Las irregularidades en la participación ciudadana encontradas por la veeduría de la comuna 6

Llevan once años haciendo control social y los hallazgos que logran no dejan de sorprenderlos. Aquí algunos de ellos

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández
enero 25, 2023
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Las irregularidades en la participación ciudadana encontradas por la veeduría de la comuna 6

La Veeduría Ciudadana al Plan Estratégico de la Comuna 6 lleva once años haciendo control social. Se define como un voluntariado porque no tiene sueldo y es una organización conformada por cuatro personas, aunque anteriormente eran once.

“Todavía nosotros somos invisibilizados, estigmatizados, señalados; lo cierto es que a los veedores no los quiere nadie. Estamos haciendo una campaña con Transparencia por Colombia que se llama El buen sapo. A los avispados todo el mundo los quiere, mientras que a los que cuidan la norma nadie los respeta”, asegura Víctor Hugo Quintero Tangarife, integrante de la veeduría. En Colombia, hay tres ciudadanos en vía de extinción: los periodistas que hacen buen periodismo, los veedores ciudadanos y los defensores de derechos humanos.

La Ley 850 de 2003 dice que las veedurías deben dar a conocer cómo hacen su ejercicio de control social. Solicitaron un espacio en el 12 de octubre de 2011 y los ediles se los negaron. En 2012 enviaron un derecho de petición para que les permitieran entregar el informe. Los pusieron en el último punto del orden del día y a los participantes les avisaron que ya estaba listo el almuerzo mientras iba a exponer la veeduría de la comuna 6. Como resultado, todos se dirigieron hacia donde estaba la comida, salvo un par de personas cercanas.

“Los jóvenes están aislados de la participación ciudadana en lo político, aunque los jóvenes participan en muchas cosas. Cuando hablo de la política no me refiero a lo electoral, que ya es decisión de cada quien si cree o vota por determinado candidato. Con política me refiero a los escenarios de participación ciudadana. Hay en este asunto unos viejitos como yo o más viejitos que yo, con unos vicios horribles: se roban la plata, no dejan que los jóvenes lleguen allá y llegan con unas artimañas para que la participación se concentre en sus personas cercanas”, asevera este veedor.

En el plano local, han evidenciado que se ha copiado el modelo electoral nacional. Les dan $50.000, el transporte, el tamal y la gaseosa; el kit electoral que aplica para lo comunal también. Por lo tanto, los organismos comunales están débiles, hay un trabajo en el que también vienen observando la institucionalización e instrumentalización de la participación ciudadana.

La institucionalización se lleva a cabo mediante el presupuesto participativo, los ediles deberían planear el desarrollo con todos los sectores y personas de cada comuna. Ellos deben priorizar lo que se requiere con mayor necesidad. Si se requiere invertir en educación superior, seguridad, medio ambiente o en discapacidad; eso no pasa porque la administración trae una lista de mercado diciendo en qué se debe invertir y no en las necesidades de la población.

Con los estudiantes los ediles deciden quienes entran a las universidades y quiénes no. Hay concesiones para determinar cuáles pueden ingresar y cuáles no. Destinaron más de la mitad del presupuesto en los tres años de la inversión para los estudiantes que no sabían leer críticamente, escribir, sumar, multiplicar y dividir; por eso se quemaban. Muchos se quemaban porque también se dieron cuenta que llegaban con hambre, porque hay población que vive en ranchos de lata, de cartón y madera en la comuna 6.

“Agendas de la alcaldía: institucionalización. Los ediles instrumentalizan la participación. Por ejemplo, el presidente de Asocomunal, Alexander Castrillón, tiene cinco organizaciones con las que contrata en presupuesto participativo, quienes conforman el Consejo Comunal de Planeación. Son estos dignatarios cercanos a Asocomunal. Quien no pertenece, lo excluyen de la contratación”, manifiesta Víctor Quintero.

