El alcalde Medellín, Daniel Quintero, tomó de nueva la vocería de EPM para pedirle al presidente Gustavo Petro que congele las tarifas de energía eléctrica en la Costa y en todas las regiones donde la compañía presta sus servicios. Lo anunció en su calidad de presidente de la Junta Directiva, pero no demostró que tuviera la autorización de ésta para tomar una decisión que podría tener serias repercusiones financieras para la empresa.
Mientras se producía su anunció, considerado por sus críticos “oportunista y populista”, la justicia administrativa aceleraba el curso de un proceso al que está vinculado el mandatario tras denuncias según las cuales él destruyó la autonomía y el gobierno corporativo de la EPM y es la última palabra en los cambios en la nómina.
Una de las pruebas inéditas del proceso es un testimonio rendido bajo juramento y con papeles en mano por el exauditor general de la República Álvaro Guillermo Rendón, a quien Quintero declaró insubsistente del cargo de gerente de la EPM por negarse a obedecer órdenes que le transmitía a través de su entonces secretaria privada María Camila Villamizar. Las órdenes, incluso algunas tan importantes como el nombramiento de vicepresidentes, le llegaban por correo y por chat. Este es un aparte de su testimonio en el que el testigo le cuenta a una juez cómo era que le llegaban las instrucciones.
“Tengo un listado de los correos que puse a consideración de la señora Procuradora General de la Nación, donde la señora Villamizar me decía: ‘Hola Álvaro este es uno para la VP comercial de Afinia y me manda la hoja de vida. ‘Éste’, es decir, es una orden. Entonces, ¿qué respeto había por la persona del gerente general que es el nominador al interior? Esta hoja de vida es la Vice de comunicaciones…”.
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