La sombra de Jorge 40 en el asalto a la alimentación escolar

El paramilitar dejó una red de contratación que desde sus días hasta hoy se mantiene. Katia Rosado, contratista, está en la lupa con manejos de $449.613 millones

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mayo 03, 2016
La sombra de Jorge 40 en el asalto a la alimentación escolar

En el 2003 Jorge 40 ponía y quitaba gobernador, alcalde y funcionarios públicos en el César. No se movía una hoja sin su autorización y todas las decisiones políticas y de contratación requerían de su visto bueno. El presupuesto de la alimentación para los niños en las escuelas no se salvó de la codicia del jefe paramilitar, quien empezó a consolidar su red de contratistas aliados que operaban a nombre propio o a través de fundaciones o corporaciones para el suministro de los alimentos en las escuelas públicas.

El surgimiento de una de las mayores contratistas en alimentación escolar coincide con el reinado de Jorge 40. Se trata de Katia Rosado Morrillo. Empezó en el negocio desde ese mismo año en el César con la fundación Acción Social Integral y hoy controla la mayor red de proveedores de toda la Costa.

Katia conoce y maneja con experticia las estadísticas de pobreza y desnutrición de los niños del departamento donde nació y creció. Fue testigo de primera mano de una realidad que posteriormente se convertiría en la fuente de un gran negocio. Como lo fue para 40 quien encontró en la ración de comida que se le entrega a los niños en las escuelas, subsidiada por el gobierno, una oportunidad para financiar su guerra antisubversiva. Todo valía.

La primera entidad que se tomó fue el ICBF y luego el ministerio de Educación que desde el gobierno nacional le giraba la plata a las regiones. Eran los tiempos del gobierno de Álvaro Uribe y Katia Rosado se movía como pez en el agua. Su poder y su fortuna iban creciendo de forma exponencial sin disimular su opulencia y derroche que una década después toma forma en las camionetas blindadas que ruedan por Valledupar, rodeada de escoltas y con la petulancia de manejar buena parte del presupuesto que el gobierno nacional le irriga al departamento.

Jorge 40 fue extraditado el 13 de mayo de 2008. Álvaro Uribe comprobó que los jefes paras desmovilizados se estaban burlando y pasando por la faja el proceso de Justicia y Paz, y una madrugada junto a otros comandantes paramilitares los sorprendió subiéndolos a un avión. Sin titubeos los mandó a una celda en Estados Unidos. Desde allí 40 guarda silencio, no ha señalado a ninguno de sus cómplices, pero en las calles de Valledupar y a lo largo de toda la Costa Atlántica su poder no se ha extinguido.

Dos años después de su posesión, la Ministra Gina Parody decidió actuar con firmeza y se propuso identificar a los cerebros de los abusos en la contratación de alimentos en la Costa. El primer paso fue realizar una evaluación para determinar quiénes estaban cumpliendo y quiénes no. Las denuncias en los medios de comunicación comenzaron a multiplicarse. Las imágenes que generaban indignación al ver a los niños comiendo en el piso, con raciones de comida miserables –medio huevo y un  pedazo de papa– eran cada vez más comunes.

Las imágenes de La Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, en Aguachica, donde los niños eran engañados para posar ante una cámara con un plato lleno de comida que luego les quitaban para darles a cambio su ración real de tres tiras de pollo y un pedazo de puré de papa en la mano, fueron la gota que rebozó la copa. La Contraloría intervino; se judicializó la Fundación Acción Social Integral a la que el Gobernador del Cesar Franco Ovalle le había entregado el 15 de enero de 2016 el contrato 02004 por $17.269 millones de pesos y aunque su representante legal José Luis Fuentes Sallago no fue detenido tiene investigaciones en curso.

La investigación judicial ha arrojado unas coincidencias perversas. La Fundación Accion Social Integral de Aguachica ya tenía el ojo del ministerio y de la Contraloria pero  bajo el nombre de Fundacion Kabala. Sus representantes legales José Luis Funetes y su socia Angélica Araujo Noguera, eran lo mismo en las dos firmas contratistas y la ministra Gina Parody había ordenado quitarle los contratos en agosto del 2015. La estrategia es mutar formalmente: disolverse y volverse a constituir con otro nombre.

La primera fundación constituida el 7 de noviembre de 2003 se llamó Pueblo Bello en Nuestro Corazón, con un patrimonio de $2 millones de pesos. Cuatro años después, el  27 de marzo de 2007 pasó a llamarse Fundación Pa’ Todo el Mundo. El 20 de octubre de 2011 se convirtió en Fundación Kabala y por último, el 23 de noviembre de 2015, en Fundación Acción Social Integral, que registraba ya activos por más de $13.000 millones. ¿Quién estaba detrás de todo este entramado? Katia Rosado.

Su nombre, junto al de sus socias Ibis del Carmen Rosado y María Angélica Araujo Noguera, fue identificado por la propia Ministra Gina Parody, según un comunicado emitido por la institución el pasado 22 de abril: "El Ministerio identificó que Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo, por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas con estas han celebrado contratos de alimentación escolar desde el año 2007 por un monto aproximado de $449.613 millones. Estas contrataciones se han realizado mediante fundaciones como: Corporación para el Desarrollo de la Serranía del Perijá - CORPERIJÁ, Unión Temporal en los Años Dorados (Wakuzari - Corperijá), Consorcio Años Dorados (Corperijá - Fundación Provenir - Proveer Nuevo Milenio), Consorcio Nuevo País, Asoalimentarce - Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Consorcio Alimentando un Cesar más Educado (Asoalimentarce - Kábala) y Fundación Acción Social Integral, antes (Kábala) y antes (Fundación Pa Todo El Mundo). Esta RED ha tenido a lo largo de su funcionamiento a Katia Rosado, Ibis del Carmen Rosado y María Angélica Araujo Noguera como representantes legales."

La alerta que prendió la ministra Gina Parody está a punto de cambiar el modelo de contratación en todo el país y tiene a la contratista Katia Rosado a las puertas de dar explicaciones en el terreno de lo penal. Según la ministra Parody le ha entregado toda esta información y soportes a los entes de control y la Fiscalía. Las investigaciones judiciales pueden poder en evidencia el poder aún vigente de las estructuras de contratación que se levantaron bajo la egida de Jorge 40 a través de las que encontraron la forma de financiar su guerra y que le han permitido enriquecerse a muchos a costa de los alimentos de los niños.

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