Texto escrito por: Kevin Rios Aguirre
Me he tomado el tiempo de leer el corto documento del “plan de gobierno” de Abelardo de la Espriella. El cual se puede resumir en ocho puntos que llaman la atención por su inagotable incoherencia.
1. Ajuste de cuentas
El plan de gobierno del abogado promete reducir impuestos, reducir costos de energía, hacer un ajuste fiscal de unos $70 billones, bajar el déficit, financiar un plan de salud de $10 billones, crear vivienda con intereses del 2 % a 30 años, financiar programas rurales, subsidios a mujeres, cultura y bienestar animal.
Pero ¿de dónde saldrá el dinero? ¿Les cobrará más impuestos a los megaricos y terratenientes corruptos que seguramente lo están apoyando? El problema es que Colombia ya parte de una situación fiscal tensionada. El Plan Financiero 2026 del Ministerio de Hacienda proyecta un déficit del Sector Público No Financiero de -4,2 % del PIB en 2026, y el CARF advirtió que el déficit primario podría ser mayor al previsto por el Gobierno si no se materializan ajustes efectivos.
Además, la meta de crecer al 7 % anual es imposible de sostener, a menos que sea legalizando la cocaína y los dineros negros del narcotráfico. El Banco Mundial proyecta para Colombia un crecimiento de 2,2 % en 2026 y 2,4 % en 2027, muy lejos del 7 % prometido.
2. La propuesta de vivienda al 2 % a 30 años no está financiada
El documento propone que los colombianos compren vivienda con intereses del 2 % a 30 años. El problema es que, con una tasa de política monetaria del Banco de la República en 11,25 % en 2026, prestar masivamente al 2 % implicaría que alguien subsidie la diferencia: ¿será que él va a sacar de su bolsillo para cubrir esa diferencia?
Por ejemplo, un crédito de $200.000.000 a 30 años:
• Al 2 % anual: cuota aproximada de $739.239. • Al 11,25 % anual: cuota aproximada de $1.942.523.
La diferencia mensual sería de unos $1.203.284 por crédito.
3. La “limpieza inmediata” de instituciones va en contra de la Constitución
El documento propone una “limpieza inmediata” en cabezas y órganos directivos de instituciones públicas, empezando por Ecopetrol. Esto sería imposible. En Colombia, los empleos públicos están protegidos por carrera administrativa, y el artículo 125 de la Constitución establece que los empleos del Estado son de carrera, salvo excepciones como cargos de elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y otros definidos por la ley.
4. Seguridad y coca: la mentira de la derecha
El documento, que tiene más imágenes que texto, propone destruir 330.000 hectáreas de coca, usar fumigación aérea, erradicación manual, extradición y extinción de dominio “exprés”.
Primero, esto es falso y es un dato inflado. El dato oficial de UNODC para 2023 fue de 253.000 hectáreas, y en mayo de 2026 UNODC y el Gobierno indicaron que el informe de monitoreo de 2024 sería publicado posteriormente.
Segundo, la fumigación aérea con glifosato no es posible: La Corte Constitucional, en la Sentencia T-236 de 2017, aplicó el principio de precaución por riesgos a la salud y al ambiente.
Tercero, la extinción de dominio “exprés” tiene límites constitucionales. El artículo 29 de la Constitución exige debido proceso en actuaciones judiciales y administrativas, y la Ley 1708 de 2014 regula la extinción de dominio con trámite judicial.
5. Anticorrupción: promete castigo, pero no resuelve los problemas estructurales
El documento propone un “Bloque de Búsqueda contra la Corrupción” dirigido directamente por el presidente y contratación pública en blockchain para 2030. Pero, Colombia ya tiene SECOP II, una plataforma transaccional para gestionar procesos de contratación pública en línea y con vista pública para seguimiento ciudadano.
6. Salud: el plan de choque de $10 billones contra lo que se han robado
El documento propone un plan de choque de $10 billones para salud. Pero la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas reportó que la deuda con hospitales y clínicas llegó a $24 billones a junio de 2025. Por lo tanto, la cifra que propone De la Espriella no sacaría al sistema de salud de la crisis presupuestal en la que se encuentra.
7. Educación: varias propuestas ya existen o están incompletas
Esta propaganda de circo propone evaluación docente, ciclos cortos, universidad virtual, conectividad y computadores gratuitos. El problema es que parte de eso ya existe. Por ejemplo, la evaluación anual de desempeño docente ya está reglamentada para docentes del Decreto Ley 1278 de 2002 mediante el Decreto 3782 de 2007. La propuesta tampoco dice cuánto costaría entregar computadores gratuitos, cómo se garantizaría la conectividad rural ni quién operaría la Universidad Virtual en Casa.
8. Campo: la meta de ampliar hectáreas y empleo rural no tiene ruta técnica
El documento propone dos millones de nuevas hectáreas, 600.000 empleos rurales y un “Mato Grosso colombiano” en la altillanura. El problema es que ampliar la frontera productiva no es solo tener tierra disponible. Sin vías, riego, crédito, asistencia técnica, seguridad jurídica, catastro, titulación y acceso a mercados, la meta de nuevas hectáreas y empleos queda como promesa.
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