Helados. Así se encuentran muchos estadounidenses ante los sucesos que han tenido lugar al interior de su país como consecuencia de las políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). El nombre de este organismo, que en inglés significa “hielo”, es el origen de este título, que busca, a través de los hechos, esclarecer los sucesos que hoy tienen a la potencia del norte ad portas de una guerra civil, ya no por la liberación de los esclavos, sino por la lucha contra el abuso y el oprobio.
La política migratoria del ICE, en el segundo mandato del presidente Trump, se ha dirigido principalmente contra los inmigrantes del mal llamado “tercer mundo”: desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia, pasando por África y las naciones pobres de Asia. Para el primer mandatario, estas personas constituyen un fortín de delincuencia común y narcotráfico, y se les atribuyen costumbres descritas como insanas y monstruosas, como el consumo de caninos y felinos domésticos. Este señalamiento fue expresado por el presidente Trump durante un debate presidencial transmitido por la cadena ABC, cuando afirmó: “En Springfield se están comiendo a los perros. La gente que entró se está comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí”. La acusación iba dirigida a inmigrantes haitianos residentes en ese sector, sin evidencia constatada por las autoridades locales, que posteriormente desmintieron la afirmación. Ese fue el pistoletazo de aviso de lo que vendría en poco tiempo.
El 10 de diciembre del año anterior, en Pensilvania, Trump arremetió contra el continente africano y expresó: “¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda? ¿No podemos tener gente de Noruega, Suecia, Dinamarca…, gente amable? Pero siempre traemos gente de Somalia, países que son un desastre, sucios, asquerosos, repugnantes, plagados de delincuencia”. Las palabras se convirtieron en hechos. El 15 de enero de 2026, el gobierno de Estados Unidos suspendió la expedición de visas para 75 países, incluida Colombia. Como era de esperarse, la medida no afecta a suizos, daneses, noruegos o alemanes, ni a otros ciudadanos que comparten las cualidades deseadas por la administración actual: blancos, con dinero y preferiblemente de ojos claros.
Con esta carta verde, el ICE, bajo el mando de su director Gregory Bovino, inició lo que se convertiría en una cacería sin precedentes. En Estados Unidos, como en la mayoría de democracias, para que un agente del Estado con funciones policiales pudiera ingresar a una residencia privada se requería una orden judicial. Esto fue así hasta mayo de 2025, cuando un memorando interno del ICE, conocido recientemente, autorizó a sus agentes a ingresar a viviendas sin orden judicial, ampliando el margen de búsqueda y captura de inmigrantes. En entrevista con CNN, Mark Graber, experto en derecho constitucional y profesor de la Universidad de Maryland, señaló: “La Carta de los Derechos pensábamos que eran las primeras diez enmiendas; con este memorando recién descubierto, supongo que ahora solo nos quedan nueve”. Desde entonces se ha vuelto común ver a estos agentes ingresar y salir de residencias amparados en la autoridad federal.
Feral ha sido la escalada de la violencia. Recientemente se viralizaron imágenes de cinco oficiales del ICE estrellando el rostro de un inmigrante contra el asfalto, mientras cuatro lo inmovilizan y otro le propina rodillazos en el rostro. La indignación crece en un país donde, amparados por la Segunda Enmienda, los ciudadanos están ampliamente armados. Según un artículo de CNN, Estados Unidos es el único país del mundo con más armas que personas: 120 armas por cada 100 habitantes, lo que representa cerca de 393 millones de las 857 millones de armas civiles existentes en el mundo, es decir, el 46 % del arsenal civil global. Un solo disparo contra un miembro del ICE podría encender la mecha de una confrontación interna definitiva.
La línea entre la persecución y el asesinato se rompió con el caso de Silverio Villegas, inmigrante mexicano baleado en Chicago por miembros del ICE. Silverio había emigrado hacía 18 años y era padre de dos hijos, por quienes luchaba por la custodia. Tras dejarlos en la escuela fue perseguido por agentes migratorios; al notar su presencia, huyó. Durante la persecución, su vehículo se estrelló contra la parte trasera de un camión y murió con el cuerpo inerte al volante. Las autoridades sostienen que intentó atropellar a un agente, versión que hasta el momento no cuenta con respaldo audiovisual ni probatorio. Silverio no registraba antecedentes penales.
Las tragedias no discriminan. Esta vez la víctima fue Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, blanca y madre de tres hijos. Los hechos ocurrieron el 7 de enero en East 34th Street y Portland Avenue, en Mineápolis, Minnesota. Tras dejar a uno de sus hijos en la escuela, fue rodeada por agentes del ICE. Aterrorizada, intentó dialogar y expresó su deseo de retirarse. Cuando los agentes intentaron abrir su vehículo, giró el volante en busca de una salida. Jonathan Ross, agente del ICE, abrió fuego. La camioneta avanzó unos metros y se estrelló contra un poste. Según los bomberos de Mineápolis, Renee recibió cuatro impactos de bala. El presidente Trump calificó a la víctima como “irrespetuosa”, mientras el vicepresidente J. D. Vance respaldó al agente, afirmando que gozaba de “inmunidad absoluta”. Desde entonces, la tensión en Minnesota ha escalado con marchas y protestas.
El punto más alto del conflicto llegó con la muerte de Alex Pretti, enfermero de 37 años, durante una protesta contra el ICE en Mineápolis. Pretti intentó defender a una mujer que era reducida violentamente por agentes. Fue rociado con gas pimienta, golpeado y desarmado, pese a portar legalmente un arma que nunca desenfundó. Una vez sometido, recibió múltiples golpes y finalmente un disparo que acabó con su vida. Posteriormente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo calificó como “terrorista doméstico”, a pesar de que videos y testigos contradicen esa versión. Como Silverio y Renee, Alex murió bajo el argumento de la defensa propia del Estado.
Los hechos continúan. En otro caso, Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años, fue retenido a las afueras de su escuela y utilizado para tocar la puerta de su casa con el fin de capturar a su padre, Alexander Conejo, ciudadano ecuatoriano con un proceso de asilo vigente. La superintendente de escuelas públicas de Minnesota, Zena Stenvik, declaró a la BBC: “¿Por qué detienen a un niño de cinco años? No me digan que este niño va a ser clasificado como un criminal violento”. El jefe del ICE, Gregory Bovino, afirmó: “No tengo problemas en hacer de Estados Unidos un lugar más seguro cuando arrestamos a inmigrantes ilegales”. El menor y su padre se encuentran actualmente detenidos en Texas, a la espera de deportación.
Estados Unidos enfrenta hoy no solo una crisis migratoria, sino una crisis de identidad constitucional. Al despojar al “otro” de derechos básicos bajo una retórica de estigmatización, el Estado erosiona las libertades de todos. La historia demuestra que cuando una fuerza estatal actúa por encima de la ley en nombre de la seguridad, nadie está a salvo: ni el enfermero que intenta proteger, ni los padres que dejan a sus hijos en la escuela, ni el niño usado como carnada. El ICE ya no es solo una sigla fría: es el congelamiento de la compasión y del Estado de derecho lo que hoy amenaza a la nación.
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