es menester unirla a la justicia social y al desarrollo humano sostenible (Véase).

El futuro gobierno de A.M. López Obrador deberá realizar un importante esfuerzo para que las reformas propuestas (las diversas medidas preventivas y represivas y las sanciones tanto civiles como penales) sean consistentes y armónicas con las directrices y normas internacionales existentes. No debemos olvidar que cualquier decisión que se tome debe partir no solo del reconocimiento a las decisiones de las organizaciones internacionales (ONU, OCDE, etc.), sino también de la armonización internacional de los distintos enfoques de estas debido a su propia naturaleza y misión. En cualquier caso, para garantizar la plena efectividad de los lineamientos propuestos es necesario un importante esfuerzo educativo y divulgativo, la información y concienciación a operadores y ciudadanos y la colaboración entre las instituciones, públicas y privadas. La participación activa y conjunta de todos los involucrados y el liderazgo político de las mujeres pueden brindar una contribución invalorable y alerta temprana necesarias para comprender mejor esta problemática: compartir la responsabilidad de prevenir y resolver tan grave flagelo es una responsabilidad moral que ningún hombre o mujer consciente puede dejar de lado. La lucha contra la corrupción implica una vía larga y difícil, hecha de educación y cultura, se necesita dice el Santo Padre, “buena voluntad, mayores esfuerzos y una “cooperación por parte de todos, según las propias posibilidades, los propios talentos, la propia creatividad”. Gracias.

Véase los 50 puntos de AMLO.

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