Como organización vienen haciendo denuncia en el programa de radio Sobre la mesa, para contarles a los ciudadanos lo que está pasando con el presupuesto participativo. En 2022 recibieron una tutela con acoso judicial por su control social a lo que viene sucediendo en el 12 de octubre con la contratación manejada por el presidente de Asocomunal.

“Para ver cómo funciona la corrupción a nivel mundial hay que leer a Luis Jorge Garay, un ejemplo es Asocomunal. Cooptó el escenario para capturar la contratación de la comuna 6, son los mayores contratistas y presionan a la alcaldía. Le dieron contratación para el apoyo logístico de la administración municipal a través de una secretaría, por vía interadministrativa luego se contrata a Metroparques, que usualmente llama a un operador que luego contrata a dedo a un líder que pone votos; lo que se llama como la quinterización que viene ocurriendo desde la administración de Federico Gutiérrez con Alexis Castrillón y sigue pasando con la actual de Daniel Quintero”, ejemplifica la veeduría ciudadana.

Un caso concreto de ello fue cuando la Alcaldía de Medellín acudió a socializar un proyecto, que no llegó nadie de la comunidad, porque Castrillón dio la orden de que nadie fuera, que negociaran el 72% para Alexis Castrillón y el 28% para la administración, con el objetivo de que la administración pueda mostrar los indicadores con resultados positivos. Les entregan la contratación porque no tienen entrada al territorio y esto no permite que se dé la inversión en lo proyectado.

Eso solo se supera con más participación, antes eran trescientas personas y ahora solo hay treinta. Hay muy pocas personas comprometidas, usualmente los jóvenes pasan por alto qué es PP o qué son los mecanismos de participación ciudadana.

“El asunto dejó de ser el líder que se mete la plata al bolsillo a algo muy sofisticado, como es poner a un grupo de abogados a determinar qué elementos pueden utilizar para acusarnos de injuria o calumnia. El anterior secretario de participación, Juan Pablo Ramírez, aducía que no le hablaran sobre el presidente de Asocomunal, porque para él, es un empresario exitoso”, cuenta Víctor Quintero.

Siempre tienen la tensión de que todo lo que digan puede ser objeto de acoso judicial. En Colombia es difícil construir contenidos porque si un juez no dictamina que algo es así, no se puede afirmar como cierto, sino partir de supuestos o presuntamente; si esta persona les gana el juicio, los podrían demandar por mucho dinero.

“Aquí nosotros tenemos un concejal como Fabio Rivera en la comuna, que en el lugar donde está la centralidad con la biblioteca, el hospital, los bomberos, la Casa de Justicia, la estación del Metrocable es donde más se ha desarrollado por su conveniencia. Por eso el metro no pasa por La Quintana que cogería las comunas 5, 6 y 7”, asegura este veedor.

Un ejemplo interesante fue lo que le ocurrió con un investigador mexicano que hizo todo el rastreo documental de la comuna 6. Llegó y se encontró con que tenían una maravilla de Plan de Desarrollo de exportación, que tienen toda clase de políticas públicas para todo con la apariencia de tener todo solucionado. Vino de visita a la comuna 6 y al hablar con la veeduría ciudadana se llevó la sorpresa de que nada es tan bueno como lo pintan, teniendo que investigar en el territorio y cambiar totalmente la información hallada en internet.

“Encontrar periodistas independientes es casi que una hazaña. La alcaldía destina miles de millones para pauta y con eso institucionaliza a los medios, incluso hasta los medios críticos reciben y terminan pasando solo lo que la alcaldía dice. La opacidad de la información con el Secop, que de por sí es difícil de consultar, la contratación está fragmentada por todas las secretarías y por eso hacemos análisis, alertas y monitoreamos procesos. Por eso publicamos el libro Monitoreo, seguimiento y evaluación. El eslabón perdido de la planeación”, concluyó el vocero de la veeduría de la comuna 6.

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