“Sin territorio, los emberá no existirían, serían como un niño sin mamá: no vivirían”. Esta frase salió de una conversación que tuve hace más de un año con uno de los líderes más destacados de la comunidad de Alto Guayabal al preguntarle el porqué de la lucha que durante décadas han llevado a cabo los indígenas de esta olvidada región del país.
Esta población que ha construido su comunidad alrededor al río Jiguamiandó, un afluente del Atrato, ha visto cómo sus territorios han sido disputados por diferentes actores armados que buscan apoderarse de sus riquezas naturales y de sus conexiones geoestratégicas con la costa Caribe y el Océano Pacífico.
Las guerrillas, los paramilitares y las grandes multinacionales han intentado apoderarse del territorio generando olas de violencia, cuyo punto máximo se identifica en 1997 con la Operación Septiembre Negro, la cual fue encabezada por las AUC y las altas cúpulas militares de la Brigada XVII, de la que fuera miembro el ya condenado Rito Alejo del Río. De esta operación quedaron las masacres, los desaparecidos, las violaciones, los desplazamientos y el despojo de los territorios indígenas, que hoy en día son concesionados a empresas palmeras, plataneras y mineras.
Ahora bien, los acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno suponían un cese en la violencia y el retorno de los indígenas a sus territorios, pero a pesar de la voluntad de paz de la guerrilla y de las esperanzas puestas en el proceso por parte de estas poblaciones, los emberá de la región nuevamente viven en medio de una confrontación armada, ahora entre los grupos paramilitares de las AGC y la guerrilla del ELN, en la que el gobierno nacional está brillando por su ausencia.
Este escenario de guerra que sigue escalando, que parece retomar las antiguas dinámicas de violencia de los noventa, ha dejado a estas comunidades confinadas en su territorio sin la posibilidad de desplazarse a otros lugares y, lo que es mucho peor, sin la oportunidad de ir a sus tierras para cosechar sus alimentos. Esta crisis ha causado la muerte de varios niños y adolescentes por desnutrición y por la imposibilidad de salir a los centros de salud cercanos, al tiempo que los jóvenes y adultos son reclutados por los grupos armados y los líderes son amenazados y asesinados.
Hoy en día, el fantasma de la violencia del noventa se extiende por toda la región, pero a pesar de ello los indígenas emberá siguen en la defensa del territorio, protegiéndolo, nuevamente, de los intereses de los paramilitares, las guerrillas y las multinacionales, resistiendo por su derecho a la vida.
