Opinión

Las jugadas de Petro

Por:
enero 14, 2014
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Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le diera tardíamente la razón al alcalde bogotano Gustavo Petro y solicitara al Gobierno adoptar alguna medida cautelar (porque la CIDH no adopta medidas sino que solicita adoptar medidas), propiciaría un terremoto judicial y económico cuyos alcances nadie está en capacidad de calcular aún.

Petro, quien fue destituido por la Procuraduría el 9 de diciembre anterior, en decisión confirmada ayer, acudió a la CIDH para que cautele su derechos.

En concepto del hábil burgomaestre, un funcionario elegido por voto popular como él no puede ser sancionado mediante un acto administrativo. Es decir, el exalcalde argumenta que el Ministerio Público no era la institución competente para investigarlo disciplinariamente.

Conociendo el sesgo político con que se manejan este tipo de decisiones en la CIDH, no sería extraño que Petro salga avante en su polémica aspiración.

Pero entonces, si eso sucede, podríamos esperar que sucedan varias otras cosas: primero, barrer y entregar la Procuraduría; segundo, meter a la cárcel a todos los funcionarios que conocieron del proceso disciplinario contra Petro —empezando por el procurador Alejandro Ordóñez—, y tres, tumbar todos aquellos fallos mediante los cuales la Procuraduría sancionó disciplinariamente a funcionarios electos por voto popular.

Según la Procuraduría, en los últimos 26 años han sido sancionados 1.789 alcaldes del país. Durante la gestión de Ordóñez, además, el Ministerio Público les metió el diente a más de 800 alcaldes, 18 gobernadores y 23 congresistas.

Con el rebuscado argumento de Petro quedamos sometidos al riesgo de que, como en una especie de efecto dominó, se vengan abajo decisiones polémicas que en el pasado tomó la Procuraduría.

Tocará, en consecuencia, devolverle el escaño en el Senado a la hoy excongresista Piedad Esneda Córdoba, quien fue destituida por sus nexos con las Farc. Es un hecho, según el Ministerio Público, que esta señora era conocida en esa guerrilla con el alias de Teodora Bolívar.

Si Petro venciera en la CIDH, no hay duda de que habrá que retornarle el cargo de gobernador de Valle del Cauca a Juan Carlos Abadía, quien fue sacado de su cargo por un episodio nimio como haber hecho presencia en un acto político con el entonces precandidato presidencial Andrés Felipe Arias.

Si Petro se sale con la suya, asimismo, tocará devolverle el puesto de senador al beodo Eduardo Carlos Merlano. ¿Cuál fue el pecado del exparlamentario sucreño? Ninguno. Su historia se resume así: en mayo de 2012, pasado de copas, Merlano fue abordado por la Policía en una carretera cercana a Barranquilla. En medio de una “prenda” linda, Merlano se resistió a una prueba de alcoholemia con el argumento de que él era senador y que en las elecciones de marzo de 2010 había conseguido algo así como 50.000 votos. Merlano ni trató mal a los policías ni les ofreció dinero. No cometió delito. Se le fueron las luces por borracho y por bocón. No obstante, la Procuraduría no se la rebajó y lo sancionó por diez años dizque por falta gravísima.

Si Petro logra retrotraer el fallo en su contra, es de mera justicia que la exgobernadora del Huila, Cielo González Villa, vuelva a su puesto. Está probado que ella no robó ni perjudicó el erario cuando se desempeñó como alcaldesa de Neiva. La carismática funcionaria, al parecer, tuvo inconvenientes con la suscripción de unos contratos, pero —repito— en ningún momento se echó un peso al bolsillo. Pese a eso, la Procuraduría se la aplicó toda, la sancionó y la sacó de la Gobernación de Huila.

Si Petro le gana el pulso a Ordóñez, automáticamente volverá a su cargo el exconcejal de Chía Carlos Enrique Martínez, quien, al mejor estilo de Merlano, le dio por ‘braviar’ a unos policías que, en mayo de 2012, lo requirieron porque en una motocicleta llevaba de parrillera a una menor de edad sin casco ni chaleco reflectivo. Fue sancionado por tales hechos a diez años. Martínez es el mismo personaje que, borracho, en octubre pasado, protagonizó una fuga de película por las calles de Bogotá. Su aventura terminó cuando logró meter su auto en la Escuela Militar de Cadetes “José María Córdova”.

En conclusión, si Petro logra su cometido en la CIDH no quedará nada de las instituciones colombianas. Tanta confianza se tiene el mandatario bogotano que el viernes por la noche, desde un balcón del Palacio de Liévano, en la Plaza de Bolívar, se atrevió a pedirle al presidente Juan Manuel Santos que en el evento de que la Procuraduría deje en firme su destitución, no la ejecute hasta tanto se conozca un pronunciamiento de la CIDH sobre las medidas cautelares solicitadas por él.

Ah, y algo bien importante: si la CIDH le halla razón al pataleo de Petro, seguro que en Colombia no habrá plata para indemnizar a los centenares de funcionarios elegidos por voto popular que fueron defenestrados por la Procuraduría. El dinero que está recolectando el gobierno para indemnizar a las víctimas del “conflicto” colombiano es una bicoca comparado con el que se necesitará para pagarle perjuicios a los políticos “víctimas” del Ministerio Público.

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