Las obras que dejan a su paso catástrofe y expropiación en Medellín

Las obras que dejan a su paso catástrofe y expropiación en Medellín

Infinidad de casos implican a la casta dirigente local en casos de expropiación y desalojo relacionados con construcción de obras. Estos son algunos de ellos

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández
febrero 10, 2022
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Las obras que dejan a su paso catástrofe y expropiación en Medellín
Foto: Wikimedia

Expropiaciones, actores armados, publicidad engañosa, desalojos y compensaciones económicas que les quitan el patrimonio y sus viviendas a los medellinenses contrastan con esa cara hermosa que se le vende al mundo de progreso.

Caso del barrio San Luis

Si bien el Tranvía de Ayacucho implicó mejorar la movilidad en el centro de la ciudad y Buenos Aires, transportando cerca de 80.000 pasajeros al día, los que no lo olvidarán serán las familias a las que les agrietaron las 249 viviendas durante la construcción con exceso de dinamita (estudio que El Metro se negó a entregar mediante derecho de petición alegando información de carácter reservada).

Lo peor fue que hasta la misma academia, representada por la Universidad Nacional, sacó un estudio, prestándose para los intereses de la Alcaldía y diciendo que debían evacuar el barrio que habitaron por más de 50 años. Más tarde se develarían las verdaderas intenciones de la Alcaldía, pues la gerente del Metro en ese entonces, Claudia Restrepo, aseguró que era una zona donde podrían construir proyectos inmobiliarios.

Como resultado, a 2019 habían expropiado a ocho personas y 27 estaban en proceso de expropiación, según la información suministrada mediante un derecho de petición. Acoso psicológico por parte de Isvimed, quedando implicadas las administraciones de Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez y la actual de Daniel Quintero.

Caso de La Paralela

La Alcaldía dividió a sus líderes, cooptó a una parte y a los que no se dejaron comprar resistiéndose a los bajos precios que ofrecía el Isvimed les tocó sufrir la presión de la banda de Alonso en Castilla, que les robaba los enseres que dejaban en sus casas y los amedrentaban para que abandonaran el sector.

Momento donde Federico Gutiérrez supuestamente era el mayor perseguidor de los combos en Medellín. Lo raro es que estos aceleraron el proceso intimidando y expulsando a quienes estaban en contra de los bajos precios por las viviendas que habitaron por hasta 35 años en muchos casos. En la memoria de los afectados estará presente que está obra del Metrocable El Picacho tiene sus cimientos en la ilegalidad.

Caso de Naranjal

Un proyecto privado asignado a dedo por el alcalde Aníbal Gaviria desde lo público, ¿y cuñando no Aníbal Gaviria? El contratista Cass de la familia Solarte, que hasta entonces solo habían construido carreteras, de repente decidieron incursionar en el negocio de la construcción con el Proyecto Nuevo Naranjal para vender apartamentos, desalojando y expropiando familias como la de Humberto Cano, con su esposa y sus tres hijas. Grandes mercaderistas de lo público, como Alianza Fiduciaria, que hizo lo propio también en el Puente Madre Laura.

Caso del Puente Madre Laura

La misma Alianza Fiduciaria estafó a los habitantes del Puente Madre Laura entregándoles publicidad engañosa con los supuestos proyectos de Camelias y Villa Laura que se realizarían cerca del puente. Los líderes que sufrieron intimidaciones de la banda local prefirieron no hablar de las intimidaciones que sufrieron, época en que casualmente Aníbal Gaviria también era alcalde.

Conclusión

Podríamos seguir con infinidad de casos y mencionar a toda la casta dirigente local, como el caso de los paramilitares que desalojaron y desaparecieron a los vendedores informales de los Bazares de los Puentes cuando Alonso Salazar era alcalde, aunque por estos días esté acusando a otro político como Luis Pérez de paramilitarismo, ¿cuál de los dos está implicado? Lo determinará la Fiscalía.

Veteranos en la plazoleta Botero cuentan cómo Gómez Martínez, desde esa época por los noventa, les quitó sus viviendas para construir la tan concurrida y turística zona donde sobresale el arte criollo.

Lo grave es que la Ley 388 de 1997 avala la expropiación, el sector privado y público como cobardes delincuentes de cuello blanco que no enfrentan a sus víctimas, con un plumazo desde el piso 12 facilitan estos procesos que los grandes medios de comunicación callan y de los cuales reciben onerosas sumas de publicidad, con complicidad por su silencio.

Los comerciantes de la 80 en la Alcaldía de Quintero los barrieron y la misma suerte correrán los del Metro de la 80, por eso nos preguntamos: ¿con todo este tipo de casos, sí podemos hablar de desarrollo en Medellín?

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