La prohibición de pesca de tiburón, rayas y quimeras no es la solución

La prohibición de pesca de tiburón, rayas y quimeras no es la solución

"El Minambiente, con estas medidas apresuradas y sin soporte técnico adecuado, sigue demostrando su desconocimiento de la situación del sector pesquero artesanal"

Por: VICTOR LUIS PALAU ALBIOL
marzo 17, 2021
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La prohibición de pesca de tiburón, rayas y quimeras no es la solución
Foto: Diego Delso - CC BY-SA 3.0

El borrador de decreto sigue en la línea equivocada, con prohibiciones expresas y promesas futuras de resolver pesca incidental. No se acogen las recomendaciones realizadas por la Federación Nacional de Pesca de Colombia (Fenalpesca) al presidente.

El decreto ilegaliza y estigmatiza a los pescadores artesanales, los cuales seguirán pescando estas especies de forma incidental, y las seguirán consumiendo y comercializando por seguridad alimentaria. Esto lo hemos defendido en las Comisiones V de Cámara y Senado.

Declarar recurso hidrobiológico a estas especies significa que dejan de ser recurso pesquero, lo cual prohíbe su pesca, atentando de forma grave y directa contra la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables del país, que sin duda son los pescadores artesanales de subsistencia, los cuales quedan ilegales hoy y deben esperar meses para regulaciones imposibles, esto no es desarrollo sostenible de un recurso renovable, señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fenalpesca ha puesto soluciones sobre la mesa.

Este decreto no consigue proteger estas especies pues no se reducen capturas incidentales, a no ser que se falseen estadísticas. Todo lo hemos sustentado y defendido en debates donde los ambientalistas conservacionistas radicales con intereses ocultos quedan callados.

El gobierno colombiano está siendo deliberadamente influenciado por ambientalistas radicales que lamentablemente con demagogia han convencido al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible para tomar unas decisiones “no socializadas, no consensuadas, no sustentadas científicamente, no previamente informadas”, lo cual significa una afrenta a las comunidades al vulnerar sus derechos fundamentales.

Se debe entender que con o sin decreto, ninguno de los pescadores artesanales que incidentalmente pesquen estas especies las devolverán muertas al agua, aunque con el decreto su venta suponga un delito; el asunto es de hambre, señor ministro, y la realidad de las comunidades litorales es realmente crítica (Colombia tiene demasiado ambientalista radical con intereses detrás de contratos de consultoría conservacionista.

Si estos fuesen honestos, se enfocarían más en el Cerrejón, río Bogotá, o minería ilegal entre otros, en vez de afectar la subsistencia de las comunidades más desfavorecidas, vulnerables y abandonadas por el Estado, a las cuales vuelven ilegales aun pescando con artes permitidas).

El Minambiente, con estas medidas apresuradas y sin soporte técnico adecuado, sigue demostrando su desconocimiento de la situación del sector pesquero artesanal colombiano, su sistema de pesca y la crítica realidad de las comunidades litorales y sus necesidades.

Con estas decisiones parcializadas y sin justificación científica seria, el Miniambiente demuestra no tener idea de cómo se realiza la pesca, la cual imposibilita a los pescadores saber qué especie se pescará en sus artes legales, tanto de mallas como anzuelos legales.

Este decreto es un saludo a la bandera, dirigido más bien a sentar bases para que ambientalistas radicales con intereses ocultos, realicen contratos sin tener en cuenta la realidad pesquera y necesidades de la gente, lo cual genera descontento e inestabilidad social con consecuencias.

Fenalpesca reitera sus apreciaciones, observaciones y recomendaciones para evitar descontento e inestabilidad, pues beneficiar a ambientalistas radicales que se cuelgan medallas por conseguir prohibiciones para captar recursos de entidades conservacionistas no es el camino.

Es grave la desorientación causada al presidente y al señor ministro, los cuales evidentemente han sido abusados en su buena fe, pues de conocer realmente la realidad y la manipulación del tema, no hubiesen permitido tal agravio a un sector que clama por su ayuda.

En definitiva, este decreto no contribuye a reducir las capturas de estas especies y sí afecta la soberanía alimentaria del país y la seguridad alimentaria de comunidades volviéndolas ilegales; con este tipo de actuaciones, poco a poco se desplazan del mar a pescadores hacia la siembra de coca, pues con esta, consiguen ingresos hasta cuando la reemplazan, en cambio en la pesca, siendo un trabajo duro y peligroso, lo único que consiguen es ser estigmatizados e ilegalizados por un conservacionismo no sustentado apoyado en medios parcializados.

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