Desde la perspectiva de derechos humanos (DD. HH.), Venezuela enfrenta desde hace 18 años el ataque sistemático de Estados Unidos (EE. UU.) a la seguridad humana de su población, mediante un cerco económico, financiero, mediático y el ataque a su principal fuente de producción: PDVSA.
Los hechos se remontan al año 2002, cuando el gobierno estadounidense participó en el sabotaje a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), según reseña la web de la estatal, donde recoge que durante la recuperación de “el cerebro” de PDVSA confirmaron que “éste se hallaba en EE. UU.”. (1)
El sitio describe que esto sucedió “cuando la totalidad de las operaciones de la industria fueron detenidas en forma remota, lo que obligó a reiniciar las tareas con procedimientos manuales. Este ataque lo han calificado como la primera guerra cibernética del siglo XXI”. Lesionaron los derechos humanos económicos, sociales e intelectuales, además de la soberanía estatal.
Este sabotaje petrolero —según la fuente antes citada— coartó los ingresos estatales de Venezuela: las pérdidas por ventas no realizadas alcanzaron 14.430 millones de dólares; y se redujo la contribución de PDVSA al fisco nacional a 9.998 millones de dólares.
Esto impactó negativamente el grueso de proyectos sociales del gobierno de Hugo Chávez, denominados misiones y grandes misiones, que se financiaban de esta principal industria del país para atender la deuda social histórica de la democracia representativa.
Entre otras afectaciones, PDVSA confirma que el Producto Interno Bruto (PIB) bajó un 16% el último trimestre de 2002 y un 25% el primer trimestre de 2003, y que —producto de este sabotaje— las reservas internacionales del país se contrajeron, lo que “exigió al Ejecutivo nacional y al BCV establecer un control de cambios para atenuar la crisis sobre la economía venezolana”.
Hoy, EE. UU. ataca nuevamente PDVSA. Su Orden Ejecutiva Nº 13808-2017 (2) impide al sistema financiero internacional operaciones comerciales con Venezuela, imponiendo un desabastecimiento de gasolina que obstaculiza sus actividades productivas y obstruye los medios de subsistencia de la población. Asimismo intentó bloquear la llegada de gasolina comprada por el Estado venezolano a Irán para surtir el país; y ha subastado y robado combustible a Venezuela (3).
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su documento PNUD LAC C19 PDS No. 3, El impacto económico del COVID-19 en Venezuela: la urgencia del financiamiento externo, expedido en marzo pasado, reconoce que en el país suramericano “la provisión de gasolina también merece atención. La drástica caída de la distribución de gasolina, que afecta a todo el transporte de bienes y servicios, y el sistema de transporte público, puede amenazar la provisión de alimentos” (sic) (pág. 7). (4).
Las actuaciones de EE. UU. contra Venezuela contradicen lo que los jefes de Estado afirmaron sobre seguridad humana, en el documento final de la Cumbre Mundial de 2005 en su párrafo 143: “Subrayamos el derecho de las personas a vivir en libertad y con dignidad, libres de la pobreza y la desesperación” (5).
Las órdenes unilaterales y coercitivas de EE. UU. —N.º 13857-2019 (que bloqueó activos de PDVSA en EE. UU., como CITGO), N.º 13827-2018 (que ataca la criptomoneda venezolana Petro) y N.º 13835-2018 (que impide al Estado venezolano cobrar lo que se le debe)— confirman la asfixia de EE. UU. contra el pueblo venezolano al coartar mecanismos de acceso a recursos para alimentos, medicinas, y otras necesidades urgentes. (6)
El PNUD destaca en el documento antes citado (pág. 13) que “medidas de transferencias sociales monetarias y no monetarias implementadas en varios países y recomendadas por los multilaterales, son implementadas por el Estado venezolano desde hace varios años” (sic) (7), pero dada la situación no le auguraba mucho tiempo de sostenimiento.
Sin embargo, el gobierno venezolano aún sostiene paliativos monetarios y de alimentos a través de su política social. Mientras, EE. UU. —según su Departamento de Justicia— retiene más de US$450 millones en activos venezolanos, confirmando su política depredadora de libre mercado y su interés en hacerse de los recursos de Venezuela.
El 29 de abril pasado, el secretario de Estado estadounidense, Michael Pompeo, confirmó las acciones coercitivas contra Venezuela a CNN: “La presión de EE. UU. sobre Venezuela es mayor que nunca” (…) “gracias a las sanciones, al soporte de la comunidad internacional y a la estrategia implementada” (8).
A confesión de parte, relevo de pruebas. EE. UU., que abandonó el Consejo de DD. HH de la ONU en 2018, para evitar responsabilidades, violenta la seguridad humana de los venezolanos, a sus anchas, con el silencio culpable de una parte —cómplice— de la comunidad de naciones, que ha dejado saber sus pretensiones intervencionistas contra el país bolivariano.
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