Se ha instalado una idea que, a primera vista, parece suficiente para cerrar cualquier discusión entre el presidente Petro y la Registraduria: que el preconteo y el escrutinio de las elecciones del pasado 8 de marzo coinciden en un 99,8%. Dicho así, suena a precisión, a solidez técnica, incluso a tranquilidad institucional. Pero el problema es que esa cifra no responde la pregunta que realmente importa.
El preconteo es el resultado rápido que se conoce la noche de elecciones. Se construye con lo que los jurados anotan en los formularios E14 y con lo que luego se digita o se escanea en el sistema. El escrutinio, en cambio, es el conteo oficial: la revisión posterior que se hace sobre esos mismos datos para declarar el resultado definitivo. No son procesos independientes. Ambos parten de la misma información.
Ahí es donde empieza el verdadero problema. Si el error ocurre desde el inicio, en el momento en que se llena el formulario o cuando ese dato se digitaliza, ese error no se corrige después: se incorpora al sistema. A partir de ahí viaja intacto por todas las etapas. Aparece en el preconteo y reaparece en el escrutinio. Por eso coinciden. Pero coinciden en el mismo dato, no necesariamente en la realidad.
La discusión no es abstracta. Durante los escrutinios de este mismo proceso electoral han cambiado curules. Es decir, la representación política no fue exactamente la misma entre el resultado inicial y el definitivo. Eso solo puede ocurrir cuando la información que se tenía al comienzo no reflejaba completamente los votos. Y ese hecho, por sí solo, es suficiente para desmontar la idea de que la coincidencia entre etapas es una garantía de transparencia.
Esto ya había sido advertido. En 2018, el Consejo de Estado examinó irregularidades en el sistema electoral y encontró diferencias entre los registros físicos y los digitales, además de dificultades serias para auditar lo ocurrido. No se trató de observaciones menores. La decisión incluyó la compulsa de copias a la Fiscalía para investigar posibles conductas penales.
Años después, esa orden sigue siendo un punto ciego. El presidente decidió llevar el tema nuevamente al centro del debate mediante un derecho de petición dirigido a la Fiscal General. No es una intervención retórica. Es una solicitud precisa que busca saber si se abrió investigación, bajo qué radicado, qué fiscales han conocido del caso, qué actuaciones se han adelantado y si existen decisiones de fondo.
También plantea una pregunta clave: si las fallas detectadas entonces, relacionadas con la transmisión y consolidación de los datos electorales, fueron realmente esclarecidas desde el punto de vista penal. Lo relevante no es solo el contenido de esas preguntas, sino lo que revelan. No se trata de revisar un episodio pasado por curiosidad, sino de entender si el Estado respondió a advertencias que comprometían la integridad del sistema electoral. Si esas fallas no fueron plenamente investigadas o si sus resultados no son claros, el problema no pertenece al pasado: sigue vigente.
En ese contexto, la controversia actual con la Registraduría adquiere otra dimensión. No es simplemente un cruce de posturas políticas ni una discusión técnica aislada. Es un debate sobre la confianza en el sistema y sobre el cumplimiento de decisiones judiciales que buscaban fortalecerlo.
Reducir todo a un porcentaje es una forma de simplificar un problema que es más profundo porque la democracia no depende de que dos etapas coincidan entre sí, depende de que lo que esas etapas están midiendo sea correcto desde el origen. Esa es la diferencia entre consistencia y verdad.
Cuando se dice que todo coincide, en realidad se está diciendo que el sistema es coherente consigo mismo. Pero la coherencia interna no garantiza que los datos sean correctos. Un sistema puede ser perfectamente consistente y, al mismo tiempo, estar replicando un error. Por eso la discusión no debería girar en torno a si el 0,20 % es mucho o es poco. Debería centrarse en algo más básico: si existen garantías suficientes para afirmar que cada voto fue registrado, transmitido y contado sin distorsiones desde el primer momento.
No se trata de sembrar dudas de manera irresponsable. Se trata de exigir respuestas a preguntas que llevan años abiertas. En un sistema democrático, la confianza no se construye repitiendo cifras, sino despejando incertidumbres. Mientras esas incertidumbres existan, el debate no solo es válido. Es necesario.
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